Taxistas y remiseros se movilizaron a Tribunales contra Uber
Buscan entregar un petitorio a las autoridades con el objetivo de que se mantengan los lineamientos dispuestos por los Juzgados de Faltas en cuanto a multas y sanciones.
En el marco de las acciones que mantienen desde el sector tras el desembarco en el verano de Uber en Mar del Plata, taxistas y remiseros se movilizaron este jueves hasta Tribunales para exigir a la Justicia que se mantengan los lineamientos dispuestos por los Juzgados de Faltas en cuanto a multas y sanciones dispuestas por la nueva ordenanza aprobada por el Concejo una vez que se concretan las apelaciones en el marco de los casos.
La movilización de los trabajadores taxistas y remiseros se produjo en la zona de Tribunales, en Tucumán y Brown, ya que allí le entregaron un petitorio a las autoridades de la Cámara de Apelación.
Concretamente, desde el sector reclaman que la Justicia tenga en cuenta la modificación de la ordenanza aprobada en enero por el Concejo Deliberante en cuanto a las multas y sanciones que se imponen a los conductores de servicios de transporte ilegal, entre los que se incluye a Uber.
Así, buscan que se eviten casos como los ya registrados en los cuales la Justicia dejó sin efectivo algunas resoluciones tomadas por la Justicia de Faltas al momento de que se elevan apelaciones a los juzgados correccionales.
Cabe recordar que en enero pasado, ante la llegada de Uber a Mar del Plata, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza que endureció las multas a aplicar al transporte ilegal en Mar del Plata, entre los que está incluido Uber por no contar con habilitación.
Una las características centrales que presentó la modificación de la ordenanza es la descripción que le da a los servicios de transporte que para funcionar deben contar con habilitación municipal, algo que hasta el momento no tiene Uber en Mar del Plata.
Así describe al servicio de transporte que comprende la ordenanza como “la modalidad de taxi, remise, transporte escolar, servicio de excursión, auto rural, transporte privado de personas, transporte entre dos puntos fijos contratado a través de una plataforma y/o aplicación tecnológica y/o digital, utilizando un dispositivo móvil y un sistema de posicionamiento global, y todo otro servicio cuya organización y autorización compete en forma exclusiva a la Municipalidad, cualquiera fuere la modalidad y/o medio de pago”.
Otro de los puntos clave es que se aumentaron las multas a aplicar en caso de detectar algún servicio de transporte sin la autorización municipal correspondiente. En detalle establece que “la sola prestación del servicio de transporte de personas con vehículo sin habilitación municipal, constatada por la autoridad de aplicación, dará lugar al secuestro del vehículo y para su conductor la imposición de una multa graduable entre 10 y 50 sueldos mínimos del personal municipal”. Hasta el momento esa escala en la ordenanza vigente iba de entre 4 a 20 sueldos mínimos.
También se aumentó “la inhabilitación para conducir automotores” por el plazo de ciento 180 días hábiles administrativos a partir de la fecha en que la sentencia quede firme y consentida. Hasta ahora ese plazo era de 30 días.
Asimismo, se incrementaron las multas para los casos en que se produzca reincidencia. La multa es comprendida entre 30 y 60 sueldos mínimos del personal municipal, cuando con la actual ordenanza vigente es de 5 y 30 sueldos mínimos. Y para estos casos prevé que la inhabilitación para conducir sea por el plazo 360 días hábiles, cuando hasta ahora era de 45.
Otro de los puntos introducidos es que, constatada la infracción, “será infraccionado, con la misma multa allí prevista, quien resulte ser el titular registral del vehículo, en el supuesto caso de no haber coincidencia de su identidad con la del conductor”.
