Toledo: operativo con Infantería, rechazo a la reincorporación y una nueva audiencia
Un oficial de Justicia fue con la Policía hasta la planta procesadora de aves para cumplir la orden judicial de reinstalar en sus puestos a seis trabajadores despedidos hace 14 años.
El operativo se produjo el miércoles pasado a las 10.30 en la planta procesadora de aves que tiene la firma Toledo en las calles 5 entre 6 y 8 del Parque Industrial de Mar del Plata. Lo encabezó un oficial de Justicia con un patrullero de la comisaría octava y cuatro efectivos del cuerpo de Infantería. Del lado de afuera de la reja, junto a ellos, esperaban los seis trabajadores despedidos hace 14 años de la empresa y sus dos abogados. Del lado de adentro, sin abrir la reja, se presentó el gerente de la planta.
El objetivo de ese operativo era reinsertar en sus puestos a los trabajadores, tal como ordenó la Justicia tras un extenso proceso. Pero una vez más la empresa se negó a hacerlo y no les permitió el paso ni a ellos ni a los policías ni al oficial de Justicia. Y pese a que se había emitido una orden de llevar adelante un allanamiento en caso de oposición, esa opción terminó por ser descartada ante la falta de una habilitación específica en la resolución para la intervención de un cerrajero. Como contrapartida, se dispuso una nueva audiencia de conciliación, programada para este miércoles.
La inusual situación que se vivió la semana pasada en la planta que la empresa Toledo tiene en el Parque Industrial de Mar del Plata se produjo luego de que hace algunas semanas el Tribunal de Trabajo N°3 ordenara la ejecución de la reincoporación de los seis trabajadores que fueron despedidos en 2008 y dispusiera que, frente a una posible negativa de la firma y en caso de ser necesario, se pidiera el apoyo de la Policía y se lleve a cabo un allanamiento para concretar la decisión judicial dictada hace ya cuatro años.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir Qué digital en base a la documentación oficial incorporada en la causa, una vez que pasadas las 10.30 del miércoles pasado el oficial de Justicia llegó a la planta con los trabajadores despedidos y sus abogados en primer lugar -tras la primera recepción a cargo de personal de seguridad de la plata- se le leyó al gerente la orden judicial y se le entregó una copia. El hombre manifestó que debía consultar cómo actuar ante sus superiores y el departamento legal y se dirigió al interior de la planta. En ese momento fue cuando llegó el patrullero y el grupo de cuatro efectivos de Infantería.
A los 20 minutos, el encargado -siempre detrás de la reja- anunció que no permitiría el acceso de los trabajadores, de acuerdo a las órdenes recibidas. Y ante la insistencia del oficial de Justicia volvió a consultar a sus superiores, quienes le ratificaron la decisión de incumplir la decisión judicial.
En ese contexto, y pese al allanamiento que se había dispuesto para una postura de ese tipo, el oficial de Justicia resolvió dar por terminado el operativo al entender que no contaba con las facultades necesarias para hacer intervenir a un cerrajero o violentar la cerradura debido a que ello no figuraba en la orden de allanamiento.
Pasada esa situación, el abogado de los trabajadores, Julio Hikkilo, formalizó una presentación ante el Tribunal de Trabajo N°3 en el que expuso “la desobediencia a la orden judicial” y afirmó que ello “constituye un ilícito penal que además pone en jaque al estado de derecho y al sistema democrático, que no debe ser tolerado”.
En ese contexto, el abogado pidió que se aumente la multa a imponer a la empresa por cada día de incumplimiento a $50 mil, que se emita una nueva orden en la que se faculte a la intervención de un cerrajero o bien violentar la cerradura en caso de resistencia y que se convoque a una audiencia de conciliación “que ponga fin a este largo y desgastante proceso”.
Finalmente, esa última opción fue la ordenada por los jueces Cecilia Bártoli y José María Casas, y convocaron a las partes para encontrarse este miércoles al mediodía.
EL CONFLICTO
Los despidos se produjeron en abril de 2008 cuando los trabajadores se desprendieron del Sindicato de Empleados de Comercio y constituyeron una nueva organización -el Sindicato de los Trabajadores de Plantas Faenadores y Procesados de Aves y Afines- para reclamar mejores condiciones laborales y salariales.
En 2018, a diez años del conflicto, el Tribunal de Trabajo N°3 ordenó la reincorporación de los seis trabajadores en el marco de una causa con un largo historial de idas y vueltas, que llegó hasta la intervención de la Suprema Corte que en 2012 hizo lugar al reclamo de los trabajadores y mandó a dictar un nuevo pronunciamiento a cargo de otros jueces.
Así, en 2018, los jueces resolvieron hacer lugar a la acción de amparo en favor de seis trabajadores y condenaron a Supermercados Toledo SA “a reinstalar a los trabajadores dentro de las 48 horas de notificada la presente, momento a partir del cual comenzarán a devengarse los salarios correspondientes en la misma categoría que detentó cada actor desde que se perfeccionó el despido”. Asimismo, fijaron que en caso de incumplimiento se aplicaría una sanción de mil pesos diarios.
