Trabajadores callejeros: acusan “discriminación” del gobierno
La Casa del Trabajador cuestionó las iniciativas dadas a conocer por el Municipio para regular a trapitos y choripaneros. “Posibilitar la resocialización e inserción laboral debería ser una política de seguridad”, señalaron.
Distintas propuestas para la regulación de trabajadores callejeros presentadas públicamente en los últimos días por el gobierno de Carlos Arroyo llevaron a la asociación civil Casa del Trabajador a acusar una “clara discriminación” por parte del Ejecutivo y anunciaron que instrumentan la elaboración de proyectos que buscarán contener a los trabajadores de la vía pública, quienes se desempeñan en diferentes rubros.
En concreto, los abogados de la asociación apuntaron contra dos propuestas que hizo públicas el gobierno. Una de ellas es el proyecto elevado al Concejo Deliberante por medio del cual se busca reglamentar la actividad de los choripaneros. “Se fijan condiciones para poder acceder al permiso de imposible cumplimiento por parte de los trabajadores por el elevado costo económico que deberán afrontar para poder estar en regla”, remarcaron y consideraron que con las exigencias normativas del proyecto “la actividad solo podría ser desarrollada por empresarios”.
Además, los profesionales mostraron su “preocupación” respecto a los objetivos planteados por el gobierno en cuanto a la actividad de los trapitos. “Nos preocupa que se pretenda exigir a los trabajadores un certificado de antecedentes penales para poder trabajar“, señalaron.
“De adoptarse esta medida estaríamos ante una clara discriminación laboral, que afectaría la inserción social y rehabilitación de las personas que hayan tenido un conflicto con la ley penal y conllevaría a aumentar el índice de reincidencia en aquellos que por tal motivo se vean imposibilitados de conseguir un empleo formal e informal“, destacaron.
Asimismo, afirmaron que exigir el certificado de antecedentes penales para poder trabajar es “una nueva forma de estratificación social y constituye un estigma certificado por el propio Estado, que a la persona afectada la inhabilita a en forma perpetua para conseguir un empleo”. Y de esta manera entendieron que “posibilitar la resocialización e inserción laboral debería ser una política de seguridad que contribuiría a prevenir la reincidencia criminal y por lo tanto nuevos delitos“.
PROYECTOS Y REGULACIÓN
En el marco de los cuestionamientos expresados, desde la Casa del Trabajador informaron que en conjunto con el Sindicato de los Trabajadores de la Vía Pública trabajan en la elaboración de dos proyectos de ordenanza tendiente a reconocer y reglamentar la actividad de quienes se desempeñan como cuidadores de vehículos particulares y vendedores de choripanes. “Serán presentadas oportunamente ante el Concejo Deliberante y la opinión pública para su debate”, dijeron.
En este sentido, indicaron que apuntan a los objetivos de “lograr la inclusión social y laboral de las personas que se desempeñan en estas actividades informales, la seguridad ciudadana, el cuidado de la salud pública y la protección de los mismos contra la violencia institucional”.
