Trabajadores de salud municipales: “De 1200, sólo 100 fueron recategorizados”
Desde el gremio Cicop volvieron a apuntar contra la gestión de Guillermo Montenegro y reclaman “que se abra el diálogo”.
El conflicto de las y los trabajadores municipales de salud con el gobierno de Guillermo Montenegro se mantiene y desde la delegación local del gremio Cicop insisten en que “se abra el diálogo” con la gestión a la que acusan de haber concretado sólo 100 de 1.200 recategorizaciones pendientes.
“Necesitamos hechos concretos, no versiones ni solgans“, reza el comunicado dado a conocer esta semana por el gremio en el marco del conflicto que ya data de hace meses y que contó incluso con una respuesta por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), que integra la Junta de Ascensos y Calificaciones, encargada de evaluar las recategorizaciones.
Desde el gremio volvieron a hacer foco en el trabajo llevado adelante por las y los trabajadores durante la pandemia, lo que llevó a una sobreexigencia e incluso a resignar algunas cuestiones laborales como las vacaciones. Todo, con el “agregado” de las recategorizaciones adeudadas que afectan directamente sus salarios percibidos.
“La mayoría de las y los profesionales de la salud tiene licenciatura, especialización y/o jerarquización y eso no se está pagando por lo que cobramos 1, 2 y hasta 3 categorías menos de las que nos corresponde por título y antigüedad, hace ya casi diez años”, plantearon desde el gremio, diferenciándose de la postura del STM, a quien incluso acusan de “falta de transparencia” en torno a las recategorizaciones ya efectuadas.
De la misma manera apuntaron contra la gestión por “no reconocer el derecho constitucional de la medida de fuerza del 18 de agosto“, sobre lo cual aseguran haber cumplido con todo el “procedimiento legal” para llevarla adelante como comunicarla previamente a la Municipalidad y dar intervención al Ministerio de Trabajo.
“El Ejecutivo municipal sigue sin entender que no somos parte del problema, somos parte de la solución”, marcaron desde el gremio y no solo piden que la situación se solucione por las condiciones laborales en sí mismas, sino también para evitar la sangría de profesionales hacia el ámbito privado y mantener la calidad del sector público.
En síntesis, exigen que se abra el diálogo entre las partes para tratar las demandas, que se avance concretamente en las recategorizaciones y que no se los castigue por llevar adelante paros que reconocen como “legítimos”. Con esos puntos como bandera, mantienen el estado de alerta.
