Una asamblea de trabajadores judiciales para pedir el jury a Fernández Garello
Será en el marco del 38° aniversario de la desaparición forzada de Ana María Martínez, caso por el cual también acusan al fiscal general de haber participado.
A la espera de una nueva audiencia para definir si se somete a un jury al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, procesado por crímenes de lesa humanidad, trabajadores judiciales realizarán este miércoles una asamblea para seguir exigiendo que se avance con el proceso y que se lo separe del cargo, y la harán en el marco del 38° aniversario de la desaparición forzada de Ana María Martínez, otro de los casos del que lo acusan familiares y organismos de derechos humanos.
Para el jueves 13 de febrero fue convocado nuevamente y por tercera vez el jurado de enjuiciamiento -conformado por jueces, abogados y legisladores-, que debe definir el inicio o no del jury contra el funcionario, después de dos veces en las que la “protección política” -denunciada por los organismos de derechos humanos- por parte de algunos legisladores que se ausentaron hiciera que se dilatara el proceso e impidiera que se realice la reunión.
Esta vez, a poco más de una semana de la fecha estipulada y luego de advertencias por parte de la Suprema Corte, que preside el jurado, los trabajadores judiciales realizarán una asamblea en el hall del edificio central de Brown y Tucumán desde las 13 con el objetivo de sumar repudios y voces a la dilación del proceso. La fecha elegida, además, es este miércoles 5 de febrero, cuando se cumplirá un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Ana María Martínez.
“Hasta el presente, el respaldo político del que goza Fernández Garello hizo posible que no se integre el jury, dilatando el comienzo del juicio político y permitiendo con ello que aún continúe en su cargo, pese a la gravedad de los delitos que se le imputan. La permanencia de una persona procesada por delitos de lesa humanidad en el Poder Judicial y en un cargo de la relevancia del que detenta Fernández Garell es una afrenta a la democracia y contraría las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el pueblo argentino adoptó como propias”, manifestaron desde la comisión directiva de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Mar del Plata.
Cabe recordar que por la desparición de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), ya recibieron condena los responsables políticos e ideológicos: los jefes del estado mayor de Campo de Mayo, Jorge Norberto Apa y Raúl Pascual Muñoz.
No obstante, la “Comisión de Amigos, Compañeros y Familiares de Ana María Martínez” -conformada en la búsqueda de justicia- reclama que también se impute al fiscal general a quien acusan de haber participado en la desaparición por ser agente en la seccional San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) durante la última dictadura cívico militar.
Cabe recordar que, en paralelo, también la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) avanzó en acusaciones contra el fiscal general, a quien denunció por otros dos hechos. Por un lado, la supuesta participación del exagente en el secuestro de Mario Ramírez Medina, un ciudadano paraguayo, en manos de la Policía Bonaerense, ocurrido el 9 de febrero de 1979 en su casa de Villa Pineral y frente a sus hijos. Ramírez Medina hoy sigue desaparecido y su caso está documentado en por la Conadep. Por otro lado, la supuesta coordinación y ejecución de acciones de espionaje e infiltración sobre una familia de ciudadanos chilenos, ocurrida entre 1978 y 1981.
Sin embargo, mientras tanto, la Justicia avanzó en el procesamiento del fiscal por los secuestros y torturas de Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, militantes del Partido Comunista.
El jurado de enjuiciamiento está encabezado por el presidente de la Suprema Corte, Eduardo Néstor de Lázzari, junto a los conjueces titulares Alicia Racig, Eduardo Carlos Zimmermann, Horacio Hernández, Leandro Adolfo Matilla y Horacio Vero.
Por su parte, los legisladores titulares son los senadores Juan Pablo Allan y Jorge Alberto D’Onofrio, y los diputados Santiago Nardelli, Lisandro Emilio Bonelli y Ricardo Zurro.
Los ausentes en la última audiencia, y a quienes la Comisión Provincial por la Memoria acusa de “proteger” al fiscal general, fueron el diputado Nardelli y el senador Allan –de Cambiemos- y los diputados D’Onofrio y Bonelli -del Frente Renovador.
