Un grupo empresario reabrirá el frigorífico ex-Sadowa y promete generar 300 puestos
El intendente Arroyo destacó que ya fue entregada la habilitación y que abrirá próximamente. En 2011 había sido expropiado y hasta 2018 funcionó bajo una cooperativa.
Después de años de expropiación, gestión de una cooperativa, denuncias cruzadas, fin de la expropiación y entrega a un nuevo grupo empresario, el frigorífico ex-Sadowa volverá a abrir sus puertas “próximamente”. Así lo informó el gobierno municipal luego de que el intendente Carlos Arroyo destacara que ya se le entregó la habilitación correspondiente y que el empresario Eugenio Sangregorio -ahora a cargo de la enorme planta de Constitución al 10.300- promete generar 300 puestos de trabajo.
A través de un comunicado, el intendente confirmó que el frigorífico ex-Sadowa ya tiene habilitación municipal. “Es una gran noticia. Esto es más trabajo directo e indirecto para nuestros vecinos”, consideró.
De acuerdo a lo informado, el área de Inspección General le comunicó al intendente que la empresa Siper, propietaria ahora del frigorífico, ya había cumplimentado todos los trámites requeridos y se le había confirmado la habilitación municipal correspondiente.
Hace unas semanas atrás, el intendente Arroyo había recibido en su despacho al diputado italiano Eugenio Sangregorio, uno de los responsables de la empresa, y allí “se acordó que el Municipio iba a darle las herramientas para que pudieran poner en condiciones el lugar, que necesitaba de obras y varias refacciones”, según remarcó el gobierno y señaló que se comprometió a generar 300 puestos de trabajo.
“Ahora esperamos que el frigorífico vuelva a abrir sus puertas próximamente, generado así un importante aporte a la actividad económica marplatense y habilitando puestos de trabajo para los vecinos. Es una gran noticia para estos tiempos. Con este frigorífico y el que habilitamos hace poco que está ubicado sobre la Autovía 2, se generan más de 600 puestos reales de trabajo”, afirmó Arroyo.
UNA LARGA HISTORIA DE EXPROPIACIÓN, COOPERATIVA Y UN GRUPO EMPRESARIO
La historia cuenta que el grupo Santa Bárbara, dueño en su momento de Sadowa, El Amanecer Lácteos y Silos del Puerto, presentó la quiebra el 1º de julio de 2010. Los trabajadores del frigorífico pasaron cien días dentro de la planta hasta que fueron desalojados y reprimidos. Entonces, armaron una carpa afuera, se enfrentaron con sindicatos y autoridades y empezaron a planear una cooperativa –Cooperativa de Trabajo Frigorífico Recuperar Limitada, Frigore- y a impulsar la expropiación, que finalmente fue aprobada por el Congreso provincial y empezaron a valer a partir del 11 de septiembre de 2011. Casi un año más tarde, llegaría el momento de la primera faena, con 45 animales.
La planta del frigorífico es gigante y el complejo en el que está emplazada mucho más: de acuerdo a la ley de expropiación finalmente caída, son 53 hectáreas en total que comprende el predio de las cuales diez utilizaba la cooperativa y otras 43 habían sido otorgadas al Estado provincial para el desarrollo de planeamiento urbano y viviendas sociales, que nunca llevó a cabo ni proyectó el estado Provincial.
Pasados los cinco años de aprobada la ley de expropiación, y en medio de un conflicto interno de trabajadores que formaban parte de la cooperativa y otros que no, el vencimiento -en agosto de 2016- de los cinco años del plazo establecido por la ley 14.307 para la expropiación de los inmuebles ubicados en la avenida Constitución al 10.300 comenzó a ser un conflicto latente teniendo en cuenta la falta de concreción del proceso por parte de la Provincia.
En es marco, los trabajadores, de la mano de la legisladora provincial Alicia Sánchez -del partido Miles-, impulsaron un proyecto para extender durante cinco años esa ley y así “darle tiempo” al gobierno para que se concreten los pasos legales y pagos necesarios a los empresario a los cuales se les expropió la planta. De esa manera, en abril de 2016 el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Pero todo ello quedaría sin efecto al momento de llegar a la Cámara de Senadores donde concretar la prórroga de la expropiación fue descartado de plano por Cambiemos, con el apoyo del Frente Renovador y del bloque peronista.
Así, en julio de 2016 el Senado lo frenó el proyecto bajo el objetivo de que se respeten los derechos de propiedad de un grupo inversor privado, Siper SA, -del empresario Sangregorio-, que adquirió la empresa en el marco del remate judicial.
“A él lo que le interesan son las tierras, las 53 hectáreas que tenemos y que están en un punto estratégico, tan cerca del aeropuerto de Mar del Plata”, acusaron desde la cooperativa y sumaron: “Somos 96 familias, tenemos todo al día y somos muy cuidadosos. Vamos a resistir porque esto ya sabemos cómo es: viene un empresario, explota un año la fábrica y se va, después nos quedamos sin trabajo. Ya nos ha pasado con Sadowa, con San Telmo, todos los empresarios se llevaron la plata y la empresa quebró”.
Desde el otro lado, los argumentos de la Provincia y del oficialismo eran bien distintos: que la Asesoría General de Gobierno planteó que la Provincia no podía realizar la expropiación, que en caso contrario debería abonar una demanda por $370 millones, que la cantidad de trabajadores beneficiados era muy baja y que el nivel de actividad era cada vez menor. En ese sentido, la empresa, en el escrito de tres páginas presentado ante el Senado, manifestó su “compromiso” de hacerse cargo del frigorífico además de darle continuidad a los trabajadores que hasta el momento se desempeñaban y de ampliar los puestos de trabajo a 200 en el plazo de un año.
Otro de los puntos de los cuales se sostuvo el gobierno provincial al avalar que Siper se haga cargo del lugar y que no siga la cooperativa fue que el grupo empresario apelaría a una demanda por unos $370 millones que incluye un retroactivo por no haber podido explotar en lugar en los últimos cinco años. “Por cómo está planteada la situación, la Provincia perdería”, aseguraron. Y por otro lado, el oficialismo se afirmó en dos acusaciones que, mientras tanto, eran negadas por los integrantes de la cooperativa Frigore: que en la cooperativa empezaron desempeñándose unas 80 personas y en ese entonces era 16 y que el nivel de actividad de la planta eras “cada vez menor”.
La falta de garantías sobre la continuidad del frigorífico en el predio de Constitución al 10.300 era uno de los puntos más remarcados por los trabajadores desde que se frenó la expropiación. Y principalmente denunciaban la intención de Siper SA y San Gregorio de desarrollar un country en el lugar. Mientras tanto, desde la Provincia aseguraban que esa posibilidad en ningún momento había sido contemplada al rechazar la expropiación. Otro de los puntos en los que reparaban desde la cooperativa tenía que ver con el mínimo valor que pagó Siper por quedarse con el lugar y todo lo que les costó a ellos ponerlo en condiciones para volver a funcionar. Es que en su momento el edificio de Constitución al 10.300 fue valuado en $41 millones y rematado a favor de Siper en $6 millones.
En el medio, una interna entre dos sectores de trabajadores quedó expuesta y un grupo de extrabajadores denunciaron que la situación de la cooperativa era irregular.
Lo cierto es que en medio de los reclamos desde los diversos sectores y el conflicto, la cooperativa fue recibiendo el apoyo de diversos sectores políticos de Mar del Plata, desde el intendente Carlos Arroyo hasta de la oposición. Sin embargo, con el paso de los meses, el tema fue diluyéndose de la agenda pública. Sólo hacia agosto del año siguiente, en 2017, se difundió que la cooperativa había sido visitada por candidatos y dirigentes de Unidad Ciudadana.
Pero finalmente, en enero de 2018, a través del Boletín Oficial se conoció que el Instituto de Asociativismo y la Economía Social (Inaes) dispuso notificar a la cooperativa Frigore “la suspensión de la operatoria prestada por la entidad” a partir del inicio de actuaciones sumariales.
