Una nueva campaña por la expropiación de la Casita Azul

Fue iniciada por la Mesa contra la Trata ante la falta de avances por parte de la Provincia en convertir el prostíbulo en una "Casa de Memoria y Lucha".

Con el objetivo de volver a advertir que en abril de 2019 la ley provincial que dispuso la expropiación de la Casita Azul –el histórico prostíbulo de Mar del Plata ubicado en 20 de Septiembre 57 que fue clausurado hace años- puede caer en abstracto a partir de la falta de avances del Estado bonaerense en el trámite que implica el pago a sus propietarios y para ello la realización de una nueva tasación del inmueble, la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas lanzó una campaña con la consigna #ExpropiemosCasitaAzul mientras que para este lunes está previsto que se realice un acto frente al inmueble.

La campaña #ExpropiemosCasitaAzul lanzada a través de las redes sociales busca “visibilizar la importancia de la expropiación del exprostíbulo marplatense con la finalidad de crear allí un Centro de Memoria y Lucha contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual”, según explicaron desde la Mesa Interinstitucional, desde donde hace años se impulsa la expropiación y reclaman que el gobierno provincial avance con los trámites necesarios antes de que se cumplan los plazos estipulados.

Mientras tanto, la Mesa Interinstitucional contra la Trata y el Movimiento de Mujeres y Diversidad convocaron a un acto para conmemorar el Día contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. La concentración será este lunes frente al ex prostíbulo, donde “se hará eje en la importancia de avanzar en la expropiación del inmueble que supo ser lugar de explotación de decenas de mujeres”.

Hace meses desde diversos sectores vienen alertando por la posibilidad de que la ley de expropiación caiga en abstracto y el proceso no llegue a concretarse. Es que el plazo para ello es abril de 2019. Recientemente, un proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados bonaerense en busca de que se prorrogue por tres años la vigencia de la ley de expropiación.

EL CAMINO DE UNA EXPROPIACIÓN A MEDIAS

El proyecto para expropiar la Casita Azul fue presentado por los diputados marplatenses Pablo Farías (GEN) y Fernanda Raverta (Frente para la Victoria) con el impulso de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas. Fue elevado tras distintos debates promovidos desde el 2009 por una serie de denuncias presentadas por distintas organizaciones sociales que motivaron allanamientos en el lugar, en los que se encontró a una veintena de mujeres dominicanas y paraguayas que eran traídas a Mar del Plata a través de engaños para ser prostituidas. En 2010, el lugar quedó clausurado definitivamente.

La causa judicial llegó a un juicio abreviado en el 2012. El Tribunal Oral Federal decidió condenar a cuatro años de prisión a Graciela del Valle Carabajal, Eduardo Adolfo Muelas y Marcelo Luciano Muelas, por “trata de personas agravada, explotación económica de la prostitución y administración de casa de prostitución”.

Con el tiempo, el proyecto de expropiación avanzó en la Legislatura bonaerense, en abril del 2014 se convirtió en ley y luego fue promulgada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por entonces a cargo de Daniel Scioli. Sin embargo, uno de los puntos más sobresalientes del proyecto implicaba que “el bien junto a sus instalaciones serán transferidos al dominio de la Municipalidad de General Pueyrredon, para ser afectados al funcionamiento del Centro Marplatense de la Memoria y lucha contra el delito de trata de personas”.

Ese punto no avanzó ni en el gobierno anterior ni en el actual. Es que para que el Municipio tome posesión del inmueble, primero la Provincia debe hacerse cargo del pago de un dinero a los antiguos dueños, el cual estaría afectado por las deudas que presentaba la propiedad.

En octubre de 2015, el lugar fue tomado por una familia, y luego de haberlos retirado se sucedieron numerosos pedidos de informes legislativos tanto a nivel local como provincial con el objetivo de que avance el trámite de la reclamada expropiación. Incluso durante la última campaña electoral local candidatos a concejales debatieron en la vereda del inmueble acerca de la acciones a realizar respecto a la trata de personas.

Lo cierto es que el actual estado de abandono del lugar significa un problema para el barrio donde se emplaza, dado que está en pésimas condiciones sanitarias. Además, a fines de 2017, ante el intento de venta por parte de una inmobiliaria local, la Mesa llevó adelante una acción frente al inmueble en la que se colocó un letrero que aclara que el lugar “no se vende”.

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