Una segunda iniciativa ya había proyectado un “polo” agroecológico en El Marquesado
Un proyecto similar al del MTE había sido presentado meses atrás ante las autoridades de la Administración de Bienes del Estado para el terreno ubicado sobre la Ruta 11.
En paralelo a la cesión de tierras costeras de El Marquesado al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) para el desarrollo de un proyecto agroecológico, un grupo de vecinos dio a conocer que también había presentado una iniciativa muy similar ante el Estado Nacional para hacerse de la custodia de las tierras de la Unidad Turística Chapadmalal.
Mientras a nivel político desde Juntos sostienen un rechazo coordinado y coincidente con un sector vecinal que se opone al comodato entre el MTE y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), también se conoció que el predio de unas 140 hectáreas estaba en la mira hace tiempo por otros sectores y para fines similares: la utilización de la tierra con fines productivos en términos de sustentabilidad.
Según el documento al que tuvo acceso Qué digital, un grupo de vecinos, fomentistas y profesionales denominado “Biopolo” había formalizado ante la AABE un pedido para obtener un permiso de uso, tener bajo custodia el terreno, realizar diversas actividades productivas y ofrecer como contraprestación el abastecimiento alimenticio a distintos establecimientos estatales.
Según señalan en el proyecto, “Biopolo” está conformado por productoras y productores agroecológicos familiares de productos regionales tales como carne y lana ovina, leche bovina, cereales, hortalizas, miel y subproductos, con integrantes -trabajadores, fomentistas y profesionales- de General Pueyrredon y General Alvarado, en articulación con vecinos de localidades vecinas, pobladores locales, universidades, el Instituto de Tecnología Agropecuaria y la Defensoría del Pueblo, entre otros.
“Tenemos la intención de crear en Chapadmalal, en un bien inmueble del Estado Nacional, un Polo Productivo de Diversidad Biológica y Cultural, consistente en un sistema integral de regeneración y potenciación de la biodiversidad”, aseguraban en la introducción del documento final del proyecto redactado en abril de 2022.
Entre sus intenciones, describen que buscaban incorporar a la economía local “materias primas y productos elaborados, generando alimentos de alto valor nutricional, trabajo genuino y de calidad para las distintas edades e incluyendo a personas que han quedado excluidas del circuito del trabajo formal”.
Por ejemplo, además de apuntar a procesos agrícola-ganaderos y forestales, este proyecto también incluía una preocupación de los vecinos de la zona manifestada también al MTE, como lo que sucederá con la cuestionada red eléctrica de la zona y anticipaban la intención de buscar fuentes de energías renovables para abastecerse.
“El proyecto continúa creciendo por las tramas sociales que lo integran, por la convicción que tenemos de su necesariedad, pero no logra lo fundamental para dar frutos, para generar abundancia y oportunidades, para alcanzar certeza y confianza, tranquilidad y alegría: el acceso a la tierra”, lamentaban al hacer el pedido de uso.
De todos modos, en cuanto al predio de 147 hectáreas, describían que además de un cerco perimetral en mal estado, el terreno no cuenta con infraestructura para distintas producciones y enumeraron la necesidad de contar con “galpones, corrales, molinos de agua, viviendas, accesos físicos como caminos, refuerzo de redes eléctricas existentes, y diseño sustentable de cloacas”.
Por otro lado, el proyecto también se proponía la relocalización de pequeños productores “desplazados” por el avance de la urbanización, fomentar el mercado interno de materias primas de base agroecológica e impulsar una “cultura de cuidado del ambiente” con la intervención de distintas instituciones estatales y educativas.
Si bien en las últimas horas tomó trascendencia y todas las miradas se centraron en esas tierras ubicadas en El Marquesado fue el 16 de febrero cuando la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) otorgó para la custodia y explotación agroecológica, finalmente al MTE, las alrededor de 140 hectáreas ubicados en el kilómetro 553 de la Ruta 11.
El comodato -por un plazo de seis meses con la posibilidad de prorrogarse por otros tres a la espera de avanzar en gestiones para el otorgamiento un “permiso de uso precario y gratuito”- está firmado en favor de la Asociación Civil Tercer Tiempo, una escuela de fútbol y huerta comunitaria conformada por integrantes del MTE y está fundamentado en la “preocupación por los numerosos hechos de intrusión y toma de terrenos que se dan en la zona“, argumentando que con el desarrollo de esta iniciativa el predio tendrá una custodia además de una puesta en valor.
Tal como publicó este medio, actualmente desde la organización buscan realizar estudios del suelo para presentar un proyecto final con certezas sobre las unidades productivas a desarrollar en el lugar, con la proyección de que 100 familias sean las que se encarguen de trabajar los 1.396,983 metros cuadrados.
