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27/02/2022

VIH: un proyecto de ley para ampliar derechos y sumar una respuesta médica integral

Desde Mar del Plata, la Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA mostró su apoyo al proyecto que acaba de perder estado parlamentario aunque repararon en que “se han eliminado poblaciones claves”.

VIH: un proyecto de ley para ampliar derechos y sumar una respuesta médica integral
(Fotos: Qué digital)

Un proyecto de ley nacional de respuesta integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS) perdió por estos días estado parlamentario ya que las sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno no se llevaron a cabo a lo largo de febrero. En la previa, organizaciones y redes de personas viviendo con VIH se movilizaron al Congreso nacional en reclamo a la urgente sanción de esta nueva ley que propone una ampliación de derechos con perspectiva de género. A nivel local, desde la Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA aseguran que apoyan el proyecto -del cual participaron en su construcción- que propone, entre otras medidas, la eliminación de los test para acceder a un puesto laboral, aunque sí exponen ciertas discrepancias: “Eliminaron a poblaciones claves”.

La Ley Nacional de Sida N° 23.798, que fue sancionada en 1990 y rige actualmente, solo apunta a proteger los derechos de las personas con VIH, dejando de lado el resto de las infecciones y enfermedades y sin sumar una respuesta médica integral que incluya asistencia interdisciplinar. Aunque la ley garantiza el acceso a información, diagnóstico y tratamiento, en muchos casos no se cumple o resulta insuficiente ya que responde a una asistencia “biomédica” y sanitaria, carente de enfoque social.

El nuevo proyecto de ley que buscaba ser sancionado en sesiones extraordinarias, incluye como primera medida una respuesta integral a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS) y también contempla la investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento y cura de cualquiera de las enfermedades desde una asistencia interdisciplinaria, es decir, social, legal, psicológica, médica y farmacológica. 

Además, el proyecto pretende incluir un mayor grado de educación y sensibilización de la población a través de información veraz y actualizada, así como también reducir y eliminar el estigma, la discriminación y la criminalización que aún padecen todas aquellas personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS.

ACCESO AL MERCADO LABORAL

Uno de los puntos más relevantes del proyecto de ley tiene que ver con garantizar el acceso al mercado laboral independientemente de ser un caso positivo de VIH o no. En el artículo noveno del proyecto, se prohíbe en todos los casos que se realicen pruebas diagnósticas de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras ITS en el marco de los exámenes médicos preocupacionales. En la misma dirección, no se podrá condicionar el ingreso al puesto de trabajo o su permanencia en relación a casos positivos. Las ofertas de puestos de empleo tampoco podrán contener restricciones de ningún tipo por estos motivos. 

Al mercado laboral, también se suman las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, donde tampoco se podrá solicitar pruebas como requisito de ingreso o permanencia. De la misma forma, para el acceso a becas nacionales y/o extranjeras. En todos los casos, ya sea en el ámbito laboral como educativo, quedaría expresamente prohibido -a partir de este proyecto de ley- violar la confidencialidad, los actos de hostigamientos, la discriminación por el estado serológico, los despidos, expulsiones, suspensiones, sanciones, reducciones salariales y cualquier otra forma de discriminación. 

De hecho, si un empleador o empleadora despidiera a una persona por su estado serológico -un acto discriminatorio en razón de salud-, se podría reclamar la indemnización especial prevista por ley o la nulidad del despido, en el marco de sus derechos. 

En ese sentido, el proyecto busca garantizar el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de las personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS o patologías asociadas y derivadas. Además, apunta a la promoción de empleabilidad de las personas con VIH, teniendo en cuenta el estigma y la discriminación laboral que ha sufrido y sufre el colectivo, como así también el acceso a la información en el ámbito laboral, promoviendo el texto de recomendaciones elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En diálogo con Qué digital, Estela Carrizo, la referente de la Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA de Mar del Plata aclaró que uno de los puntos más importantes de este nuevo proyecto es que justamente no se realice el test de VIH a las personas para acceder a un puesto laboral, “una de las principales barreras de discriminación que tenemos en todo el país”. 

“Pero uno de los obstáculos de por qué no sale esta ley tiene que ver con la Unión Industrial Argentina (UIA), que pone trabas para que no salga, en relación a este artículo”, aseguró Carrizo. 

Y explicó que cuando una persona se postula para un puesto de trabajo se le piden una serie de análisis clínicos y, entre ellos, “se le hace el test de VIH sin autorización”. Existe una resolución ministerial en donde se prohíbe hacer el test de VIH para el puesto, aseguró Carrizo, “pero cuando te ponen todo el esquema para hacerlo, los empleadores arman un acuerdo con el laboratorio que aunque no diga VIH igual te lo hacen”, denunció. 

Según la referente, se trata de un problema de doble discriminación porque no solo no explicitan la realización del estudio -algo inconstitucional- y la persona es discriminada, sino que no es contratada laboralmente y tampoco avisada por el posible empleador de que tiene un resultado positivo de VIH. 

MUJERES Y PERSONAS GESTANTES

El tercer capítulo del proyecto está dedicado íntegramente a las mujeres y a toda persona con capacidad de gestar. El propósito fue ganar, a diferencia de la ley vigente, una mayor inclusión y garantía de los derechos con perspectiva de género

Entre los puntos más destacados se encuentra el acceso a la información, que apunta a que toda mujer o persona gestante embarazada con VIH y/o hepatitis B/C y/o con ITS tiene derecho a recibir información sanitaria vinculada a la de su salud y la de su hijo/a, ya sea durante el embarazo como luego del parto. Esta información deberá ser totalmente clara, actualizada y basada en evidencia. 

Además, se le deberá informar a la madre la medicación que tomará la o el recién nacido, sus dosis y los pasos de seguimiento del niño con exposición perinatal al VIH o Hepatitis B o C. También se deberá cumplir con el derecho al acceso gratuito a leche de fórmula durante los primeros 18 meses de vida. 

Con el foco puesto en la base del proyecto -una atención médica integral con enfoque social- se deberá garantizar la atención correspondiente durante el proceso de gestación y el post parto, lo cual incluye diferentes áreas y disciplinas que brinden bienestar a la persona gestante. 

Por último, el artículo decimoséptimo del capítulo hace hincapié en la violencia obstétrica: “El equipo de salud interviniente deberá informar a las mujeres y personas gestantes con VIH y/o hepatitis B/C y/o ITS acerca de las opciones de parto, primando la información sobre el derecho al parto por vía vaginal”, firma el documento oficial. Queda así prohibido promover un parto por cesárea con la “justificación” del estado serológico de la persona gestante, ya que eso constituye una forma clara y contundente de violencia obstétrica. 

“SE HAN ELIMINADO DEL PROYECTO A LAS POBLACIONES CLAVE”

Pese a que el proyecto de ley propone un importante avance en materia de perspectiva de género, desde la Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA de Mar del Plata denunciaron que han quedado eliminadas poblaciones clave que continúan en situaciones marginales y vulnerables. 

“Desde la red de Mar del Plata estamos de acuerdo con esta ley. Somos parte del colectivo de personas con VIH que hemos escrito este proyecto”, enunció Carrizo. Según la referente, el proyecto de ley ha contado con varias modificaciones en los últimos años aunque “desde el 2015 que trabajamos en consenso con la sociedad civil, la comunidad científica y el gobierno, entendiendo la necesidad de actualizar la ley de VIH y reglamentarla”. 

Parte de esas modificaciones, planteó, tienen que ver con que han quedado eliminadas “poblaciones clave”, que son especialmente vulnerables a la transmisión de VIH: “Personas que hacen trabajo sexual, hombres que tienen sexo con otros hombres, personas del colectivo trans y usuarios de drogas”, enumeró la referente de la Red local, aunque estas poblaciones sí se nombran en un pequeño apartado del sexto capítulo del proyecto pero no serían transversales a la ley.

“Notamos que hubo una intención política por parte de un movimiento abolicionista que tuvo acceso al proyecto y sacó a las trabajadoras sexuales para no reconocerles derechos. Sacaron los textos de todas las poblaciones clave y eso es una controversia porque el mismo Ministerio de Salud, la doctora Carla Vizzotti, reconoce las poblaciones clave y habla de las trabajadoras sexuales en sus últimas declaraciones oficiales”, afirmó Carrizo.

Según la líder de la Red, se trata de una puja política-ideológica que derivó en que se saque a estas personas vulnerables de transmisión de VIH. “Nos debilita porque nosotros necesitamos nombrar a las poblaciones clave porque si no son nombradas no están en la agenda”, enfatizó, aunque entendió que “esa discusión tal vez podamos darla cuando tengamos que reglamentar la ley una vez que se apruebe el proyecto”, según afirmó.  

JUBILACIONES Y PENSIONES, LOS CAMBIOS

Aunque las pensiones no contributivas no representan una novedad, dado que ya se aplican en la actualidad, el proyecto de ley se destaca por el objetivo de que las personas con VIH accedan a las jubilaciones, algo que desde la Red en Mar del Plata celebran y consideran como “un beneficio” ya que así “no dependerán de las pensiones contributivas”. 

El proyecto establece, en el marco del artículo 19 de la ley de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que todas las personas con VIH, hepatitis B o C puedan solicitar su jubilación al cumplir los 50 años, acreditando 20 años de aportes computables y 10 años o más del diagnóstico de la enfermedad. En tanto que, a  aquellas personas que no cumplan con los requisitos, se les establecerá un régimen de moratoria. 

En cuanto a las pensiones no contributivas, la ley establece que se asignen a personas en situación de vulnerabilidad, cuyos salarios no superen la suma de dos salarios mínimos, vitales y móviles. Además, la ley aclara que la pensión será compatible con otros beneficios sociales. 

“LA SITUACIÓN HA EMPEORADO”

Según detalló Carrizo en diálogo con Qué digital, la situación en Mar del Plata es un reflejo de lo que ocurre en todo el país: “Se ha retrocedido enormemente respecto a la respuesta en políticas públicas del VIH”. La referente aseguró que la pandemia por covid-19 provocó que muchos centros de salud se vieran afectados, discontinuando el acceso a insumos y tratamiento y, como consecuencia, que muchos marplatenses con VIH abandonaran su tratamiento.

“La falta de acceso a algunas condiciones sociales ha hecho que muchas personas abandonaran su tratamiento. Lo que estamos viendo hoy es el regreso de esas personas y nuevos diagnósticos positivos principalmente entre jóvenes, las principales personas afectadas, algo que realmente nos preocupa”, señaló.

En la ciudad, fueron reiteradas las veces que la Red de Personas Viviendo con VIH denunció la falta de medicamentos, a pesar de las promesas de las autoridades. A esa problemática constante, se suma la situación actual que fue agravada por la pandemia de covid-19, el acceso al sistema de salud y la cantidad de personas jóvenes que se agregan como casos positivos de VIH. 

Desde la Red, Carrizo aseguró haberse contactado con el intendente Guillermo Montenegro, a pedido de que el mandatario firmara el acuerdo de París, “un compromiso de todos los alcaldes del mundo para dar una respuesta al VIH que tiene como meta que en los próximos ocho años podamos dar fin a las muertes por sida”, explicó.  

“Son metas mundiales que tenemos y por eso estamos atrás de esta firma de compromiso de parte de nuestro intendente. Esperamos poder lograrlo”, agregó.

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