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15/05/2022

Villa de Paso: un reclamo de urbanización ante traslados “humillantes”

Un grupo de vecinas y vecinos del asentamiento se opone a una nueva etapa de relocalización que impulsa el gobierno municipal. “Por cómo son los traslados te sentís marginado y estigmatizado”, afirman.

Villa de Paso: un reclamo de urbanización ante traslados “humillantes”
(Fotos: Qué digital)
Joaquín Lledó

Por: Joaquín Lledó

¿Por qué quieren relocalizarnos? ¿Cuál es el problema de que vivamos acá? ¿Por qué nos quieren correr? ¿Lo que en realidad quieren hacer es quitar a los pobres de la vista?  ¿Cómo puede ser que viviendo casi en el macrocentro no tengamos acceso a las cloacas, a la red de agua y de energía? ¿Por qué no se puede urbanizar el barrio?

Todo esos interrogantes funcionaron como disparadores para que vecinos y vecinas de la Villa de Paso se reunieran en asamblea y decidieran expresar su rechazo a la intención del gobierno municipal de retomar, a través de la construcción de viviendas sociales en otros barrios, el proceso de relocalización de las familias iniciado hace casi 20 años: exigen la urbanización del espacio en el que algunos de ellos viven hace cinco décadas.

Cuentan para eso con un respaldo fundamental: desde el año pasado la villa pasó a integrar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que entre otras características -como apuntar a la urbanización- permite la emisión de un Certificado de Vivienda Familiar para solicitar el acceso a servicios como la conexión a la red de agua, cloacas, energía, gas natural o transporte. Incluso, desde el 2021 el Renabap cuenta con lo recaudado por el “Aporte solidario de las grandes fortunas” para llevar adelante urbanizaciones. 

¿Por qué vecinas y vecinos rechazan el traslado? Porque afirman que las etapas anteriores de relocalización del “Plan Dignidad” -lanzado en 2004 por el entonces gobernador Felipe Solá- de “dignidad” tuvieron “muy poco”: las casas a las que fueron trasladados presentan múltiples deficiencias lo cual hizo incluso que algunas personas volvieran a su lugares en el asentamiento.

Y porque además sostienen que desde que se inició ese plan y hasta el momento -en el que se estima que permanecen unas 120 familias- a quienes allí se quedaron los obligaron “a vivir en una situación inhumana” con el impedimento para acceder a los servicios básicos y a realizar mínimas construcciones para mejorar sus casas, e incluso a vivir entre escombros de viviendas derrumbadas que ni les permiten retirar.

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El inicio del traslado de la Villa de Paso -delimitada sobre la avenida Paso y las calles Alsina, Larrea y Lamadrid- se remonta al año 2004 cuando fue anunciado por el “Plan Dignidad”. Su objetivo era la construcción de 547 viviendas para relocalizar a las familias instaladas en el asentamiento que comenzó a formarse en la década de 1940.

Con el paso de los años se concretaron distintas etapas de traslados de familias hacia los barrios Don Emilio, Las Heras, El Martillo y Belisario Roldán, pero nunca se completó.

Los últimos traslados se concretaron en 2015 y ahora, siete años después, el gobierno de Guillermo Montenegro busca retomar ese “Programa de Relocalización del Asentamiento Precario Poblacional Paso” en terrenos de los barrios Las Heras y Virgen de Luján.

La proyección del gobierno se conoció en abril con una presentación realizada ante el Concejo Deliberante con la cual se busca un cambio en el uso de dos terrenos. Es que al tratarse de dos lotes que estaban afectados como plaza pública, el Ejecutivo solicita al Concejo como paso administrativo un cambio de uso de los espacios y, a la vez, los reemplaza por otros dos nuevos con esos fines.

Pero en el medio del tratamiento de ese expediente comenzaron a levantarse dos voces: por un lado la de un grupo de vecinos de Virgen de Luján que se oponen a la desafectación de la plaza y, por otro, la de habitantes de Villa de Paso que afirman que el gobierno municipal nunca los escuchó y que planea retomar el proyecto sin haberlos consultado. Así, ya le hicieron saber su postura: no quieren un nuevo traslado sino la urbanización.

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Silvia es la referente de un espacio vecinal en Villa de Paso y forma parte de la organización Nuestramérica, con trabajo territorial en el barrio.

“Un 90% de los vecinos te aseguro que no se quiere ir, e incluso hay gente a la que le han entregado viviendas y se han vuelto a vivir acá por distintos motivos, gente que se fue y volvió al lugar donde habían tirado su casita”, le dice a Qué digital en una entrevista juntos a otros integrantes del espacio.

La organización social llevó adelante en septiembre del año pasado el relevamiento de viviendas y familias que permanecen en el asentamiento para ser incorporadas al Renabap, que a partir de la ley 27.453 de 2018 declaró de interés público el régimen de integración socio urbana de los barrios populares allí identificados.

Leonel, uno de los militantes que llevó adelante el relevamiento, relata que del trabajo se desprendió la existencia de unas 65 viviendas, con la particularidad de que en la mayoría de ellas vive más de una familia, por lo que se estima que actualmente en la Villa de Paso permanecen entre 80 y 120 familias.

TRASLADOS COMO RECUERDOS “HUMILLANTES”

Silvia dice que ante las distintas etapas de traslados de familias llevadas adelante desde 2004 hasta 2015 nunca quiso ver esos momentos, por cómo se llevaban a sus vecinos, con la presencia incluso de funcionarios políticos y medios de comunicación. “Por cómo son los traslados te sentís humillado, marginado y estigmatizado, todo lo negativo que te puedas imaginar”, define.

A su lado, María Gabriela asiente. Fue la última vecina trasladada en 2015 y hoy su madre sigue viviendo en la villa, como hace 50 años.

La experiencia de ese traslado para María Gabriela se presenta como traumática por cómo lo cuenta, por cada detalle que recuerda, por el dolor que le produce.

A ella junto a sus hijas les fue entregada en 2015 una de doce casas construidas en Belisario Roldán. El traslado, cuenta, se produjo un día bajo una lluvia torrencial que hizo que se mojaran cada una de sus pertenencias: sus colchones, sus frazadas, la heladera. “Dormí mojada esa noche”, todavía recuerda.

Cuando nos dieron las casas no sabés lo que era, el barro que había, cómo llovía, no nos dejaban bajar las cosas, nos metieron en una casa donde había políticos de la Municipalidad y querían que primero nos sacáramos fotos con ellos para darnos las llaves de la casa. Pretendían que me sacara fotos en esas condiciones

Y señala que al llegar se encontraron con doce casas listas y otras doce sin finalizar, que con el cambio de gobierno terminaron por ser usurpadas. “La cuadra de nuestra calle, por ejemplo, no estaba abierta, no tenía luminarias, no teníamos nada, la gente misma abrió la calle”, describe.

Silvia agrega un detalle que genera risas por lo absurdo: “Cuando les entregaron las llaves ellos mismos se dieron cuenta que todos tenían la misma llave, que podían entrar a todas las casas”.

Matías, referente de Nuestramérica, entiende que esas “sacadas” de familias del asentamiento no hicieron otra cosa más que mostrar un “nivel de desprecio total”.

“Para el Estado las personas que vivían en las villas eran cuasi objetos, sujetos a moverlos, sacarlos de un lado y llevarlos a otros y nunca se contó con la participación activa de los vecinos y vecinas de la villa”, plantea al hacer referencia a la hoy ley vigente de integración socio urbana de los barrios populares.

A Silvia se le viene a la mente otro recuerdo de un traslado, en este caso de una mujer que fue enviada al barrio El Martillo y que tenía una hija con problemas de asma y vivía entre la humedad. “A último momento alguien rechazó una de las casas destinadas para ese traslado y la sumaron. A la pobre mujer le hicieron buscar bolsas de consorcio y cargar en ese mismo momento todo e irse de un minuto para el otro. ¿A vos te parece que ese es un trato humano? ¿Una persona que vivió no sé cuántos años con sus hijos acá se puede ir de esa manera?”.

Las dos mujeres también reparan en la informalidad de la entrega de esas viviendas. “No te dan una escritura, nada. Lo único que te daban era un instructivo de cómo manejarte adentro de la casa, de cómo usar el baño”, expone Silvia. “No somos animalitos, sabemos cómo se usa un baño”.

El estado de algunas de las casas entregadas, afirman, muy lejos estuvo de ser el adecuado. 

“Yo siento que nos usaron como si fuéramos cualquier cosa, porque somos pobres. Nos dan una casa y ya está, pero andá a ver las condiciones en las que nos dieron las cosas, vos ponés un ropero en la pared y se pone todo verde, la humedad, hay gente que tuvo que poner membrana porque se le filtra todo el agua. Hoy la gente no quiere vivir en esas condiciones”, señala María Gabriela.

Y Silvia completa: “Esa es la calidad de vida que nos querían dar a nosotros para que estuviéramos mejor que dónde vivíamos”.

OBLIGADOS A VIVIR “EN UNA SITUACIÓN INHUMANA”

Desde que los traslados comenzaron a realizarse en etapas hasta hoy, casi 20 años después, en el asentamiento las y los vecinos siguieron y siguen viviendo en una precariedad de la que paso a paso intentan empezar a salir. Y esa precariedad está vinculada justamente a una decisión del Estado: no permitir ninguna mejora en la zona para evitar que se sumen más familias y desalentar a la permanencia de las que allí viven hace tantos años.

“Nos obligaron a vivir en una situación inhumana”, define Silvia y agrega: “Nos han dejado en medio de la nada, no se puede vivir cómo se está viviendo”.

Así, enumera la presencia de microbasurales, la negativa a permitir la instalación de servicios esenciales y hasta la imposibilidad de intentar quitar escombros de casas que han sido derrumbadas tras procesos de traslados.  Hay vecinos a los que ni les dejan sacar los escombros porque te mandaban a la Policía. Tiraron dos casas acá al lado, dejaron todo acumulado y cuando nosotros quisimos sacar los escombros nos dijeron que no lo tocáramos y si no nos mandaban a la Policía. La cantidad de ratas que había era impresionante”.

La mujer recuerda que en años atrás esa situación había llegado a tal extremo que desde la Municipalidad habían prohibido a las empresas de desagote de pozos concurrir a viviendas del asentamiento.

Con el tiempo, esas medidas se fueron revirtiendo y con la incorporación de la villa al Renabap varios vecinos empezaron los trámites para poder acceder al servicio de energía, por lo que hoy se observan diversas instalaciones eléctricas afuera de las casas. Sin embargo, lamentan que desde hace algunas semanas cuando el gobierno impulsó el proyecto para intentar avanzar con la relocalización la empresa EDEA frenó las habilitaciones.

EL RECHAZO A REPETIR LO VIVIDO

Con todo este panorama a cuestas, vecinos y vecinas organizados en asamblea decidieron hace algunas semanas expresar su rechazo a una futura etapa de traslado impulsada por el gobierno municipal.

“Este proyecto es volver a hacer lo mismo con las mismas prácticas de los últimos 60 años”, define Matías y remarca que en las asambleas vecinales la mayoría dijeron que se quieren quedar ahí y que para ello es necesario avanzar con la urbanización. “Son los que fueron resistiendo o negando a las distintas relocalizaciones a lo largo de los años. Hay gente que vive hace 40 o 50 años en el barrio”, plantea.

Asimismo, cuestiona un argumento oficial basado en una subasta de terrenos que formaron parte de la villa años atrás y que serán rematados próximamente.  “Ahora el argumento que dicen es que con los lotes que se vendan se van a comprar tierras para hacer viviendas. ¿Por qué se va a generar algo que es tan oneroso para el Estado, que le va a salir más caro, en lugar de urbanizar el barrio?”

villa de paso

El dirigente de Nuestramérica repara también en las previsiones de la ley nacional de integración sociourbana que es la que dio lugar al registro de barrios populares y destaca que en su etapa como diputado nacional el actual intendente Guillermo Montenegro votó a favor.

“No puede desconocer su actividad legislativa y pretender relocalizar cuando no hay ningún peligro para las familias en vez de estar pensando en la urbanización del barrio”, sostiene y expone que desde el espacio lo que proponen es que con los fondos que se obtengan en la subasta de lleve adelante la urbanización del barrio. “Hay derechos para quedarse acá, las personas no están planteando nada por fuera de la ley”.

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