Violación de una nena en Tandil: sobreseimiento, reclamo y apelación
En 2016, una menor de 13 años ingresó al Materno Infantil tras haber sido atropellada y denunciar haber sido abusada en una fiesta. Sobreseyeron al único imputado y la familia cuestiona la investigación.
Pasaron más de dos años desde que una nena de 13 años ingresó al Hospital Materno Infantil luego de haber sido atropellada por una camioneta en la Ruta 226 y denunciar haber sido violada por más de una persona en junio de 2016 en una fiesta en una casa quinta de Tandil. Luego de la polémica en torno al caso -que derivó incluso en el pedido de recusación del fiscal a cargo de la investigación por su “parcialidad”- a fines del año pasado sobreseyeron al único imputado -por el delito de estupro- y la familia cuestiona la investigación judicial y el febrero apelará la resolución.
Con fecha del 27 de diciembre de 2018, el juez de Garantías José Alberto Moragas resolvió luego de más de dos años de investigación -a cargo del fiscal Gustavo Morey– no hacer lugar al pedido de elevación a juicio en relación al único acusado, Lucas Gómez (de 23 años) y sobreseerlo totalmente por el delito de estrupro, contemplado en el artículo 119 del Código Penal.
Entre sus argumentos, el juez Moragas ahondó acerca de la falta de evidencia para acreditar la acusación fiscal teniendo en cuenta que la menor nunca pudo prestar declaración, según expuso, “sin que luzcan en las actuaciones algún tipo de justificación o propuesta” del particular damnificado para subsanar el hecho de que la niña no estaba en condiciones de relatar lo sucedido. “Produce desazón la ausencia de un elemento vital en la búsqueda de la verdad, esto es la declaración de la menor, la que por diversas situaciones no ha podido formalizarse”, enfatizó.
De todas formas, el abogado que representa a la familia de la menor, Maximiliano Orsini, cuestionó este punto teniendo en cuenta que “los peritos actuantes siempre afirmaron que la menor no estaba en condiciones de declarar, claramente al solo efecto de silenciarla”. Cabe recordar que en su momento, la familia de la nena había denunciado que el funcionario judicial a cargo de la investigación les había, asegurado, respecto al delito que “si fue el noviecito no puedo hacer nada”, a pesar de que los médicos y las pericias confirmaron que la menor presentaba lesiones compatibles con un abuso.
Es que, para el letrado el problema de fondo siempre fue la actuación del fiscal Morey, quien imputó a una sola persona -Gómez- y pese a que “hubo otro hombre que reconoció (haber tenido) relaciones con la menor, nunca ni siquiera fue imputado”. “El fiscal elevó a juicio a la causa por estupro porque dijo que la menor ya tenía experiencia sexual, lo que nunca acreditó de dónde lo saco”, sumó respecto al accionar de Morey, a quien recusó sin éxito por su “parcialidad” en relación a lo sucedido.
En cuanto a la resolución de diciembre de 2018 de la Justicia de Garantías, para el magistrado interviniente “al no haber acreditado la instrucción la tesis sustentada en su requerimiento, corresponde hacer lugar al sobreseimiento de Lucas Gómez”, según fuera solicitado por la defensa del imputado en su momento. De esta forma, y a casi tres años del hecho, por el hecho no hay responsables ni hubo condena.
Entre sus argumentos, el juez advirtió que la simple relación sexual libre consentida con una persona mayor de de 12 años -ahora de 13- en nuestro país “nunca fue delito” y también habló de que las pruebas colectadas no permitieron acreditar que la víctima tuviera una “inmadurez sexual”. Además, para Moragas resultan relevantes dos cuestiones: que la “apariencia física de la nombrada permitía preasumir que se trataba de una adolescente que superaba los 16 años” y que no se logró acreditar que el imputado conociera fehacientemente la edad de la víctima.
Ante este escenario, la familia de la víctima le confirmó a QUÉ Digital que apelará la resolución en febrero -luego de la feria- y según expusieron insistirán en exponer su disconformidad con el accionar de la justicia. “Recusamos al fiscal por inoperancia y tardanza en allanar el lugar donde abusaron de la menor, donde se hizo la fiesta, eso entre otras varias irregularidades de procedimiento por parte de la fiscalía actuante”, recordaron.
