Un proyecto de ley que se encuentra presentado en la Cámara de Diputados bonaerense y que espera por el inicio de su tratamiento en comisiones busca que se prorrogue por tres años la vigencia de la ley de expropiación de la Casita Azul, el histórico prostíbulo de Mar del Plata ubicado en 20 de Septiembre 57 que fue clausurado hace años. Es que faltan ocho meses para que la norma caiga en abstracto si el Ejecutivo provincial no finaliza el trámite de expropiación, que implica el pago a sus propietarios y para ello la realización de una nueva tasación del inmueble.
El proyecto fue presentado en junio pasado por la diputada Lucía Portos de Unidad Ciudadana y todavía espera que comience a ser tratado en las comisiones. Concretamente, establece que se prorrogue por el término de tres años contados a partir del vencimiento la vigencia de la ley 14.592 que establece la expropiación de inmueble para ser transferido al dominio de la Municipalidad de General Pueyrredon y ser afectado al funcionamiento del “Centro Marplatense de la Memoria y Lucha contra el Delito de Trata de Personas”.
El expediente remarca que desde la sanción de la ley en 2014 “el inmueble continua en la etapa inicial de ejecución”. En detalle, explica que la Fiscalía de Estado, organismo técnico que interviene en el procedimiento, llevó adelante la tasación del bien en marzo de 2015 y que actualmente el expediente se encuentra en la Secretaría de Derechos Humanos con un pedido de actualización del valor del inmueble.
“El obstáculo de la expropiación resulta de índole político administrativo ya que durante todos estos años el Poder Ejecutivo no ha hecho la imputación presupuestaria necesaria para el avance del trámite hacia la etapa de aplicación. Esto es trascendental, ya que sin asignación de fondos no hay expropiación posible”, plantea el proyecto.
En el mismo sentido, remarca que “las dilaciones que presenta el tratamiento del expediente comienzan a ser objeto de preocupación por parte de las organizaciones de Mar del Plata y de quienes integran la Mesa Interinstitucional contra la Trata porque se acerca el plazo para considerar abandonada la expropiación, precisamente el 3 de abril de 2019″.
“Es por ello que consideramos necesario prorrogar los efectos de la ley por tres años más para otorgarle al Poder Ejecutivo un plazo más extendido para asignar los recursos económicos necesarios para efectivizar el trámite”, concluye la iniciativa.