Casita Azul: buscan prorrogar por tres años la ley de expropiación
Se trata de un proyecto de ley que fue presentado en la legislatura provincial, a ocho meses de que la norma pierda vigencia por falta de ejecución.
(Foto: archivo / QUÉ Digital)
Un proyecto de ley que se encuentra presentado en la Cámara de Diputados bonaerense y que espera por el inicio de su tratamiento en comisiones busca que se prorrogue por tres años la vigencia de la ley de expropiación de la Casita Azul, el histórico prostíbulo de Mar del Plata ubicado en 20 de Septiembre 57 que fue clausurado hace años. Es que faltan ocho meses para que la norma caiga en abstracto si el Ejecutivo provincial no finaliza el trámite de expropiación, que implica el pago a sus propietarios y para ello la realización de una nueva tasación del inmueble.
El proyecto fue presentado en junio pasado por la diputada Lucía Portos de Unidad Ciudadana y todavía espera que comience a ser tratado en las comisiones. Concretamente, establece que se prorrogue por el término de tres años contados a partir del vencimiento la vigencia de la ley 14.592 que establece la expropiación de inmueble para ser transferido al dominio de la Municipalidad de General Pueyrredon y ser afectado al funcionamiento del “Centro Marplatense de la Memoria y Lucha contra el Delito de Trata de Personas”.
El expediente remarca que desde la sanción de la ley en 2014 “el inmueble continua en la etapa inicial de ejecución”. En detalle, explica que la Fiscalía de Estado, organismo técnico que interviene en el procedimiento, llevó adelante la tasación del bien en marzo de 2015 y que actualmente el expediente se encuentra en la Secretaría de Derechos Humanos con un pedido de actualización del valor del inmueble.
“El obstáculo de la expropiación resulta de índole político administrativo ya que durante todos estos años el Poder Ejecutivo no ha hecho la imputación presupuestaria necesaria para el avance del trámite hacia la etapa de aplicación. Esto es trascendental, ya que sin asignación de fondos no hay expropiación posible”, plantea el proyecto.
EL CAMINO DE UNA EXPROPIACIÓN A MEDIAS
El proyecto para expropiar la “Casita Azul” fue presentado por los diputados marplatenses Pablo Farías (GEN) y Fernanda Raverta (Frente para la Victoria) con el impulso de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas. Fue elevado tras distintos debates promovidos desde el 2009 por una serie de denuncias presentadas por distintas organizaciones sociales que motivaron allanamientos en el lugar, en los que se encontró a una veintena de mujeres dominicanas y paraguayas que eran traídas a Mar del Plata a través de engaños para ser prostituidas. En 2010, el lugar quedó clausurado definitivamente.
La causa judicial llegó a un juicio abreviado en el 2012. El Tribunal Oral Federal decidió condenar a cuatro años de prisión a Graciela del Valle Carabajal, Eduardo Adolfo Muelas y Marcelo Luciano Muelas, por “trata de personas agravada, explotación económica de la prostitución y administración de casa de prostitución”.
Con el tiempo, el proyecto de expropiación avanzó en la Legislatura bonaerense, en abril del 2014 se convirtió en ley y luego fue promulgada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por entonces a cargo de Daniel Scioli. Sin embargo, uno de los puntos más sobresalientes del proyecto implicaba que “el bien junto a sus instalaciones serán transferidos al dominio de la Municipalidad de General Pueyrredon, para ser afectados al funcionamiento del Centro Marplatense de la Memoria y lucha contra el delito de trata de personas”.
Ese punto no avanzó ni en el gobierno anterior ni en el actual. Es que para que el Municipio tome posesión del inmueble, primero la Provincia debe hacerse cargo del pago de un dinero a los antiguos dueños, el cual estaría afectado por las deudas que presentaba la propiedad.
En octubre de 2015, el lugar fue tomado por una familia, y luego de haberlos retirado se sucedieron numerosos pedidos de informes legislativos tanto a nivel local como provincial con el objetivo de que avance el trámite de la reclamada expropiación. Incluso durante la última campaña electoral local candidatos a concejales debatieron en la vereda del inmueble acerca de la acciones a realizar respecto a la trata de personas.
Lo cierto es que el actual estado de abandono del lugar significa un problema para el barrio donde se emplaza, dado que está en pésimas condiciones sanitarias. Además, a fines de 2017, ante el intento de venta por parte de una inmobiliaria local, la Mesa llevó adelante una acción frente al inmueble en la que se colocó un letrero que aclara que el lugar “no se vende”.
En el mismo sentido, remarca que “las dilaciones que presenta el tratamiento del expediente comienzan a ser objeto de preocupación por parte de las organizaciones de Mar del Plata y de quienes integran la Mesa Interinstitucional contra la Trata porque se acerca el plazo para considerar abandonada la expropiación, precisamente el 3 de abril de 2019″.
“Es por ello que consideramos necesario prorrogar los efectos de la ley por tres años más para otorgarle al Poder Ejecutivo un plazo más extendido para asignar los recursos económicos necesarios para efectivizar el trámite”, concluye la iniciativa.
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