Casita Azul: sin Centro de la Memoria, la pusieron en venta
Pese a la ley de expropiación aprobada en 2014, la Provincia sigue sin asignar el presupuesto para concretarla. Ante la decisión de los dueños del lugar, la diputada Alejandra Martínez presentó un proyecto de resolución y pide respuestas.
Muchas veces, la aprobación y promulgación de leyes de expropiación no terminan de concretarse si en definitiva el Poder Ejecutivo no decide asignar los presupuestos correspondientes para ese fin. Uno de los casos parece ser el de la “Casita Azul” -histórico prostíbulo de Mar del Plata clausurado hace años-, que pese a estar aprobada su expropiación desde 2014 el presupuesto para pagarle a los dueños no llega y ahora decidieron ponerla en venta, con todo lo que eso implica.
Sobre las chapas que cercaron el inmueble, que en más de una oportunidad fue usurpado con el paso del tiempo, apareció en los últimos días un cartel de “venta”. Y ello encendió las alarmas de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas y de algunos legisladores que reaccionaron rápidamente para volver a reclamar que el gobierno provincial cumpla con el proceso de expropiación.
Es preocupante que la “Casita Azul” esté a la venta. Por lo tanto, es preciso que se asigne la partida presupuestaria para que pueda convertirse en un Centro de Memoria y Lucha contra la #Trata pic.twitter.com/f97qCQSX5w
— Alejandra Martinez (@a_martinezmdp) 16 de diciembre de 2017
La semana pasada la diputada marplatense Alejandra Martínez (bloque Convicción Peronista) presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia un proyecto de resolución para manifestar la “profunda preocupación ante la puesta en venta del inmueble donde funcionó el prostíbulo ‘Casita Azul’, oportunamente expropiado para la creación de un Centro de Memoria y Lucha Contra la Trata de Personas“.
Pese a que la legisladora intentó que en la última y escandalosa sesión de la Cámara el expediente se tratara sobre tablas, el pedido no fue acompañado por el oficialismo, según relató en diálogo con QUÉ Digital. De todas maneras, explicó que esta semana intentarán a partir del contacto con diputados de Cambiemos mantener alguna reunión con autoridades del gobierno para exigir, una vez más, que se acelere el proceso y lograr algún tipo de compromiso concreto. Es que, según señaló, no habría impedimentos para que los dueños quieran venderla en caso de que no termine de ejecutarse la expropiación.
“La Casita Azul fue ofrecida a la venta por una inmobiliaria local. Es necesaria la concreción inmediata de la asignación presupuestaria para materializar la expropiación del inmueble y convertirlo en un ámbito de lucha y reflexión contra el flagelo de la trata de personas”, manifestó la diputada a través de las redes sociales.
EL CAMINO DE UNA EXPROPIACIÓN A MEDIAS
El proyecto para expropiar la “Casita Azul” fue presentado por los diputados marplatenses Pablo Farías (GEN) y Fernanda Raverta (Frente para la Victoria) con el impulso de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas. Fue elevado tras distintos debates promovidos desde el 2009 por una serie de denuncias presentadas por distintas organizaciones sociales que motivaron allanamientos en el lugar, en los que se encontró a una veintena de mujeres dominicanas y paraguayas que eran traídas a Mar del Plata a través de engaños para ser prostituidas. En 2010, el lugar quedó clausurado definitivamente.
La causa judicial llegó a un juicio abreviado en el 2012. El Tribunal Oral Federal Nº1 decidió condenar a cuatro años de prisión a Graciela del Valle Carabajal, Eduardo Adolfo Muelas y Marcelo Luciano Muelas, por “trata de personas agravada, explotación económica de la prostitución y administración de casa de prostitución”.
Con el tiempo, el proyecto de expropiación avanzó en la Legislatura bonaerense, en abril del 2014 se convirtió en ley y luego fue promulgada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por entonces a cargo de Daniel Scioli. Sin embargo, uno de los puntos más sobresalientes del proyecto implicaba que “el bien junto a sus instalaciones serán transferidos al dominio de la Municipalidad de General Pueyrredón, para ser afectados al funcionamiento del Centro Marplatense de la Memoria y lucha contra el delito de trata de personas”.
Ese punto no avanzó ni en el gobierno anterior ni en el actual. Es que para que el Municipio tome posesión del inmueble, primero la Provincia debe hacerse cargo del pago de un dinero a los antiguos dueños, el cual estaría afectado por las deudas que presentaba la propiedad.
En octubre de 2015, el lugar fue tomado por una familia, y luego de haberlos retirado se sucedieron numerosos pedidos de informes legislativos tanto a nivel local como provincial con el objetivo de que avance el trámite de la reclamada expropiación. Incluso durante la última campaña electoral local candidatos a concejales debatieron en la vereda del inmueble acerca de la acciones a realizar respecto a la trata de personas.
