El campo de la SIDE: piden el decomiso y tres años de prisión en suspenso para los acusados
Esa fue la solicitud de la fiscalía en el juicio que se le sigue a los hijos de Miguel Save por lavado de dinero obtenido de crímenes de lesa humanidad.
Tres años de prisión en suspenso para los cuatro acusados y el decomiso de los terrenos de Chascomús que fueron comprados a partir de dinero obtenido producto de crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar. Ese fue el pedido realizado este miércoles por la fiscalía en el juicio que se lleva a cabo en Mar del Plata contra los hijos de Miguel Save, quien integró en los años ’70 la banda paramilitar encabezada por Aníbal Gordon al servicio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y falleció en 2006.
A poco más de dos meses de iniciado el juicio en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata este miércoles se iniciaron las jornadas de alegatos que estuvieron a cargo de los representantes del Ministerio Público Fiscal -Juan Pablo Curi, Laura Mazzaferri, Eugenia Montero y Julio Darmandrail- y que continuarán el próximo miércoles 8 de mayo cuando sea el turno de las querellas representadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Unidad de Información Financiera (UIF).
En una extensa exposición, que analizó desde las implicancias el “Plan Cóndor” para ubicar el accionar del fallecido Miguel Save hasta cada una de las operaciones que realizaron sus cuatro hijos para quedarse con los terrenos en cuestión, los fiscales finalmente pidieron que los cuatro acusados -María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save- sean condenados a la pena de tres años de prisión en suspenso, es decir sin restricción de la libertad, por ser considerados coautores del delito de lavado de activos de origen ilícito.
A la hora de realizar el pedido de pena, el fiscal Curi valoró ante el juez Roberto Falcone como atenuantes la colaboración prestada por los acusados durante el proceso, su “predisposición para encontrar salidas alternativas al conflicto y/o la reparación integral del perjuicio” y el buen concepto que expresaron sobre ellos los diversos testigos que pasaron por el juicio. Asimismo, como agravante valoró la gravedad del delito precedente.
“No pretendemos responsabilizar a los hermanos Save por los hechos que podría haber cometido su padre como integrante de la banda de Aníbal Gordon ni como aquellos que llevó adelante esa organización, pero no podemos obviar que las múltiples violaciones de derechos humanos que fueron concretadas por los responsables de la represión clandestina durante la última dictadura no se agotaron en los ataques a la libertad e integridad de las personas sino que otros bienes jurídicos como la propiedad y la fe pública fueron también fueron vulnerados de manera sistemática posibilitando el traspaso de bienes, fraguando o aún simulando transacciones inexistentes”, concluyó el funcionario judicial.
A su vez, los fiscales pidieron el decomiso de los predios de Chascomús y que sean destinados “a fines de Memoria, Verdad y Justicia asociada a la reparación integral en materia de crímenes de lesa humanidad”. Para eso, solicitaron que hasta que la futura sentencia quede firme se entreguen las tierras en custodia a la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.
Los representantes de la fiscalía
Leonardo Miguel Save integró, como parte del terrorismo de Estado, la Triple A, concretamente la organización paramilitar ilegal encabezada por Aníbal Gordon que estaba al servicio de la por entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que funcionaba como patota del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, un taller mecánico alquilado por miembros del organismo de inteligencia que funcionó en el barrio porteño de Flores entre mayo y noviembre de 1976.
Con Save ya fallecido, en febrero sus cuatro hijos empezaron a ser juzgados en Mar del Plata por maniobras de lavado de dinero que, de acuerdo a la acusación, fue obtenido del secuestro por parte de la banda de Gordon de un militante uruguayo que posteriormente fue asesinado y su caso ya fue juzgado como crimen de lesa humanidad.
La operación que se analizó en el juicio se centra en terrenos de Chascomús que fueron comprados en 1976 por Save, con parte de ese dinero, y a los cuales desde 2008 los herederos registraron a su nombre y los siguen administrado hasta la actualidad.
Para el fiscal Curi, esa hipótesis con la que se inició el juicio fue probada. Para eso planteó que los cuatro acusados transfirieron, adquirieron a su nombre y administraron los terrenos del barrio Parque Girado de Chascomús y que, para eso, al menos desde 1999 realizaron una serie de operaciones y actos irregulares a través de los cuales lograron la inscripción como titulares registrables en 2008.
Entre esas maniobras irregulares señaló hasta la existencia poderes de escrituración y boleto de compra venta a nombre de personas inexistentes y reparó en que los cuatro acusados “no podían desconocer la vinculación de su padre con la represión ilegal” y, por ende, el origen de los terrenos al señalar que si bien declararon en la causa que su padre siempre les dijo que eran suyos lo cierto es que “su nombre no figuró en ninguno de los instrumentos” que firmaron con el correr de los años para finalmente quedarse con las tierras después de que Save falleciera en 2006.
En 2020 en el marco de la causa judicial tramitada en el Juzgado Federal de Dolores -que empezó incluso con otras hipótesis luego descartados sobre lo ocurrido en esos terrenos como parte del terrorismo de Estado- los acusados habían ofrecido entregar y donar esas tierras como solución alternativa para el cierre del caso pero la oposición de la fiscalía llevó a que, tras un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones marplatense, finalmente terminara por realizarse el juicio.
EL PLAN CÓNDOR Y LA BANDA DE ANIBAL GORDON
El alegato del Ministerio Público Fiscal tuvo un tramo dedicado a contextualizar el origen del dinero con que el que el campo fue comprado. Para eso la auxiliar fiscal Eugenia Montero repasó los detalles del plan estatal genocida llevado a cabo desde 1976 y el accionar de grupo parapoliciales, inclusive previo al golpe de Estado del 24 de marzo.
Pero la contextualización para llegar a ubicar a Save como integrante de esos grupos parapoliciales llevó a la fiscal a repasar los antecedentes judiciales en los que se juzgó a los responsables del denominado “Plan Cóndor“, la plataforma que estandarizó las prácticas de coordinación represivas en los países de la región e implicó la puesta a disposición de recursos humanos, materiales y técnicos entre las dictaduras cívico militares que por entonces gobernaban en los países de la región con el objetivo de “facilitar la destrucción o eliminación de sus opositores”.
De ese acuerdo, reseñó la fiscal, formaban parte no sólo los presidentes o juntas militares de turno sino también miembros de las fuerzas armadas y organismos de inteligencia que ejecutaron múltiples delitos -secuestros, torturas, asesinatos, atentados, desapariciones, fraguado de documentos, robos y apropiación de menores, entre otros- con Argentina como uno de los países más activos teniendo en cuenta la gran cantidad de personas exiliadas que había recibido.
Ese fue el contexto para situarse en el centro clandestino de detención que funcionó en “Automotores Orletti”, desde mayo a noviembre de 1976, bajo dependencia de la SIDE y donde, planteó la fiscal, era habitual la presencia de las fuerzas militares uruguayas.
Uno de sus objetivos justamente fue Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien fue secuestrado y posteriormente asesinado.
El secuestro se produjo el 26 de septiembre de 1976, cuando agentes uruguayos y argentinos irrumpieron en su casa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y robaron una suma de entre 2 a 8 millones de dólares, correspondientes al partido político, que Mechoso Méndez tenía en su poder.
Cuando los secuestradores conocieron la existencia de ese dinero, fueron hasta su casa, amenazaron a su familia y les robaron una parte de ese dinero. La familia de Mechoso Méndez sobrevivió y fue llevada a Uruguay, pero Alberto -previo paso por Orletti- fue asesinado, introducido en un barril con cal y arrojado al Río de la Plata en la zona de San Fernando. Allí fue encontrado unos meses después, enterrado como NN e identificado en 2009 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La fiscal reseñó que en la sentencia dictada en 1999 por el crimen se señaló que los agentes argentinos que participaron de los operativos fueron los que se desempeñaban en Orletti y que en otra causa luego se sumó el testimonio de un periodista e investigador que aportó una serie de mails intercambiados con un ex agente de la SIDE en el que afirmaba que parte del dinero de aquel secuestro se destinó a la compra de los terrenos en Chascomús.
Como otro indicio la fiscal reparó en la cercanía de las fechas entre el secuestro y robo del dinero, 26 de septiembre de 1976, y un primer boleto de compra venta firmado por los propietarios originales de uno de los terrenos: el 19 de octubre de 1976. Aquella transacción, se escuchó en este juicio, se realizó con dinero en efectivo trasladado en bolsos.
Previamente, en el alegato de la fiscalía se repasó diversa prueba documental que vinculaba directamente a Gordon -fallecido en 1987 tras ser condenado- y Save como agentes inorgánicos de la SIDE, entre ellos documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba) aportados en la causa por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Incluso se leyó un legajo de la Dippba realizado sobre Save que describía que había sido copropietario de una hostería o parador denominado “Águila Negra” sobre la Ruta 2 pero fundamentalmente planteaba que trabajaba para la SIDE para lo cual le habían confeccionado una cédula militar encubierta a nombre de “Carlos Sola”.
En otro de los documentos también apareció que ya para ese momento la Dippba había detectado la operación de la compra de los terrenos de Chascomús y describía que estaba a cargo de personal de la SIDE, entre ellos Save.
El dato de que Save había sido copropietario de una hostería o parador -en paralelo a su trabajo de agente inorgánico de la SIDE- fue remarcado por la fiscal Montero en busca de desacreditar la postura que presenta la defensa de los cuatro hijos de Save: que el dinero para la compra del campo había provenido de la venta de aquel comercio. “Los esfuerzo de la defensa no logran controvertir que con la venta de su parte de esa hostería haya costeado los terrenos”, afirmó.
