Archivos de la dictadura: acusan al gobierno de “obstaculizar el proceso de justicia”
Organismos de derechos humanos cuestionaron el “desmantelamiento” de un área del Ministerio de Defensa enfocada en los archivos de las fuerzas armadas.
Históricamente, la falta de precisiones sobre los crímenes perpetrados por el Estado y civiles cómplices durante la última dictadura cívico militar deviene de una represión que se concretó de manera clandestina e ilegal y, además de los testimonios de sobrevivientes, los archivos de las Fuerzas Armadas son una fuente de evidencias. En ese sentido, el “desmantelamiento” de un área del Ministerio de Defensa enfocada en el acceso a esos archivos fue cuestionada por organismos de derechos humanos y acusaron al ministro Luis Petri de “obstaculizar” el proceso de justicia.
Es que el fuerte ajuste que está realizando la gestión de Milei alcanza a diversas áreas de la administración pública nacional a través de cierres definitivos de dependencias y despidos que complican el funcionamiento de aquellas que siguen en pie. Es en ese marco que en los últimos días desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) alertaron a nivel nacional por el desguace de la política de archivos en torno a las violaciones de derechos humanos perpetradas por parte del Estado.
Específicamente, desde ATE Nacional describieron que entre las áreas vinculadas con mayor cantidad de despidos fueron los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, dependientes de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
En ese sentido, denunciaron que fueron desmantelados junto a los programas a los que pertenecían y que funcionaban a requerimiento de fiscales y dependencias del Poder Judicial en el marco de distintas causas por delitos de lesa humanidad que siguen tramitándose o en medio de juicios.
Concretamente, afirmaron que el 27 de marzo “se informó la decisión del ministro de Defensa, Luis Petri, del secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general (R) Claudio Pasqualini y del director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes, de despedir a 10 de lxs 13 trabajadorxs de esas áreas, de terminar con los Programas de la Dirección vinculados a Archivos y de la derogación de la resolución N°308/2010 y la resolución N°1573/2023 que le otorga un carácter permanente a los mismos y la resolución N°1131/2015 que crea y reglamenta el Sistema de Archivos de la Defensa”.
“La tarea de los ERyA ha sido reconocida regional e internacionalmente por ser un caso paradigmático de tarea de archivo realizadas por civiles en dependencias de las FFAA, que permitieron el aporte a causas judiciales que investigan delitos de lesa humanidad en todo el país cometidos en períodos de interrupción democrática, y también para la implementación conjunta de normalización y modernización archivística”, denunciaron desde ATE.
Esta situación fue denunciada también por organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS de Capital Federal.
“Estos equipos realizaron aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad. La decisión del Ministerio de Defensa busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad. Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización“, plantearon.
Desde los organismos, además, señalaron que buena parte de la verdad detrás de las personas desaparecidas y los 300 nietos y nietas apropiadas que aún buscan reside en el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas: “Es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia”, sumaron y adelantaron: “Seguiremos exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria verdad y Justicia y los derechos humanos”.
El Juicio a las Juntas comprobó la sistematicidad del plan de exterminio agudizado en 1976, con la articulación de las Fuerzas Armadas, en complicidad con sectores de la sociedad civil. Así, se tiene registro en Mar del Plata del funcionamiento de al menos 16 centros clandestinos de detención y lugares de reclusión ilegal reconocidos por las víctimas: GADA 601, La Cueva, Destacamentos Jorge Newbery, 9 de Julio, Batán, Playa Grande, comisarías cuarta y quinta, Hospital Regional, Cuartel de Bomberos, Brigada de Investigaciones, Unidad Regional, Delegación de la Policía Federal, Base Naval, Prefectura Mar del Plata y la Escuela de Suboficiales (hoy reconvertido en uno de los más de 40 Espacios de Memoria del país).
Uno de los primeros métodos estatales de recolección de pruebas del terrorismo estatal que luego fueron utilizadas en ese juicio fue la Conadep, que durante su funcionamiento en Mar del Plata elaboró 292 legajos que incluyeron denuncias de sobrevivientes y siete declaraciones anónimas que recolectan datos de algunas de las alrededor de las 450 personas desaparecidas que, se estima, hubo en la ciudad como parte del plan que lleva el número de 30 mil desaparecidos a nivel nacional como denuncia de la incertidumbre del no saber el número empírico y, por lo tanto, el destino final de cada una de las personas desaparecidas y las niñeces apropiadas ante la clandestinidad de la maquinaria represiva y sistemática implementada por el Estado.
Desde 2006, cuando se abrió paso al desarrollo de los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad en el país, Mar del Plata ha sido una de las ciudades destacadas por su gran cantidad de investigaciones abiertas, debates desarrollados y represores -y civiles- condenados. Fue, por ejemplo, en 2010 la ciudad en la que se escuchó la primera sentencia que visualizó los crímenes de violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. A nivel nacional, desde 2016 hasta el 2023 se llevaron adelante 296 juicios en los que fueron condenadas 1115 personas y 171 resultaron absueltas, según datos oficiales.
Una particularidad también de Mar del Plata es que es una ciudad con importante cantidad de represores que viven con prisión domiciliaria, al punto tal que relevamientos realizados años atrás indicaban la presencia de una treintena, entre los que se destacaba en el verano de 2018 el genocida Miguel Etchecolatz, fallecido en 2022.
Mientras tanto, la lucha de los familiares continúa por la reconstrucción y la reparación de la brutalidad del plan de exterminio a nivel local, con iniciativas particulares como la de la Comisión Memoria Portuaria, pero también y lógicamente con la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Mar del Plata, que ya cuenta con una sede local.
En ese sentido, quienes duden sobre su identidad tienen un nuevo espacio donde acercarse a Abuelas: quien haya nacido entre 1975 y 1983 y tiene dudas o simplemente conoce a alguien que las tenga, puede acercarse a la sede local de Abuelas Mar del Plata en el edificio del Banco Provincia, en San Martín 2583, piso 13, de lunes a viernes, de 10 a 15. O bien comunicarse por teléfono al 02233027057.
A su vez, existe el contacto son la casilla de correo dudas@abuelas.org.ar, el sitio web de Abuelas de Plaza de Mayo y su número de teléfono 01143840983. También, el sitio web de la Comisión Nacional por la Identidad (Conadi), la casilla de correo conadi@jus.gob.ar y su número de teléfono 0800222266234.
