“Corré, ahora te matamos”: el calvario de trabajadores en el campo del “grupo SIDE”
Los testimonios del juicio iniciado hace un mes en Mar del Plata por lavado de dinero proveniente de una banda paramilitar en un campo de Chascomús.
El juicio no se centra en las amenazas y los secuestros sino en el lavado de dinero generado por parte de la organización paramilitar que cometió crímenes de lesa humanidad. Pero las historias en torno al campo de Chascomús que en 1976 compraron integrantes de la banda encabezada por Aníbal Gordon -que estaba al servicio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)- forman parte del debate que se lleva a cabo hace un mes en Mar del Plata. Un grupo de trabajadores, albañiles y peones, que se desempeñaba en el lugar fue violentado, secuestrado y mantenido cautivo durante tres días. Y los dolorosos recuerdos todavía perduran en sus memorias: “Fue muy grande el miedo, estaba vivo y estaba muerto a la vez”.
El juicio empezó hace un mes en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, compuesto de manera unipersonal por el juez Roberto Falcone, y tiene como acusados por el delito de lavado de activos de origen ilícito a los cuatro hijos Leonardo Miguel Save, quien integró, como parte del terrorismo de Estado, la organización paralimitar ilegal encabezada por Aníbal Gordon al servicio de la por entonces SIDE que funcionaba como patota del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, un taller mecánico alquilado por miembros del organismo de inteligencia.
Con él ya fallecido, a sus hijos se le endilgan maniobras de lavado de dinero que fue obtenido de los brutales crímenes cometidos por la banda, entre ellos el secuestro en 1976 de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, uruguayo y miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien fue posteriormente asesinado. La operación se centra en terrenos de Chascomús comprados en ese mismo año por Save y a los cuales desde 2008 los herederos registraron a su nombre y los siguen administrando hasta la actualidad.
La causa judicial tramitada desde hace una década atrás en el Juzgado Federal de Dolores -en jurisdicción del TOF de Mar del Plata- tuvo diversas hipótesis, entre ellas que el predio fue un lugar de enterramiento de víctimas de terrorismo de Estado; que se cometieron torturas y la privación ilegítima de la libertad de unas 30 personas que trabajaban en esos terrenos; y que había sido adquirido por parte de miembros de la banda de Aníbal Gordon (quien murió en prisión en 1987) de manera extorsiva o mediante medios ilícitos en el marco del terrorismo de Estado.
Sin embargo, a partir de la prueba producida, sólo esa última fue la que avanzó y llegó a juicio con la acusación contra los hijos de Save (María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María) de lavado de dinero.
No obstante, durante el desarrollo de las audiencias volvieron a escucharse los testimonios de los trabajadores del campo que fueron torturados y privados de su libertad en 1977.
Según una publicación de El cohete a la luna, se presume que el proyecto inmobiliario que intentaba montarse por parte de Save en el lugar, y para el cual trabajaban albañiles y peones, se terminó producto de una interna entre Gordon y los grupos operativos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ibérico Saint Jean y Ramón Camps, que sacaron a Gordon del territorio y secuestraron a los operarios, que permanecieron hasta tres días en cautivero en la comisaría de Chascomús, incomunicados y sin que nadie supiera de ellos.
Algunos de esos operarios declararon esta semana en el juicio, con la complejidad que supone recordar detalles tantos años después y luego de haber pasado hasta diez años de su primera declaración ante la Justicia.
La falta de recuerdo de algunos puntos importantes para el caso llevó al propio juez Falcone a consolar el lamento de uno de los testigos por no recordar algunos dichos de hace diez años: “No es un problema suyo que no se acuerde, el problema es nuestro que le tomamos la declaración en 2013 y hacemos el juicio en 2024. No es su problema, el problema es el de la administración de Justicia”.
Cuatro de los trabajadores fueron los que prestaron declaración vía teleconferencia en el juicio y todos relataron que habían llegado a trabajar al campo porque se decía que pagaban muy bien, que rápidamente habían sido incorporados y que realizaban tareas de limpieza de la laguna lindera al predio y de albañilería ya que allí, según lo comentado, se pretendía construir un club náutico, un hotel y un barrio militar.
Los obreros se desempeñaban con un pago semanal que se realizaba los sábados y estaba a cargo de una persona identificada como “Lobito”, uno de los encargados del lugar. Junto a él uno de los testigos recordó ver en un par de oportunidades a Miguel Save e incluso a Gordon.
El juez Roberto Falcone
Sin embargo, un sábado de 1977 mientras trabajaban y esperaban para cobrar todo cambió: de acuerdo al relato de los trabajadores, antes del mediodía empezaron a llegar autos y camionetas que algunos de ellos identificaron como de militares: buscaban a “Lobito”, pero no estaba.
“Algunos corrieron para el campamento, yo me fui para la parte honda de la laguna porque tenía miedo, porque vi que los agarraban a todos, no sabía lo que pasaba. Quise nadar hacia el sector hondo, vi que me iba a ahogar, me quedé prendido de los juncos, y en ese momento llegó un militar, alguno le dijo mi nombre y me empezó a llamar ‘Juan Carlos, salí, que no pasa nada'”, relató uno de los trabajadores.
Tras varios minutos, recordó, salió por “el miedo que tenía”. Cuando tenía el agua por la cintura vio que había tres personas apuntándole con armas de fuego.
“Salí que no pasa nada, andá caminando para el campamento”, recordó que le gritaron. “Cuando salí caminando, me dijeron: ‘Corré, ahora te matamos'”.
Juan Carlos, envuelto en terror, terminó por llegar al campamento junto a sus compañeros: todos estaban boca abajo, tirados en el pasto, donde permanecieron hasta entrada la noche. “Pegale un tiro y matalo“, recordó que le decía uno de los militares a otro ante una queja.
“Estaba esperando que me mataran, pensé en mi familia, en mi hijo, en porqué había ido a pedir trabajo ahí por tener una peso más para mi familia. Yo soy de clase humilde, de trabajo”, expresó el hombre, hoy jubilado. Y los recuerdos siguieron apareciendo en su relato.
“¿Y con estos qué hacemos?”, se preguntaban. “Predelos fuego y matalos a todos”, decían mientras los tapaban con lonas para sacarlos en autos y camionetas del lugar y trasladarlos hacia la comisaría de Chascomús.
“Fue muy grande el susto, el miedo, estaba vivo y estaba muerto a la vez”, lamentó el testigo al volver a recordar aquellos hechos de 1977.
José Luis, otra de las víctimas que tenía 15 años al momento del hecho, relató en el juicio que una vez que fueron llevados a la comisaría sus secuestradores se hicieron cargo del lugar y recién el lunes volvió el comisario, les dijo que a partir de ese momento estaban a cargo de él y más tarde los empezó a liberar. Antes de eso, recordó, a él lo habían sacado de la celda para preguntarle si conocía quién era “Lobito” y si lo había visto.
Algunos días después de la liberación a José Luis y a algunos otros trabajadores les apareció un sobre por abajo de la puerta de su casa: estaba el dinero de la semana trabajada y otro por los días que habían estado detenidos.
Alfredo, otro de los testigos -que recordó que quienes estaban a cargo del campo se hacían llamar como el “grupo SIDE“-, agregó que en esos sobres, además del dinero, había una nota sin firma que, de alguna manera, les pedía disculpas por lo que habían atravesado. “Fue un maltrato impresionante, fue horrible, uno en ese momento piensa más en la muerte”, señaló. Desde ese momento ninguno volvió a trabajar y los proyectos en los terrenos quedaron paralizados.
EL ORIGEN DEL CASO
En las audiencias realizadas hasta el momento cada miércoles también declararon ante el juez Falcone y ante preguntas de los fiscales Juan Pablo Curi, Eugenia Montero y Julio Darmandrail dos integrantes de la Comisión Municipal por la Memoria de Chascomús que recordaron que fue en 2013 cuando en el marco de una actividad una persona mencionó la existencia de un predio que había sido propiedad de Aníbal Gordon y que allí gente que trabajaba había sido detenida y víctima de las fuerzas armadas.
Los fiscales Eugenia Montero y Julio Darmandrail
Las dos mujeres relataron distintos aspectos de la investigación que hicieron, con concurrencia al predio y recibiendo testimonios que luego se trasladaron a la investigación judicial, como el de una vecina que expuso que esos campos pertenecían a la familia Save y de un agrimensor que contó lo mismo ya que fue contratado para realizar un trabajo allí entre 1976 y 1977.
“En Chascomús siempre estuvo la presunción de que en estos terrenos alguna cosa ocurría, pero nunca se sabía de esta situación que habían vivido las personas que trabajaban. Siempre hubo sospechas de enterramientos clandestinos pero se hizo alguna investigación y no se encontró nada”, señaló una de las testigos y realizó un repaso por quiénes fueron los propietarios de las tierras hasta concretada la venta a Save.
En los dos casos, las testigos afirmaron tener buen concepto vecinal de los cuatro hijos de Save (son comerciantes de Chascomús) que están acusados en el juicio.
