Idas y vueltas en la causa CNU: “Buscaron garantizarse la impunidad”
Desde Familiares de Detenidos Desaparecidos celebraron la detención de Fernando Otero y decidieron ir a la Corte contra la absolución de otros cuatro condenados.
La causa por los delitos de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata en la antesala de la última dictadura cívico miliar se caracterizó en los últimos meses, después de dos históricos juicios que terminaron en total con nueve condenados, por constantes idas y vueltas a partir de decisiones judiciales contrapuestas. Dos de las últimas novedades se centran en la absolución dictada por la Cámara de Casación a cuatro de los que habían sido condenados en 2016 y una reciente resolución del Tribunal Federal de Mar del Plata que dejó sin efecto la excarcelación y volvió a detener a Fernando Otero, uno de los condenados a perpetua.
Esas novedades fueron motivo de una conferencia de prensa realizada este viernes por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, donde celebraron la nueva detención de Otero y adelantaron que decidieron recurrir en queja a la Corte Suprema para intentar revertir la absolución de otros cuatro condenados. “Buscaron garantizarse la impunidad”, definió el abogado César Sivo.
Una de las novedades que dieron a conocer desde la asociación fue haber recurrido con un recurso de queja a la Corte de Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de revertir la decisión que tomó en diciembre la sala II de Casación que absolvió a cuatro de los siete condenados en el primer juicio contra los integrantes de la CNU al considerar que no se acreditó su participación en la asociación ilícita que integró la organización paraestatal de ultraderecha para perseguir a militantes políticos.
Desde la asociación señalaron que esa definición de fines del año pasado “abrió la puerta a la libertad de la mayoría de los acusados” y así explicaron que recurrieron la sentencia “sin ningún éxito hasta la fecha por lo que se decidió presentarse en queja ante la Corte Suprema de Justicia” y ello, manifestaron, “sólo se puede hacer si se paga una alta tasa de Justicia” de $400 mil.
Las absoluciones en cuestión fueron resueltas, en los últimos días de 2022 y por mayoría, por los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma y alcanzaron a Juan Pedro Asaro, Juan Carlos Asaro, José Luis Granel y Roberto Alejandro Justel, quienes en diciembre de 2016 habían sido condenados a cinco, tres, siete y tres años de prisión, respectivamente, por ser considerados coautores del delito de asociación ilícita, es decir haber integrado la asociación que conformó la CNU con el objetivo de cometer crímenes previos al golpe de Estado de 1976 en el marco de una “depuración ideológica del movimiento peronista”.
En ese mismo juicio -el primero en la ciudad realizado contra civiles por delitos de lesa humanidad- fueron condenados a prisión perpetua el exfiscal Gustavo Demarchi, Mario Ernesto Durquet (los dos ya fallecidos) y Fernando Alberto Otero por haber formado parte de la asociación ilícita pero también por ser coautores de los distintos homicidios juzgados, entre ellos los conocidos como “cinco por uno”, que tuvieron como víctimas a Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorque Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg.
En esa decisión de diciembre con respecto a Otero los camaristas resolvieron absolverlo por uno de los hechos -el que tuvo como víctima de María del Carmen Maggi- aunque ratificaron su condena a perpetua por los otros. El abogado César Sivo explicó este viernes que también acudieron a la Corte para intentar revertir su absolución por el caso de Maggi.
Otero, además de la confirmación de su condena a perpetua en diciembre, recibió un revés judicial el sábado pasado: a cuatro años de haber sido excarcelado, volvió a ser detenido tras una decisión tomada hace ocho meses por la Corte y a partir de una nueva resolución emitida por el Tribunal Oral Federal (TOF) de la ciudad.
En abril de 2019 la sala II de la Cámara de Casación (compuesta por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar) había resuelto concederle la excarcelación al unificar esa condena a perpetua con una previa dictada en 1982 (ya cumplida) y, además, al anular el límite temporal de cumplimiento de esa perpetua de 37 años y seis meses que había fijado el TOF marplatense y reducirlo a 25.
Sin embargo, la Corte anuló a fines del año pasado esa decisión y el Tribunal marplatense planteó que “no es posible en este caso unificar la pena de prisión perpetua dictada en este proceso con la ya agotada, conmutando en los hechos una pena impuesta por haber sido considerado coautor de crímenes calificados como de lesa humanidad” por lo que ordenó volver a detenerlo al haber cumplido en este proceso apenas 6 años, 4 meses y 22 días en prisión.
“Esto es relevante porque marca que para este tipo de delitos hay ciertos beneficios que no corresponden. Y lo que marcó la Corte es que los que quisieron garantizarse la impunidad no se pueden beneficiar de las normas penales jugando con esta idea de decir que como unos hechos eran del ’75 y otros del ’77, que si los hubieran juzgado a tiempo hubiera tenido una unificación. Pero lo cierto es que no se los juzgó a tiempo porque buscaron garantizarse la impunidad“, analizó el abogado Sivo.
En torno a esa búsqueda de impunidad, durante la conferencia de prensa Carlos Díaz, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, enfatizó que en Mar del Plata tras los históricos juicios contra los integrantes de la CNU “hubo testigos demandados civilmente por los genocidas”. “Es en la única causa de lesa humanidad en la que pasó eso”, remarcó y planteó que “es una aberración ante la exposición del testigo que va, presta testimonio y es demandado por sus bienes personales”.
La CNU de Mar del Plata, como otras organizaciones de ultraderecha, formó parte de un plan sistemático para el cual se conformó una asociación ilícita que fue promovida por el poder estatal durante el último gobierno de Juan Domingo Perón y el de María Estela Martínez para concretar “la eliminación de sus enemigos” en el marco de la pretendida “depuración ideológica del movimiento peronista” en la antesala de la última dictadura cívico militar.
El accionar de sus integrantes fue juzgado en dos juicios históricos realizados en la ciudad: el primero finalizó en diciembre de 2016 con condenas a prisión perpetua contra Otero, el exfiscal Gustavo Demarchi y Mario Ernesto Durquet, mientras que José Luis Granel fue condenado a 7 años, Juan Pedro Asaro a 5 años y Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Asaro a 3 años, en tanto que Raúl Rogelio Moleón y Raúl Arturo Viglizzo resultaron absueltos.
En diciembre pasado Casación confirmó la perpetua a Otero -Demarchi y Durquet ya murieron- pero absolvió a Juan Pedro y Juan Carlos Asaro, Granel y Justel.
Por su parte, en el segundo debate terminado en diciembre de 2020 Eduardo Salvador Ullúa fue condenado a prisión perpetua y Oscar Héctor Corres a cinco años de prisión. Ullúa en junio de 2022 fue excarcelado al aplicar el límite temporal de 20 años de detención para acceder a la libertad condicional tras una indicación de la Cámara de Casación. En su caso, se le unificó la perpetua con una condena previa por una causa de narcotráfico en la que en 1988 se le había impuesto una pena de 17 años de prisión y por la que estuvo encarcelado 11 años y 4 meses.
