CNU 2: declaró el último testigo y se espera la palabra de uno de los acusados
El debate por delitos de lesa humanidad se reinició esta semana. Sin nueva fecha fijada, sólo resta la declaración de uno de los acusados y luego será el turno de los alegatos.
Con la declaración de un testigo desde Suecia, con los jueces y el fiscal en videoconferencia desde Capital Federal y con las querellas y parte de las defensas en Mar del Plata, durante esta semana -y en la continuidad de la cuarentena por el coronavirus- finalmente se retomó el segundo juicio centrado en los delitos de lesa humanidad cometidos por la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), y que tiene en este caso a dos acusados: Eduardo Salvador Ullúa y Oscar Héctor Corres. Tras el paso del último testigo, ahora en el proceso resta la ampliación de la indagatoria requerida por uno de los imputados para que luego se desarrollen los alegatos.
Después de que semanas atrás se retomara el debate que corresponde a la tercera parte de la megacausa “La Cueva”, el otro juicio por delitos de lesa humanidad que estaba pendiente que se reiniciara en Mar del Plata en medio de la cuarentena era el que se le sigue a dos acusados de haber formado parte de la CNU. Y tras los pedidos de las querellas y la fiscalía, finalmente el miércoles fue retomado.
El reinicio del juicio conocido como “CNU 2” se produjo en dos sedes: en Capital Federal, de donde son los jueces (Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori) y el fiscal (Pablo Ouviña) que participan del debate, y en Mar del Plata, donde estuvieron los representantes de la querella y parte de las defensas.
En el marco de la audiencia, según informó el sitio oficial fiscales.gob.ar, el último testigo en prestar declaración fue Ricardo Leventi -que tuvo que exiliarse de Mar del Plata luego de un intento de secuestro el 15 de marzo de 1976-. Lo hizo desde Suecia -donde se desempeña como economista, docente universitario, escritor y consultor de distintas empresas- y su declaración fue de relevancia ya que ubicó a Corres en Mar del Plata la noche del 20 de marzo de 1975 en que la CNU planeó la venganza por la muerte su líder, Enrique Piantoni, que se denominó 5×1, por el secuestro y asesinato de cinco personas.
Leventi, que ya había prestado declaración en el primer juicio de la causa CNU, fue convocado a ampliar su declaración por requerimiento de la defensa de Corres, quien niega lo que el testigo ratificó durante su declaración.
En detalle, el testigo explicó que la noche del velatorio de Piantoni estaba trabajando en una playa de estacionamiento de un amigo, situada a pocos metros de la sala velatoria Sampietro. Desde allí, parado, a unos 30 o 40 metros de la puerta de ese local, observó el intenso movimiento. La defensa lo interrogó en relación a si tuvo miedo o tomó algún recaudo la noche del velatorio. El testigo dijo que no, porque si bien era peronista, en la ciudad sólo era conocido como jugador de vóley y fundador de la Asociación Marplatense de ese deporte.
Al retomar la noche del velatorio, destacó que entre los hombres que subían a los vehículos estacionados frente a la casa velatoria “Sampietro” logró identificar a Demarchi, a Corres, a Gómez y a Coronel. “Corres era abogado, lo conocía todo Mar del Plata, ¿cómo no lo iba a conocer?”, señaló y afirmó que no sólo lo tenía visto de los diarios, sino también de distintos ámbitos que frecuentaban los miembros de la CNU o los pasillos de la Universidad. “No tengo dudas que fue Corres”, ratificó el testigo y además afirmó que salió armado del velorio.
Cabe recordar que tanto Corres como Ullúa están acusados en el juicio de integrar la asociación ilícita -junto a los siete miembros que ya fueron condenados en diciembre de 2016- con el objetivo de cometer una serie de ilícitos, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.
Por su parte, Ullúa está procesado también por los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.
Tras la declaración de Leventi, ahora resta que se le ponga fecha a una nueva audiencia en la que, según se había adelantado oportunamente, Corres -que llegó al juicio en libertad- prestaría declaración. Tras ello, el debate quedará en condiciones de pasar a los alegatos, primero por parte del fiscal Ouviña, luego por las querellas representadas por Gloria León, Manuel Marañón y Ireneo Di Matteo, y finalmente a cargo de las dos defensas.
LA CAUSA
De acuerdo a la causa, los miembros de la CNU eran parte en la organización de las más diversas formas: existían grupos de ideólogos y grupos operativos que se encargaban de los hechos más violentos y, en algunos casos también, de la inteligencia previa. También necesitaban los espacios para las ejecuciones -muchas de las víctimas fueron acribilladas por más de una veintena de disparos-, para lo que debían necesariamente interactuar con las autoridades de otros ámbitos para la coordinación de sus tareas y, sobre todo, manejarse con un grado de impunidad otorgado por la cobertura de organismos del Estado.
Al requerir la elevación a juicio, el fiscal Nicolás Czizik reparó en que la causa no se centra en la actividad de la CNU ni en la persecución de las ideas políticas que detentaban sus miembros, sino que se limita a la investigación del accionar de una asociación ilícita que actuó enmascarada en esta agrupación política entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976.
De acuerdo a la prueba que consta en el expediente, y el juicio condenatorio a otros integrantes de la banda, cometieron distintos delitos como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas, “para la persecución y eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado”.
Si bien los hechos juzgados son anteriores al Golpe cívico militar, son catalogados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
En el histórico juicio que finalizó en diciembre de 2016, fueron condenados a prisión perpetua el exfiscal Gustavio Demarchi, Fernando Alberto Otero y Mario Ernesto Durquet, mientras que José Luis Granel fue condenado a 7 años, Juan Pedro Asaro a 5 años y Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Asaro a 3 años. En tanto que Raúl Rogelio Moleón y Raúl Arturo Viglizzo resultaron absueltos.
