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07/10/2020

CNU 2: piden prisión perpetua para Ullúa y diez años para Corres

Tras cinco audiencias, el fiscal Pablo Ouviña cerró su alegato con los pedidos de pena para los dos acusados de integrar la agrupación de ultraderecha y cometer delitos de lesa humanidad.

CNU 2: piden prisión perpetua para Ullúa y diez años para Corres
Los acusados, con sus defensores, durante la primera audiencia realizada el año pasado (Fotos: archivo / Marcelo Nuñez)

Con los pedidos de penas de prisión perpetua para Eduardo Salvador Ullúa y de diez años para Oscar Héctor Corres, el fiscal Pablo Ouviña cerró este miércoles su alegato en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos antes del inicio de la última dictadura militar por la agrupación paraestatal de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), accionar por el cual ya fueron condenados en Mar del Plata otros siete integrantes en diciembre de 2016.

Tras cinco audiencias realizadas desde el pasado 1º de septiembre, las dos primeras en Mar del Plata y las restantes con los jueces (Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori) y el fiscal -donde se desempeñan de manera regular- desde Comodoro Py y el resto a través de videoconferencia, este miércoles finalmente el representante del Ministerio Público Fiscal cerró su alegato con el último tramo basado en la calificación legal a aplicar ante los hechos juzgados y los pedidos de pena.

De esta manera, pidió que Ullúa -que se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº34 de Campo de Mayo- sea condenado a la pena de prisión perpetua por formar parte de la asociación ilícita que conformó la CNU con el objetivo de cometer crímenes previos al golpe de estado de 1976 en el marco de una “depuración ideológica del movimiento peronista” y por ocho homicidios y un caso de privación ilegítima de la libertad.

Por su parte, para Corres -que llegó al proceso en libertad- solicitó que se le imponga la pena de diez años de prisión por ser autor del delito de asociación ilícita.

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El fiscal Ouviña

EL ALEGATO

“En este debate abordamos calamidades”, introdujo el fiscal Ouviña en el primer día de alegato, y describió que los hechos ventilados en el juicio “devienen de un plan sistemático irracional para el cual se conformó una asociación ilícita que fue aceptada y promovida por el poder estatal para vulnerar derechos”.

En una primera parte, para contextualizar la integración de una asociación ilícita por parte de agrupaciones de ultraderecha del peronismo, entre las que estaba la CNU, el fiscal se explayó en torno al contexto de violencia política y social vivido ya entre 1971 y 1976 en el país y en el que se produjeron los hechos. Concretamente, aludió a una “paulatina y creciente violencia generalizada”.

También hizo referencia a la organización de poder para desarrollar ese plan de violencia con éxito y describió que los crímenes cometidos se enmarcaron en un contexto de “anomia y desprecio a la ley” a partir, incluso, de la legitimación y el impulso dado desde el propio poder del Estado en el marco de un “proyecto estratégico para ganar poder y resolver antagonismos” en el interior del peronismo entre las fuerzas de derecha e izquierda.

Así, y amparado en numerosa bibliografía, el fiscal planteó la existencia una “escalada sin freno” de la violencia en la que “toda la sociedad quedó inmersa” con ideas básicas centradas en la persecución y eliminación del contrario.

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La postura del último gobierno de Juan Domingo Perón también fue analizada por el fiscal y reparó en que “pasó de ser árbitro a tomar partido por una de las bandas”. Para desarrollar ese punto, el representante del Ministerio Público Fiscal repasó el exilio y la proscripción de Perón y subrayó el surgimiento de los distintos grupos en los extremos ideológicos y en el seno del movimiento como Montoneros y la CNU, entre varios otros.

El fiscal se apoyó en tres hechos y antecedentes para describir la postura y respuesta adoptada desde el Estado: la “Masacre de Ezeiza”, ante el regreso de Perón al país en junio de 1973; el asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci en septiembre del mismo año que terminó por quebrar la relación de Perón con Montoneros; y el ataque a la sede de Caballería de Azul en enero de 1974 a cargo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) para hacerse de armamento.

Entonces, analizó Ouviña, esos hechos terminaron por marcar un “paso fundamental” hacia lo que se denominó la “depuración del movimiento peronista”. Y remarcó que tras la “Masacre de Ezeiza”, Perón se volcó al ala ortodoxa y de derecha con advertencias hacia la izquierda, bajo la denominación de “enemigos internos” y el llamado a “enfrentar a esos enemigos” y “neutralizar a quienes pretenden deformarlo (al peronismo) de abajo o desde arriba”.

El fiscal también reparó en la existencia de un documento reservado tras asesinato de Rucci que describió como “una especie de orden de batalla” ya que planteaba “atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión” . “El documento reservado organiza la respuesta y no pone límites a los medios de lucha”, resumió.

En ese marco, el fiscal remarcó que los movimientos ortodoxos como la CNU llamaron a “aniquilar a los enemigos de Perón” calificados como terroristas, infiltrados y  traidores.

LA ASOCIACIÓN ILÍCITA

Un extenso tramo del alegato del fiscal estuvo dedicado a exponer cómo el discurso construido desde el poder terminó por ser ejecutado por la ortodoxia peronista -fuerzas de seguridad, patotas sindicales y militantes de derecha como los integrantes de la CNU- y habló de la existencia de un “plan específico para la implementación de la depuración en todo el país” que apuntó contra un universo variado, fundamentalmente centrado en el arco sindical y político y en el ámbito estudiantil bajo el objetivo de desplazar de esos espacios a dirigentes con ideas de izquierda.

El fiscal reseñó que ese plan fue ejecutado con una idéntica metodología (operativos nocturnos, con gran cantidad de individuos armados y con la ejecución de sus víctimas a partir de una gran cantidad de disparos) y puntualizó que, de acuerdo a los escenarios en los que se cometían, eran “firmados” con distintos sellos. Así planteó el accionar de la Triple A principalmente en Buenos Aires y La Plata, del Comando Anticomunista (CAM) en Mendoza y la CNU en La Plata y Mar del Plata.

“Respondían al mismo plan”, destacó el fiscal y detalló que cada grupo “gozaba de autonomía para seleccionar y ejecutar a sus blancos”, generalmente integrantes de agrupaciones de izquierda que disputaban espacios de poder con los miembros de la asociación criminal.

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Así, Ouviña reparó en que la CNU en Mar del Plata tomó parte de la asociación ilícita y subrayó que fue “clave su inserción en el plan sistemático de eliminación de la izquierda”. “La asociación ilícita juzgada excedió a la CNU”, afirmó luego al graficar que fue un “eslabón más en el plan sistemático de eliminación de un enemigo común”.

En otro tramo de la exposición, el fiscal analizó la relación que la agrupación marplatense forjó con organismos y personal de fuerzas de seguridad, de inteligencia y de la Triple A. Incluso planteó que el propio imputado Corres fue parte de la Policía bonaerense desde 1968 hasta 1972, cuando fue exonerado por su participación en el homicidio de 1971 de la estudiante Silvia Filler -ejecutado por la CNU- en medio de una asamblea universitaria. El hoy imputado permaneció detenido hasta que en 1973 recuperó la libertad.

Después, el fiscal ahondó en cómo la CNU se insertó en el ámbito universitario para ejecutar allí su plan de “limpieza ideológica” y remarcó a partir de diversos testimonios escuchados a lo largo del juicio que la CNU dejó de ser “un grupo minoritario para transformarse en un valioso factor de poder enmarcado en el plan general de exterminio” y que desde asesinato de Silvia Filler en 1971 “expuso un perfil violento”.

Ouviña definió a la CNU marplatense como uno de los “brazos ejecutores” de la asociación ilícita descripta inicialmente y reparó en que estaba integrada tanto por miembros como por ex miembros y otras personas vinculadas a la organización, entre ellas el exfiscal Gustavo Demarchi, condenado a perpetua en el juicio finalizado en 2016, que ocupó durante aquellos años un rol clave para que la CNU manejara la fiscalía federal.

Una parte del alegato del fiscal estuvo orientada a detallar a modo de ejemplo una larga lista de ataques violentos protagonizados por la CNU en Mar del Plata y los cometidos por otras agrupaciones de ultraderecha en otros puntos del país bajo el mismo accionar.

Y otro tramo describió las características comunes de los ataques: todos en grupo; con autos particulares de grandes dimensiones para contener a varios integrantes; con gran cantidad y variedad de armamento; con el desarrollo de inteligencia previa; y con “odio y brutalidad” expuesto con numerosos cuerpos acribillados a modo de “mensaje” para los enemigo. “En la CNU todos hacían todo. El fusilamiento era una forma de cerrar el pacto de silencio”, sentenció Ouviña antes de pasar a detallar los hechos que se le imputan a Ullúa y así demostrar su participación.

Sobre la izquierda, Corres:; detrás Ullúa; y hacia la derecha el defensor oficial

LOS HECHOS

Entre los hechos que se le imputan a Ullúa aparecen los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, y del médico Bernardo Alberto Goldemberg en la denominada noche del “5×1”  emprendida por la CNU como “venganza” por el asesinato de su líder, Ernesto Piantoni, ocurrido horas antes, el 20 de marzo de 1975.

El cuerpo de Piantoni fue velado en la funeraria Sampietro, desde donde se desplegó la represalia. El fiscal expuso que en el debate quedó probado que allí estuvieron, entre otros, muchos de los miembros de la asociación ilícita investigada, incluidos Corres y Ullúa.

A Ullúa también se le imputan los homicidios de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, quienes el 24 de abril de 1975 salieron juntos de un bar ubicado en la esquina de la Municipalidad e iban en un auto cuando fueron interceptados por miembros de la CNU, entre ellos Ullúa. Y fueron ejecutados con múltiples disparos de al menos cuatro armas distintas: a Stoppani le hicieron cortes en ambas muñecas con un cuchillo que llegaron hasta el hueso y luego lo asesinaron con 11 disparos; y a Gasparri lo colocaron en la parte trasera del vehículo, al que balearon y prendieron fuego, y luego su cuerpo fue encontrado completamente calcinado.

Por último a Ullúa también se lo acusa de la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi. Entre la noche del 9 de mayo y septiembre de 1975, la llevaron a un descampado en la zona del camino viejo a Miramar donde le provocaron lesiones en la cabeza y le ocasionaron la muerte por traumatismo de cráneo. “Allí enterraron su cuerpo. Pero al tiempo, para asegurar su impunidad, la sacaron y la trasladaron hasta un paraje ubicado en Mar Chiquita, relató el fiscal. Sus restos quedaron allí enterrados hasta el 23 de marzo de 1976, cuando fueron hallados.

El último tramo del alegato de Ouviña se centró en ubicar a Corres como parte del accionar de la CNU y, por ende, de la asociación ilícita.

El debate se retomará el próximo miércoles 21 de octubre con los alegatos de las querellas.

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