El campo de la SIDE: “Nunca supimos de todo esto, siempre fuimos íntegros”
La declaración de los hijos de Miguel Save fue incorporada en el juicio que se les sigue por lavado de dinero obtenido de crímenes de lesa humanidad.
Con la declaración de más trabajadores que se desempeñaron en el campo y fueron secuestrados y detenidos y con la incorporación por lectura de las declaraciones que los cuatro acusados prestaron a lo largo de la investigación siguió en las últimas semanas en Mar del Plata el juicio contra los hijos de Miguel Save, integrante de la banda paramilitar encabezada por Aníbal Gordon -que estaba al servicio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el inicio de la última dictadura cívico militar- que compró terrenos en Chascomús, según se presume, con dinero obtenido a partir de crímenes de lesa humanidad.
“Nunca supimos de todo esto, siempre nosotros fuimos íntegros”, declaró una de las hijas y, al igual que sus hermanos, se desentendió de las acusaciones al afirmar que toda la responsabilidad fue de su padre, que murió en 2006. “Nos parece aberrante todo lo que pasó”, se defendió.
En el juicio, que se inició en febrero en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save están acusados de, al menos desde 1999, haber realizado una serie de operaciones o actos irregulares a través de las cuales lograron la inscripción como titulares registrables en 2008 -luego de fallecido su padre- de los terrenos de Chascomús que habrían sido adquiridos en 1976 con el dinero obtenido a partir de delitos de lesa humanidad como homicidios, secuestros, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad llevados a cabo por la organización ilegal que funcionaba al servicio de la ex SIDE y bajo las órdenes de Gordon.
En concreto, la acusación contra los cuarto imputados es por ser considerados coautores del delito de lavado de activos de origen ilícito. Para el fiscal Juan Pablo Curi, a cargo de la acusación, desde la compra de los terrenos en 1976 se llevaron adelante diferentes escrituras públicas, cesiones de derechos, poderes especiales de escrituración, cesiones de poderes especiales de escrituración, boletos de compra-venta y actos simulados con la participación de personas interpósitas -es decir, por encargo- o con identidades falsas.
A lo largo de las audiencias, en el juicio no sólo se escuchan declaraciones vinculadas a esas operatorias sino también al origen del caso: la compra y el funcionamiento del campo en el que en 1976 Save, Gordon y otros integrantes de la SIDE pusieron a trabajar a una treintena de personas con el objetivo -nunca alcanzado- de construir allí un club náutico, un hotel y un barrio militar con dinero obtenido de sus crímenes, entre ellos el secuestro de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, uruguayo y miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien fue posteriormente asesinado.
En las últimas dos audiencias -el juicio se realiza cada miércoles presidido por el juez Roberto Falcone- se leyeron las declaraciones que los cuatro imputados prestaron como parte de la investigación que estuvo a cargo del Juzgado Federal de Dolores (en jurisdicción del TOF de Mar del Plata).
“No niego mi origen ni me corresponde juzgarlo, pero no quiero responder por sus acciones no sólo porque me son ajenas sino que porque fue muy poco el tiempo que pasamos juntos, lo que me imposibilitó tener un vínculo familiar fuerte basado en la confianza”, expuso María Eugenia Save al apuntar contra su padre ya fallecido y coincidió con todos sus hermanos en que su crianza estuvo a cargo exclusivamente de su madre.
También los hermanos reiteraron en sus similares declaraciones que siempre su padre les dijo que los terrenos de Chascomús eran de su propiedad y que en los últimos años antes de morir en 2006, tras padecer cáncer, “quería dejar todo arreglado” para que esos terrenos quedaran a nombre ellos. Así fue que sostuvieron que una vez fallecido para “cumplir su voluntad” firmaron en una escribanía los trámites de escrituración de las tierras. Previo a eso, también hubo firmas de poderes y otra documentación que tildaron como “actos unilaterales” que se hicieron “sin su consentimiento ni en su presencia” pese a estar allí sus firmas.
“Nunca supimos de todo esto, siempre nosotros fuimos íntegros. Nunca supimos qué había detrás de todo esto, sabemos quiénes somos nosotros y qué valores tenemos, que no son los mismos que los de él (por su padre)”, sumó en su declaración María Eugenia y afirmó: “Si hubiéramos sabido todo esto ni loca hubiera firmado la escritura”. Y sobre los distintos detalles expuestos en la causa declaró: “Nos parece aberrante todo lo que pasó, nos enteramos de muchas cosas por esta investigación. Nunca hubiera sido parte de algo así”.
En la última audiencia también declararon dos integrantes de la familia Girado, propietaria de parte de los terrenos, uno de los cuales recordó a Aníbal Gordon por haber estado involucrado en la compra concretada en 1976. Otro de ellos, a su vez, señaló que la firma del contrato se hizo en la Ciudad de Buenos Aires y que el pago se hizo en total en efectivo.
Mientras tanto, se sumaron otros cuatro testimonios de trabajadores del campo, algunos de los cuales ubicaron allí a Save y a Gordon y recordaron que había carpas con una gran cantidad de armas. A su vez, narraron -tal como ya lo hicieron previamente otros trabajadores– el violento episodio que vivieron cuando de un momento a otro fueron amenazados, secuestrados y mantenidos en cautiverio durante días en la comisaría de Chascomús por una banda militar que -se presume respondía a las órdenes de los militares Ibérico Saint Jean y Ramón Camps- buscaba dar con Gordon.
“Durante meses no quería pasar por ahí, tenía mucho miedo. Cuando veía un Falcon, quería salir corriendo“, expuso uno de ellos.
