La falta de avances en el proceso de expropiación de la “Casita Azul” -histórico prostíbulo de Mar del Plata clausurado hace años-, pese a la ley provincial aprobada en 2014, derivó en un nuevo pedido de informes impulsado desde el Concejo Deliberante y la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas con el objetivo de que la Provincia responda respecto a las demoras en su ejecución, que básicamente representa el pago de lo establecido a los dueños del espacio.
Luego de la polémica vivida meses atrás con un cartel de venta que fue colgado por los dueños del inmueble ante la falta de avances en la concreción del proceso de expropiación, la concejal radical Cristina Coria -integrante de la Mesa contra la Trata- presentó un nuevo proyecto de comunicación con el objetivo de que el Concejo le pida al gobierno provincial que responda “cuál es el estado del trámite de expropiación y, en su caso, los programas de trabajo previstos para el referido inmueble”.
La semana pasada desde la Mesa Interinstitucional se reunieron en la Defensoría del Pueblo de la Provicnia con legisladores marplatenses también para volver a exponer la situación dado que se está a un año de que caiga la ley de expropiación sancionada en 2014.
EL CAMINO DE UNA EXPROPIACIÓN A MEDIAS
El proyecto para expropiar la “Casita Azul” fue presentado por los diputados marplatenses Pablo Farías (GEN) y Fernanda Raverta (Frente para la Victoria) con el impulso de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas. Fue elevado tras distintos debates promovidos desde el 2009 por una serie de denuncias presentadas por distintas organizaciones sociales que motivaron allanamientos en el lugar, en los que se encontró a una veintena de mujeres dominicanas y paraguayas que eran traídas a Mar del Plata a través de engaños para ser prostituidas. En 2010, el lugar quedó clausurado definitivamente.
La causa judicial llegó a un juicio abreviado en el 2012. El Tribunal Oral Federal Nº1 decidió condenar a cuatro años de prisión a Graciela del Valle Carabajal, Eduardo Adolfo Muelas y Marcelo Luciano Muelas, por “trata de personas agravada, explotación económica de la prostitución y administración de casa de prostitución”.
Con el tiempo, el proyecto de expropiación avanzó en la Legislatura bonaerense, en abril del 2014 se convirtió en ley y luego fue promulgada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por entonces a cargo de Daniel Scioli. Sin embargo, uno de los puntos más sobresalientes del proyecto implicaba que “el bien junto a sus instalaciones serán transferidos al dominio de la Municipalidad de General Pueyrredón, para ser afectados al funcionamiento del Centro Marplatense de la Memoria y lucha contra el delito de trata de personas”.
Ese punto no avanzó ni en el gobierno anterior ni en el actual. Es que para que el Municipio tome posesión del inmueble, primero la Provincia debe hacerse cargo del pago de un dinero a los antiguos dueños, el cual estaría afectado por las deudas que presentaba la propiedad.
En octubre de 2015, el lugar fue tomado por una familia, y luego de haberlos retirado se sucedieron numerosos pedidos de informes legislativos tanto a nivel local como provincial con el objetivo de que avance el trámite de la reclamada expropiación. Incluso durante la última campaña electoral local candidatos a concejales debatieron en la vereda del inmueble acerca de la acciones a realizar respecto a la trata de personas.
“Hoy vemos la necesidad que desde la gobernación de la Provincia se articulen los medios necesarios para proceder a lo planteado por la ley aprobada por la legislatura bonaerense con relación al inmueble”, sostiene el expediente elevado por la concejal Coria.
Y señala respecto al inmueble, teniendo en cuenta la falta de avances, que “los vecinos del lugar están reclamando por el estado actual de abandono, basura acumulada, rotura de los techos, puertas y ventanas, ratas, insectos y sobre todo lugar donde se ocultan ladrones, ya que el sitio se presta para refugio de los delincuentes”.