En el marco del caso por la detención de activistas de Greenpeace en Rusia en 2013 -entre ellos el marplatense Hernán Pérez Orsi-, el Tribunal del Mar emitió su fallo en el proceso judicial que el Reino de los Países Bajos inició la Federación Rusa por haber capturado su embarcación, y estableció que el procedimiento de detenciones fue “ilegal e infundado”.
Según publicó la agencia Infojusnoticias, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que regula los derechos sobre aguas internacionales, determinó también que la Federación Rusa debe pagar compensaciones tanto a los Países Bajos, como al armador del buque, a Greenpeace, y a las personas damnificadas por los gastos incurridos y lucro cesante. Ahora falta otro fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos.
El conflicto se desató en 2013 cuando el gobierno ruso detuvo por “piratería” a 30 activistas de la organización, entre ellos dos argentinos Camila Speziale y el marplatense Hernán Pérez Orsi, que intentaban frenar la expansión petrolera en el Círculo Polar Ártico. Durante dos meses, Pérez Orsi y sus compañeros del buque de bandera holandesa “Artic Sunrize” estuvieron presos a la espera de que las gestiones diplomáticas y el apoyo internacional forzara su liberación, y a mediados de noviembre los argentinos consiguieron la libertad bajo fianza.
“Mas allá de observar lo que todos sabíamos, incluso el Ejecutivo de la Federación Rusa que no se había ajustado a derecho el procedimiento sobre el Arctic Sunrise y su tripulación, es más que remarcable la jurisprudencia creada con este concepto reconociendo el derecho que todos tenemos a reclamar en aguas internacionales. No solo actuamos de acuerdo a nuestra convicción sino también de acuerdo al derecho“, sostuvo Pérez Orsi tras conocer la resolución.
En el mismo sentido, Daniel Simons, asesor legal de Greenpeace Internacional, expresó: “Los gobiernos existen para defender el cumplimiento de la ley, no para actuar como fuerzas de seguridad armadas a favor de la industria petrolera. Este tipo de accionar no está limitado a las autoridades rusas; en todo el mundo activistas ambientales enfrentan serias amenazas e intimidaciones por parte de aquellos que quieren silenciarlos”.