Ante la polémica desatada en torno a la “Casita Azul” -histórico prostíbulo de Mar del Plata clausurado hace años-, que pese a estar aprobada su expropiación desde 2014 el presupuesto para pagarle a los dueños no llega por lo que en los últimos días decidieron ponerle un cartel de venta, la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar del Plata/Batán mostró su preocupación, volvió a reclamar a la Provincia el avance del expediente y colgó otro cartel con un mensaje bien claro: “No se vende”.
Desde la Mesa Interinstitucional contra la Trata expresaron este jueves su preocupación ante la intención de venta del inmueble situado en 20 de Septiembre 57, donde funcionó durante años el histórico prostíbulo Casita Azul, cuyos responsables fueron condenados años atrás por el delito de trata de personas y explotación sexual. Ante ello, colocaron un cartel que indica que el lugar “No se vende” y pidieron que la Provincia concluya el trámite de expropiación.
“Los lentos avances se sumaron a una desagradable sorpresa que tuvimos días atrás: el chalet apareció con un cartel de venta de una inmobiliaria local. De concretarse esta operación, se vería trunco el proyecto que desde este espacio ideamos: instalar allí donde decenas de mujeres atravesadas por situaciones de vulnerabilidad y pobreza fueron explotadas sexualmente, un centro marplatense de lucha contra la trata de personas, una casa memoria para recordar a las mujeres en situación de prostitución desaparecidas y asesinadas en la ciudad, un espacio de prevención y concientización para la juventud y la sociedad en su conjunto”, señalaron desde la Mesa.
Asimismo, recordaron que contemplan para que en el lugar funcionen oficinas de la Dirección de la Mujer del Municipio de General Pueyrredon, por las que hoy se pagan cuantiosos alquileres.
En este sentido, recordaron que en abril de 2014 fue sancionada en la Legislatura bonaerense la ley 14.592, a través de la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble. “Durante estos años hemos recorridas distintas vías administrativas para solicitar que el trámite de expropiación se concrete”, sostuvieron. La última información a la que se tuvo acceso es que el expediente se encuentra actualmente en la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. En noviembre de 2016 había sido girado al Ministerio de Economía con el objeto de obtener la partida presupuestaria específica para afrontar el gasto de la expropiación, pero hasta el momento no se concretó.