En el marco de una causa judicial iniciada hace más de tres años, la Justicia Federal procesó en las últimas horas a los responsables del reconocido boliche Sobremonte por el delito de asociación ilícita fiscal y a algunos de ellos también por “evasión tributaria simple” en concepto de más de $2 millones.
De acuerdo a la información oficial, el juez federal Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Nº 1, resolvió el procesamiento de diez personas -de las que por el momento no trascendieron sus identidades- por el delito de asociación ilícita fiscal: a cuatro de ellas en calidad de jefes y al resto como miembros. A su vez, decretó el procesamiento de tres por el delito de evasión tributaria simple por la suma de $2.092.842.
En la causa se investiga a los responsables de la explotación económica del Complejo Sobremonte por llevar adelante, entre 2003 a 2014, maniobras de evasión tributaria mediante la interposición de personas físicas y jurídicas con la finalidad de eludir el pago de tributos nacionales.
En la resolución del juez, se fijaron cauciones personales por la suma de $1 millón y de #100 mil pesos y se ordenaron embargos por la suma de $5 millones. También, se resolvió decretar la falta de mérito para uno de los acusados -ya que originalmente eran once- y el sobreseimiento por algunos períodos fiscales por aplicación de la ley penal más benigna.
En agosto de 2015 la fiscal Laura Mazzaferri, conjuntamente con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), habían solicitado que se citara a prestar declaración indagatoria a once imputados
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, la explotación económica del complejo Sobremontese se llevó a cabo “a través de una cuidadosa ingeniería compuesta por sociedades y personas físicas que actuaron como testaferros con el único propósito de encubrir a los dueños, quienes son los verdaderos beneficiarios del funcionamiento del lugar, evitando de este modo el cumplimiento de sus obligaciones impositivas”.
De acuerdo a la acusación, los organizadores de la operatoria colocaron delante de cada una de las unidades que integran el complejo –confiterías, bocas de expendio de bebidas, restaurantes, discotecas- a diversas sociedades creadas con el objetivo de “separar su funcionamiento de los verdaderos titulares”.
El accionar de los fiscales apuntó esencialmente a desentrañar la “comunión de intereses” entre quienes figuran a cargo de las concesiones y los señalados como propietarios del complejo Sobremonte. En este sentido, los resultados de los allanamientos llevados a cabo en Sobremonte y en el estudio contable (a cargo del asesoramiento), sumado a los coincidentes testimonios brindados por ex empleados –entre otros elementos del abundante caudal probatorio- permitieron establecer esa conexión existente entre los reales beneficiarios del complejo y las personas jurídicas que se interpusieron ante los organismos fiscales.
Uno de los aspectos que sobresalió en la pesquisa es la notable inconsistencia que surgió entre el perfil patrimonial y lo declarado ante el fisco por parte de los principales acusados.