Una menor desaparecida expone las falencias del sistema de protección
Se trata de una adolescente de 15 años que se encuentra en situación de calle tras haber abandonado los dispositivos de protección. La Justicia de Familia busca localizarla y pide que se le asigne un “acompañamiento no institucional”.
Una adolescente de 15 años que se encuentra en un estado de vulnerabilidad urgente, viviendo en situación de calle luego de haber abandonado los dispositivos de protección que ofrece el Estado, es buscada por estas horas por la Justicia de Familia, que ordenó la difusión de una foto y su caso para solicitar la colaboración de la sociedad. Además del pedido de averiguación de paradero, la jueza de Familia N°5, Clara Alejandra Obligado, le ordena al Municipio o a la Provincia que le asignen un “acompañamiento durante las 24 horas en un ámbito no institucional” y le pide a la sociedad que “colabore con el acompañamiento material de esta joven” mediante “el aporte económico para sostener una vivienda a fin que ella pueda allí alojarse juntamente con un operador ejecutivo, y evitar así la institucionalización”.
El caso trascendió oficialmente este jueves a partir de una resolución del Juzgado de Familia N°5, desde donde se difundió el caso para buscar ayuda y soluciones para la chica de 15 años expuesta a graves riesgos.
La menor, identificada como “V.M.S.”, se encuentra en situación de calle luego de haber abandonado los dispositivos de protección, “exponiéndose a graves riesgos, no solo de agresiones a sí misma sino a terceros y consumo de sustancias toxicas, sujeto pasivo de trata de personas y de absoluta y concreta vulneración de derechos”, según comunicaron desde la Justicia de Familia desde donde remarcaron la preocupación “por el grado de vulneración en el que se encuentra”.
Por cualquier información para aportar, comunicarse al número gratuito 102 o a los fijos 499-6622 y 499-6621
En concreto, la resolución de la jueza Obligado efectiviza la averiguación de paradero de la menor y libra oficios a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente además de autorizar la publicación de la foto de la joven.
Asimismo, dispone que, una vez localizada, el Municipio o la Provincia “asignen un acompañamiento operativo/técnico personalizado a fin que acompañe a la causante las 24 horas en un ámbito no institucional (inmueble locado a ese fin, dado en comodato al gobierno municipal y/o provincial a los fines indicados) imponiendo seguimiento de dicha convivencia por parte del Servicio Local de Niñez y Provincial, ello, en coordinación con el equipo técnico de este Juzgado de Familia”.
Además, la resolución exhorta a la sociedad “a fin que colabore con el acompañamiento material de esta joven con el aporte económico para sostener una vivienda a fin que ella pueda allí alojarse juntamente con un operador ejecutivo, y evitar así la institucionalización como también la ayuda en pagos del servicios y/o cualquier aporte siempre en coordinación con los Servicios de Protección Local y Zonal”.
La resolución de la jueza puntualiza sobre una “dura historia familiar”. “Desde lo simbólico-semiótico, podemos describir que V. cuenta con un expediente judicial de 1600 hojas que no han podido brindarle una respuesta apropiada a su situación particular, más allá de los intentos de todos los operadores que debo destacar hemos trabajo en conjunto (Poder Ejecutivo, Poder Judicial, familias alternativas, instituciones de salud)”, sostiene la jueza en el escrito, y agrega: “Hoy, paradójicamente, una adolescente de quince años se encuentra absolutamente expuesta a vulneraciones sociales, sanitarias, alimentarias, afectivas, habitacionales que afectan su desarrollo físico, psíquico e integral y lo peor, los operadores intervinientes somos fieles testigos de ese padecer”.
Asimismo, apunta: “No es posible que como Estado no contemos con las herramientas necesarias para lograr que V. deponga su actitud y voluntad de permanecer en la calle, voluntad de una adolescente que vulnera absolutamente sus derechos humanos fundamentales; su voluntad es la que la coloca en grave situación de riesgo”.
Y sobre la responsabilidad del Estado, insiste: “Se tienen que ejecutar las políticas públicas que merece V. por el sólo hecho de ser un ser humano, menor de edad, mujer, abandonada y maltratada, malquerida por su familia de origen, reabandona y mal querida por familias alternativas y es por eso que requiere del fortalecimiento de estas instituciones para efectivizar medidas de protección, gestionando redes intersectoriales locales, provinciales y hasta nacionales para el logro del propósito”.
