En el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal perpetrado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri contra familiares de víctimas de hundimientos como el ARA San Juan, el Repunte y el Rigel, este miércoles declararon en calidad de testigos, y a pedido del expresidente, los exfuncionarios de Cambiemos, Oscar Aguad y Fernando De Andreis. Se espera que se incorporen testimoniales de responsables de la Casa Militar de Presidencia, el diputado Cristian Ritondo y la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Ambos exfuncionarios se presentaron este miércoles antes del mediodía al juez subrogante de Dolores Martín Bava, quien continúa al frente de la investigación mientras se tramita un segundo pedido de recusación presentado por la defensa de Macri contra la competencia y el desempeño del magistrado.

Según informó la agencia de noticias Télam, los funcionarios respondieron preguntas tanto de la parte querellante representada por los abogados de los familiares, el abogado de Macri, Pablo Lanusse, y el juez.

En cuanto a las preguntas, la querella mayoritaria de los familiares encabezada por Valeria Carreras, cuestionó en un comunicado posterior a la audiencia que Aguad pareció haber “perdido la memoria” frente a la mayoría de las 24 preguntas que le hizo, y que, por el contrario, pareció muy preparado y predispuesto a responder las preguntas de Lanusse: “No solo recordaba sino que trajo dos papeles tipo nota atribuidos a familiares“, dijo y cuestionó la validez de las mismas.

En ese sentido, Carreras anticipó que solicitará que se tome declaración como testigo a José Luis Villán, el exjefe de la Armada, debido a la decisión de dar de baja los celulares de la tripulación que reconoció el propio Aguad, hecho que para la abogada “generó que se pierdan los archivos de las madres, esposas, padres, hermanas, una crueldad y un ocultamiento más de ese Gobierno”, señaló Carreras.

En lo que respecta a las declaraciones testimoniales, este jueves continuarán con las presentaciones de Alejandro Pablo Cecati, exjefe de custodia presidencial, y el ex y actual jefe de la Casa Militar de Presidencia, José Luis Yofré y Alejandro Daniel Guglielmi, ya que el expresidente sostuvo que se trató de tareas rutinarias de colaboración entre esa entidad y la AFI. Por su parte, las declaraciones de Caamaño y de Ritondo se darán de manera remota mediante el envío de una serie de preguntas del Juzgado.

Estos pedidos surgieron no solo de una solicitud de Macri sino también de un pedido de nuevas medidas de prueba por parte del fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, sobre todo para determinar y contextualizar cómo eran las actividades de seguridad presidencial durante y en la previa a la gestión de Macri. Por eso, para el representante del Ministerio Público era importante citar como testigos a las máximas autoridades de la AFI al menos desde el 2001 a la actualidad.

En cuanto a la continuidad de la causa, sobre todo en lo que respecta al pedido de recusación del juez, este viernes se realizará en Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata una audiencia en la que -antes de resolver si continúa en la causa- el camarista Alejandro Tazza escuchará los argumentos de la defensa del expresidente, aunque con presencia de los abogados querellantes Carreras y Luis Tagliapietra.

La recusación o no del juez -la segunda que presenta Macri- puede ser clave si se tiene en cuenta que tras haberle tomado declaración indagatoria, Bava tiene tiempo de procesarlo en la causa hasta el 18 de noviembre, aunque si luego de esa decisión la Cámara lo aparta, esas actuaciones quedaría anuladas.

Además, en paralelo, según publicó la agencia de noticias Télam, la defensa de Macri ya presentó al estudio del juez Ariel Lijo en los tribunales federales de Retiro un pedido para que la investigación pase a la órbita de Comodoro Py.