Desde el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad volvieron a denunciar una situación clara donde los derechos de este sector de la población son vulnerados: la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pese a las las protestas y los reclamos, continúa siendo un proceso larguísimo que, ante la falta de prórrogas ante el vencimiento, los priva de múltiples derechos y los deja sin poder satisfacer algunas de sus necesidades básicas.
Meses atrás, el 24 de septiembre, un grupo de personas autoconvocadas, acompañadas por organizaciones y profesionales, realizaron una concentración frente a la Municipalidad para visibilizar una situación delicada: denunciaban el recorte y la falta de juntas evaluadoras que validan los CUD, lo que hace que los trámites se extiendan en el tiempo y, además, la Agencia Nacional de Discapacidad dejó de dar prórrogas para la renovación de los certificados, por lo que al menos 2000 personas quedaron desprotegidas.
Pasaron las semanas, y los meses, y desde el Observatorio aseguran que al día de hoy la situación sigue siendo igual de grave. “Según las autoridades, tiende a normalizarse. Para nosotros, que no trabajamos en ningún área de Discapacidad del Municipio, no tenemos datos certeros pero somos muy escépticos porque se viene haciendo todo a cuentagotas. Nosotros nos manejamos con los testimonios de la gente, y la gente nos dice que sacan turnos y los mismos son a largo plazo. Nos preocupa mucho por la caducidad que tiene el certificado de discapacidad desde el mismo día en que finaliza”, señaló Gabriel Lalli, del Observatorio, en diálogo con QUÉ Digital.
En cuanto a la conformación de las juntas médicas evaluadoras, Lalli comentó que hay tres en funcionamiento. Una de ellas funciona en la Dirección de Discapacidad, otra en el Materno Infantil y otra en el CEMA, aunque todavía son muy recientes. Además de las demoras en la decisión política de conformarlas, hay que agregar las demoras propias de su conformación: “La junta evaluadora no puede ser integrada por cualquier médico, se necesitan capacitaciones. No cualquiera puede evaluar una discapacidad, eso lleva todo un proceso de cuatro a seis meses de preparación”, alertó.
En ese sentido, a estas demoras Lalli agregó las complicaciones y retrasos que implican las semanas de las fiestas y la retención de tareas que realizan los empleados municipales debido al conflicto con el gobierno local, lo cual estira todavía más los trámites y los perjudica. Sólo el personal jerárquico de las dependencias lleva adelante las tareas pero advierten que, lógicamente, es poco lo que pueden hacer.
“Todo esto demuestra que hay una lentitud en todos los trámites, pero a las personas con discapacidad nos afecta mucho más, no podemos esperar. Además de la lentitud, ya no entregan más prórrogas y la gente no puede renovar los certificados. Por los distintos casos que nos llegan, muchas personas tardan entre tres y cuatro meses para poder renovarlo, con suerte.
Mientras tanto, tanto el Observatorio como el resto de las personas que se autoconvocaron, continúan peleando por un pliego de reivindicaciones con el que buscan que efectivamente los derechos de las personas con discapacidad dejen de ser vulnerados: “Los funcionarios dirán que esto no es así. Dirán que tienen la solución para todo, como siempre, pero la realidad es que la solución no aparece para nadie”.