En el marco del conflicto laboral, este martes se realizó una ruidosa protesta y radio abierta en las puertas de la AM LU9 con el objetivo de visibilizar el incumplimiento del empresario Florencio Aldrey Iglesias, que sigue pagando a las y los trabajadores de la radio la mitad del sueldo desde abril, en el marco de la pandemia por el coronavirus.
La protesta y radio abierta fue organizada por los gremios nucleados en la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (Cositmecos) y se realizó en la puerta de la radio, en Yrigoyen 2641, donde también se repartieron folletos para dar a a conocer la situación que está afectando a 23 familias.
“Mientras miles la pasan mal, él (Aldrey Iglesias) toma ventaja de la pandemia para quitarle dinero a sus trabajadores”, expresaron a través de folletos que distribuyeron en la calle.
Cabe recordar que en la quinta audiencia el Ministerio de Trabajo sancionó a la empresa y de esta forma le dio la razón al reclamo de las y los trabajadores que se desempeñan en la radio. Tal como vienen denunciando, siguen en estado de alerta “ante el incumplimiento de Difusora Austral SA, que aún no abona el 50% de los salarios de abril y mayo”.
El conflicto comenzó en marzo –apenas se inició la cuarentena obligatoria para prevenir la propagación del coronavirus- cuando Aldrey Iglesias instó a los trabajadores de sus medios a firmar acuerdos para concretar una rebaja salarial. Actualmente solo los trabajadores y trabajadoras de LU9 (AM 670) siguen cobrando el 50% de sus sueldos, teniendo en cuenta que en los otros medios el empresario obtuvo el beneficio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), a través del cual el Estado complementa el pago de los haberes.
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En este caso, la empresa que encabeza el conflicto y que tiene a cargo la radio es Radiodifusora Austral. El Ministerio de Trabajo dispuso sancionarla por las irregularidades en el pago de los sueldos. Y, según explicaron los gremios, también podrían multar a Editorial La Capital SA, controla el resto de los medios, por “haber pretendido hacer valer instrumentos de reducción salarial que no tienen validez”.