Luego del acuerdo alcanzado por el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, y la defensa de los empresarios acusados de estafar al Estado en la causa denominada “Choferes fantasmas”, el propio Ministerio de Transporte de la Nación comunicó su aval a la resolución del caso impulsada por el Ministerio Público Fiscal -con algunos cambios en los requisitos- por lo que ahora solo resta conocer si el tribunal a cargo convalida o rechaza la “probation” o suspensión del juicio a prueba acordada con la que el polémico empresario Juan Inza evitaría ser condenado por defraudación.

La Secretaría de Articulación Interjurisdiccional -área competente en torno a los subsidios que otorga el Ministerio- presentó esta semana ante el Tribunal su decisión de avalar -aunque con algunos cambios en los requisitos a cumplir- el acuerdo al que llegó la fiscalía con la defensa de los empresarios que estafaron al Estado por 16 millones de pesos a través del cobro de subsidios indebidos, al entender que se está ante una “reparación” del daño causado.

La postura del Ministerio de Transporte que conduce Alexis Guerrera se esperaba desde la audiencia llevada a cabo el pasado 23 de marzo en Mar del Plata, en la que los acusados -que además de Inza son Diego Basílico, Carlos Málaga y Federico Pomero– se encaminaron a dejar atrás la acusación de la fiscalía para evitar llegar a juicio y ser condenados, algo fundamental para el futuro nuevo pliego de licitación del servicio en Mar del Plata.

Finalmente, el pasado 4 de abril los acusados comparecieron ante la Secretaría del Tribunal, donde fueron notificados de la conformidad del Ministerio de Transporte –al mismo que estafaron en 2016- respecto a la suspensión del juicio a prueba “siempre y cuando se cumpla con los requisitos” allí descriptos.

Esos “requisitos” del acuerdo de “probation” impulsado contienen algunas modificaciones pedidas por el Ministerio de Transporte en función de lo inicialmente estipulado por Pettigiani, fundamentalmente en torno al ofrecimiento empresarial de construir tan sólo “diez garitas de colectivos en dos años”.

“La forma de compensación ofrecida por los imputados tampoco resulta satisfactoria, dado que no es posible imputar al Fideicomiso del que partieron los montos injustamente percibidos por la transportista el valor de las obras que ofrecen en concepto de reparación; el que, por otro lado, resulta muy difícil de cuantificar”, sostuvo el Ministerio para descartar ese ítem ya que planteó que eso lo veda de un “análisis de utilidad pública de las obras propuestas, por lo que resultaría en un empleo de recursos de dudosa justificación frente a cualquier control o auditoría a la que fuese sometido”.

De esta manera, en cambio, pidió que los montos cobrados indebidamente por los empresarios -ya que increíblemente pese a lo afirmado en el acuerdo por el propio fiscal todavía no fueron recuperados por el Estado en su totalidad- y los intereses actualizados “sean retenidos de las compensaciones tarifarias (subsidios) que el Ministerio liquida a la Provincia de Buenos Aires respecto de las empresas involucradas en la investigación penal” en un liquidación total que deberá ser confeccionada por el Ministerio.

Asimismo, desde la dependencia plantearon que para “asegurar la reparación íntegra del perjuicio fiscal” será “condición necesaria que cada uno de los imputados en la causa penal, potenciales beneficiarios del juicio abreviado, resulten obligados solidarios, sin beneficio de excusión” así como también establecer que “las empresas involucradas no podrán transferir los servicios a terceros sin que quede saldada la deuda que se determinare”

Por otro lado, y en función de lo impulsado por la fiscalía, el acuerdo implicaría -además del pago de 300 mil pesos a uno de los damnificados presentados como querellantes- el cumplimiento por parte de los acusados de una serie de pautas de conducta como no cometer nuevos delitos –Inza está imputado en una investigación por encubrimiento en la Justicia provincial- , fijar residencia en Mar del Plata, someterse al control del Patronato de Liberados y presentarse cada cuatro meses y “abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas”, según estipula el acta.

Conocida la postura del gobierno nacional, desde la Casa del Trabajador –querellante en la representación una de las víctimas de la cual se usaron los datos personales para ser dado de alta en las empresas- adelantaron que “seguirán insistiendo en impedir que este grave hecho delictivo que afectó a centenares de trabajadores y a todos los usuarios del transporte quede impune”.

Ahora, tras la conformidad expresa del Ministerio de Transporte, solo resta que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se exprese al respecto y defina si convalida o no el polémico acuerdo alcanzado entre la fiscalía y los empresarios, con los cambios pedidos por el área de Transporte.

CHOFERES FANTASMAS: LA DEFRAUDACIÓN AL ESTADO

En la causa quedó acreditado tras más de cinco años de investigación que Inza, Basílico, Pomero y Málaga, estafaron a la administración pública nacional, concretamente al Ministerio de Transporte, ya que cada uno, en su rol de dirección, gestión, administración o trabajo en las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, Peralta Ramos y El Libertador intervinieron en la maniobra por medio de la cual se cometió la defraudación por un monto aproximado a $16 millones en 2016.

Los investigadores concluyeron que los cuatro acusados desplegaron una maniobra “consistente en inscribir ante distintos organismos públicos –especialmente ante la AFIP- a distintas personas como choferes en relación de dependencia de esas empresas, para las cuales o bien no prestaban funciones, o bien no lo hacían de forma registrada y en ese categoría”, según se desprende de la causa.

En general, se trataba de personas que habían dejado sus currículum en busca de trabajo en esas empresas y que, en buena parte, se encontraban desocupadas.

Así, a través de las falsas altas del vínculo laboral lo que pretendían los empresarios era hacer incurrir en el error al Ministerio de Transporte para que “en la falsa creencia de que dichas firmas cumplían con los requisitos para ser destinatarias de las compensaciones complementarias, autorizara y transfiriera a dichas firmas los importes correspondientes a estos subsidios”.

Se trataba justamente de un subsidio implementado por primera vez para aquellas empresas de transporte público de zonas turísticas, durante la temporada de verano, que hubiesen incrementado en determinado porcentaje (superior al 20%) la cantidad de choferes para cubrir las necesidades de móviles y frecuencia durante las vacaciones.

Hasta lo que llegó a ser comprobado por la Justicia, a través de las cuatro empresas se inscribieron fraudulentamente a al menos 357 personas como empleados.