Choferes fantasmas: tras el acuerdo, una audiencia y cuarto intermedio
La postura del Ministerio de Transporte de la Nación será clave para la convalidación o no de la “probation” en favor de los empresarios.
A dos días de la firma del acuerdo entre el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani y la defensa de los cuatro empresarios del transporte en la causa “choferes fantasmas” por medio del cual se impulsa la resolución del caso a través de una suspensión del juicio a prueba (o probation) que derivaría en la no imposición de condenas, este viernes se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en la que se resolvió pasar a un cuarto intermedio para que en un plazo de cinco días el Ministerio de Transporte de la Nación, en su rol de querellante, se manifieste a favor o en contra del acuerdo que, justamente, está “supeditado” a esa postura.
Tal como informó Qué digital, el miércoles la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal, a cargo de Juan Manuel Pettigiani, expuso a través de la firma de un acuerdo con el empresario Juan Inza –que prácticamente monopoliza el sistema de colectivos en la ciudad- y otros dos empresarios y un contador su intención de desistir de la realización del juicio a través de la aplicación de una “probation” por dos años que implica que en ese tiempo los acusados deben cumplir una serie de reglas de conducta y medidas reparatorias para luego ser sobreseídos y así evitar una condena.
En el acta firmada entre el fiscal y los acusados –que además de Inza son Diego Basílico, Carlos Málaga y Federico Pomero– se dejó asentado que el acuerdo quedó “supeditado a la conformidad del Ministerio de Transporte de la Nación, parte querellante en el proceso, quien dará su conformidad a la suspensión de juicio a prueba acordado en la audiencia fijada oportunamente”.
Tras la firma de ese acuerdo el miércoles, para este viernes el Tribunal Oral Federal convocó a las partes a la audiencia, a la que por disposición del juez Fernando Machado Pelloni no se permitió el ingreso de la prensa.
El abogado querellante de la Casa del Trabajador, Julio Hikkilo –en representación de una de las víctimas de quien fueron usados sus datos para ser dados de alta como trabajador-, explicó que allí desde su rol rechazaron los términos del acuerdo, al que cuestionaron fuertemente, e insistieron en la necesidad de que se avance hacia un juicio oral para aplicar una futura condena a los acusados.
Además, el abogado explicó que el Tribunal accedió a pasar a un cuarto intermedio por cinco días para que sea entonces cuando los representantes del Ministerio de Transporte de la Nación manifiesten su postura favorable o en contra del acuerdo.
En ese sentido, el abogado destacó que será fundamental la postura que adopte el gobierno nacional al que pidieron que acompañe el rechazo al acuerdo.
De esta manera, tras el cuarto intermedio se espera que la semana que viene la querella termine de brindar su postura y luego que el Tribunal Oral Federal convalide o rechace el acuerdo, que en caso de avanzar permitiría a Inza y al resto de los empresarios evitar un juicio y una condena.
Un dato no menor a tener en cuenta es que en el nuevo pliego para volver a licitar el sistema de colectivos en Mar del Plata –hoy prácticamente monopolizado por Inza- el gobierno municipal había incluido una cláusula que especificaba que no podrían participar del proceso empresarios con condena firme, por lo que este acuerdo y la “probation” terminarían por allanarle el camino a Inza para poder volver a presentarse para seguir explotando el servicio. De todas maneras, el nuevo pliego con cambios aún debe ser elevado por el gobierno al Concejo Deliberante.
A la hora de tomar la decisión de firmar un acuerdo con los empresarios acusados para aplicar la suspensión del juicio a prueba y evitar que recaiga sobre ellos una condena –que en un futuro podría complicar su permanencia a cargo del servicio en Mar del Plata-, el fiscal Pettigiani consideró cuatro elementos principales.
El primero fue que en caso de recaer en un juicio una condena sobre los acusados la misma “sería de ejecución condicional”, es decir con penas menores sin ir a prisión. El segundo argumento es que a fines del año pasado el Ministerio de Transporte de la Nación informó que el perjuicio patrimonial sufrido por el Estado por la maniobra empresa “ha sido reparado en tanto que recobró los montos percibidos en exceso“.
El tercer punto es que los acusados llegaron a acuerdos económicos en el fuero laboral de entre $120 mil y $200 mil con algunas de las personas desempleadas, quienes en su momento fueron usadas por los empresarios para inscribirlas como choferes y por ello perdieron distintos beneficios sociales con los que contaban. Y ofrecen el pago de $300 mil a uno de los damnificados presentados como querellantes en la causa en caso de homologarse el acuerdo. Como cuarto punto, el fiscal también valoró como positivo que los empresarios ofrecieran a favor del Estado la construcción de diez garitas de colectivos en dos años.
LA DEFRAUDACIÓN AL ESTADO
En la causa quedó acreditado tras más de cinco años de investigación que Inza, Basílico, Pomero y Málaga, estafaron a la administración pública nacional, concretamente al Ministerio de Transporte, ya que cada uno, en su rol de dirección, gestión, administración o trabajo en las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, Peralta Ramos y El Libertador intervinieron en la maniobra por medio de la cual se cometió la defraudación por un monto aproximado a $16 millones en 2016.
Los investigadores concluyeron que los cuatro acusados desplegaron una maniobra “consistente en inscribir ante distintos organismos públicos –especialmente ante la AFIP- a distintas personas como choferes en relación de dependencia de esas empresas, para las cuales o bien no prestaban funciones, o bien no lo hacían de forma registrada y en ese categoría”, según se desprende de la causa.
En general, se trataba de personas que habían dejado sus currículum en busca de trabajo en esas empresas y que, en buena parte, se encontraban desocupadas.
Así, a través de las falsas altas del vínculo laboral lo que pretendían los empresarios era hacer incurrir en el error al Ministerio de Transporte para que “en la falsa creencia de que dichas firmas cumplían con los requisitos para ser destinatarias de las compensaciones complementarias, autorizara y transfiriera a dichas firmas los importes correspondientes a estos subsidios”.
Se trataba justamente de un subsidio implementado por primera vez para aquellas empresas de transporte público de zonas turísticas, durante la temporada de verano, que hubiesen incrementado en determinado porcentaje (superior al 20%) la cantidad de choferes para cubrir las necesidades de móviles y frecuencia durante las vacaciones.
A través de las cuatro empresas se inscribieron fraudulentamente a 357 personas como empleados.
