La empresa Worldcoin, que desde hace unos meses realiza un escaneo de ojos en Mar del Plata por datos biométricos a cambio de criptomonedas, fue objeto de nuevos cuestionamientos con una imputación recibida por parte del gobierno provincial: podría recibir una multa de $1.000 millones por establecer cláusulas abusivas con las personas usuarias.

Mar del Plata, al igual que otras grandes ciudades del país es uno de los puntos en los que la empresa Worldcoin ofrece criptomonedas u otro tipo de “beneficios” no siempre especificados a cambio del escaneo del rostro o de ojos y la instalación de una aplicación de celulares, sin certezas en cuanto a para qué quieren o para qué usan esos datos biométricos de las personas.

Esa situación no del todo clara generó dudas y planteos a nivel político en Mar del Plata, con pedidos de explicaciones desde la oposición en torno a la habilitación de la firma y una defensa prácticamente a ciegas por parte del gobierno de Guillermo Montenegro argumentando que “lo que no está prohibido está permitido”.

El gobierno de la Provincia, en cambio, está en alerta por las acciones que lleva adelante la empresa y, tras una intimación para que brinden explicaciones, esta semana se conoció que imputaron a las empresas desde la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores por presuntas cláusulas abusivas.

Al respecto, desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica informaron que detectaron que, frente a las personas que son escaneadas, la empresa incluye cláusulas abusivas en los contratos de adhesión denominados “Términos y condiciones”, “Aviso de privacidad” o “Formulario de consentimiento de datos”. Por ejemplo, obligan a las personas usuarias a renunciar a reclamos colectivos y establece la normativa aplicable del paraíso fiscal de Islas Caimán con arbitraje de Estados Unidos “infringiendo lo establecido expresamente por el Código Civil y Comercial de la Nación”.

Asimismo, desde la Provincia informaron los resultados de la intimación realizada meses atrás, luego de la cual afirman que la empresa “no respondió satisfactoriamente” y que incluso incurrió en “contradicciones” al explicar sus actividades y lo recolectado por agentes provinciales en fiscalizaciones en distintos municipios: por ejemplo, no encontraron señalización respecto al requisito de ser mayor de 18 años para ser escaneado.

“Cabe preguntarse si los datos biométricos se almacenan o si son eliminados en forma inmediata, si hay bases de datos donde quedan guardados y dónde se almacenan los datos personales de las y los usuarios de la Argentina”, cuestionó Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, organismo del que depende la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores.