A 22 años, un corte para reivindicar “la solidaridad activa” de Kosteki y Santillán
Organizaciones de izquierda protagonizaron un corte parcial en la avenida Monseñor Zavala en un nuevo aniversario de la “Masacre de Avellaneda”.
A 22 años de la denominada “Masacre de Avellaneda” pero con reclamos actuales, organizaciones piqueteras protagonizaron un corte parcial en avenida Monseñor Zavala con el objetivo de reivindicar “la solidaridad activa” de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los militantes de organizaciones sociales asesinados por la Policía en 2002.
Distintas organizaciones de izquierda como el Movimiento Teresa Rodríguez, la Convocatoria Segunda Independencia y el Frente Social Miguel Roldán realizaron este miércoles una jornada de manifestación en avenida Zavala y Beruti, a la altura de la sede de Apand.
La jornada se realizó en un nuevo aniversario de lo que denominan la “batalla de Avellaneda”, donde murieron dos militantes que se manifestaban en contra el deterioro de las condiciones de vida proporcionadas por los gobiernos de las décadas previas y que continuaron post estallido del 2001.
Sin embargo, no faltaron los reclamos actuales durante la jornada: “Nos encontramos en un contexto de ataque por parte del gobierno a las formas de organización y de lucha que lxs trabajadorxs hemos construido a lo largo de nuestra historia, intentan ponernos un marco “legal” de cómo y cuándo podemos manifestarnos, ante eso la dignidad se vuelca a la calle y enfrenta a las fuerzas represivas, como sucedió en el Congreso ante la votación de la Ley Bases”, expresaron en un comunicado.
En ese sentido, recalcaron la reivindicación de “la solidaridad activa” de los caídos, como también de “las formas y métodos de la clase obrera”, al tiempo que denunciaron las continuidades respecto a lo vivido en 2002: “Poco ha cambiado, nos siguen hundiendo en la pobreza y la miseria mientras un pequeño grupo se llena los bolsillos saqueando nuestros bienes comunes”.
De la misma manera, en el centro de Mar del Plata organizaciones como el Polo Obrero y las que integran el Frente de Lucha Piquetero, tienen previsto llevar adelante su propio acto, centrado en el pedido de libertad a los presos políticos. “Luchar no es delito“, manifiestan.
Como parte de la manifestación, denunciaron no solo la “impunidad” de quienes caracterizan como los responsables de los asesinatos de 2002, sino también la coyuntura actual, con índices sociales que incluso se asemejan a los registrados a principios de siglo y con un ataque deliberado hacia las organizaciones piqueteras.
“Esta movilización se realiza en el marco de un gobierno que tiene como política hambrear a la población trabajadora y los jubilados para entregar todos los recursos al FMI y las corporaciones internacionales”, expresaron y denunciaron que estas políticas además, son acompañadas por “represión, persecución y encarcelamiento de quienes luchan y denuncian este ajuste”.
Maximiliano Kosteki, de 25 años e integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Guernica, y Darío Santillán, de 21 y dirigente de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón, fueron asesinados el 26 de junio de 2002 en inmediaciones de la estación ferroviaria de Avellaneda en el marco de una brutal represión en la que la Policía Bonaerense disparó balas de plomo contra quienes reclamaban trabajo digno, alimentos y programas de trabajo en el contexto de la crisis económica y social que siguió al estallido social de 2001.
El crimen se produjo a partir de un operativo policial preparado especialmente para impedir el corte de organizaciones del Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Dos policías, Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, fueron los autores materiales del homicidio y en 2006 fueron condenados a prisión perpetua. Por su parte, otros seis policías recibieron penas de entre cuatro años y diez meses de prisión.
La causa que investiga las responsabilidades políticas -considerando que entonces el gobernador era Felipe Solá y el presidente, Eduardo Duhalde-, en tanto, se tramita en los tribunales federales de Retiro. La misma fue archivada en 2010 y desarchivada en 2014 a pedido de los familiares de las víctimas.
