El corte total por parte del gobierno nacional en la entrega de alimentos para comedores que forman parte del trabajo territorial de organizaciones sociales derivó en un conflicto que continúa escalando con un escándalo en el Ministerio de Capital Humano en base a productos que están próximos a vencerse arrumbados en depósitos, despidos de funcionarios y allanamientos. Mientras tanto, desde Mar del Plata trabajadores que mantienen sus puestos en medio de la incertidumbre por los despidos advierten que no llegan respuestas y que “la demanda va en aumento”. Hasta diciembre era 260 los comedores asistidos por el Centro de Referencia (CDR) local.

Mientras en medio de la profunda crisis las organizaciones sociales continúan con los reclamos al gobierno de Javier Milei para que se retome el sistema de entrega de alimentos que eran destinados a comedores barriales, el conflicto escaló a finales de la semana pasada. Es que en medio de una investigación judicial iniciada por alimentos arrumbados en galpones del Ministerio de Capital Humano el gobierno salió a reconocer la existencia de alimentos próximos a vencerse y dispuso echar a quien era hasta ahora el secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre.

El jueves, mientras organizaciones sociales y espacios comunitarios volvían a cuestionar desde Mar del Plata la política alimentaria del gobierno nacional, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello echó a De la Torre después de haber reconocido en un comunicado oficial la existencia de alimentos de próximo vencimiento arrumbados en depósitos de Villa Martelli (Vicente López) y de Tafi Viejo (Tucumán). También lo acusaron por sospechas sobre contratos firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Desde el Ministerio dijeron haber decidido “limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería” y anunciaron que ahora sí se pondría en marcha “un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento” pero por medio del Ejército “para garantizar una logística rápida y eficiente”.

Las respuestas del gobierno llegaron después de que el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, Sebastián Casanello, ordenara que la dependencia presentara el listado de stock de productos y un plan para su distribución como parte de una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois contra Pettovello. Y, como si fuera poco, este sábado el juez ordenó un allanamiento en el Centro Operativo Villa Martelli mientras que su par tucumano, José Manuel Díaz Vélez, dispuso la misma medida en el galpón de Tafí Viejo de Tucumán, según informó Somos Télam.

En medio de todo ese escándalo, trabajadores del desmantelado Centro de Referencia (CDR) de Mar del Plata expusieron que hasta diciembre eran 260 los comedores de la ciudad que recibían alimentos del por entonces Ministerio de Desarrollo Social. Sin ir más lejos esa entrega era la que generaba periódicas protestas ante demoras, incumplimientos o nuevos pedidos.

Desde el CDR, sus trabajadores detallaron que los comedores afectados por el corte pertenecen a organizaciones sociales, iglesias, ONGs y asociaciones civiles al tiempo que subrayaron que en la actualidad “como pueden y aún siendo estigmatizados tratan de seguir garantizando el alimento a la comunidad más castigada”.

“Somos testigos primordiales de la falta de políticas públicas”, enfatizaron no solo porque se ven directamente afectados por las oleadas de despidos sino porque plantearon que observan “que todos los días se acercan personas individuales o representando a comedores para pedir alimentos en el CDR Mar del Plata”.

“Más allá de que no hay respuestas, la demanda va en aumento. Cada vez son más las personas que afectadas por la crisis se acercan a los comedores de nuestra ciudad, cada vez son más las familias marplatenses que necesitan que el Estado les garantice un plato de comida”, plantearon.

Tal como ya habían expuesto tiempo atrás cuando reclamaban contra el anunciado cierre del CDR por parte del gobierno nacional -que por ahora costó casi la mitad de los puestos de trabajo del sector-, reiteraron que son 33 mil familias de Mar del Plata y Batán las que eran alimentadas en los comedores a los que hasta diciembre llegaba la asistencia del Estado nacional.