Durante la pandemia de coronavirus una de las tantas situaciones de pauperización que quedó expuesta tiene que ver con las personas y familias que alquilan la vivienda que habitan. La caída de los ingresos agudizada por las restricciones sanitarias dejó a inquilinos en una situación de extrema vulnerabilidad ante la posibilidad de quedar en la calle por no poder pagar el alquiler y motivó un congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos que se levantó cuando la situación socioeconómica no había experimentado mejoras sustanciales, por lo que generó críticas y preocupación, también en Mar del Plata.

Esa situación generó el surgimiento de organizaciones de inquilinos en busca de visibilizar un problema habitacional poco abordado -o bien analizado desde una perspectiva de mercado- y una de ellas fue Inquilines Mar del Plata, quienes en los últimos meses realizaron una encuesta que arrojó, entre otros datos, que el 60% de los ingresos mensuales son utilizados para pagar el alquiler, o que alrededor del 35% se encuentra en riesgo de ser desalojado. 

Entre los meses de mayo y julio, Inquilines Mar del Plata concretó la encuesta en colaboración con el Instituto de Acción y Pensamiento Interdisciplinario (IAPI), que abarcó principalmente a las viviendas unifamiliares en alquiler, con el objetivo de discutir la problemática desde la perspectiva de los derechos ciudadanos, es decir, “en contraposición con el concepto de propiedad inmueble, dominante en las discusiones y las políticas de vivienda desde hace décadas en nuestro país y la mayoría de las sociedades capitalistas del mundo”.

En el caso puntual de la vivienda en Mar del Plata y Batán, el abordaje “monolítico” de la problemática no fue la excepción: en torno a la carencia de unidades habitacionales para propiedad individual. Esto genera, sostienen, que las únicas políticas al respecto sean las de construir más viviendas, “desestimando otras opciones y recursos para afrontar la problemática como, por ejemplo, el de la distribución, la ociosidad, la distribución de la tierra fiscal, el derecho al hábitat y a la ciudad“, entre otros.

En ese marco, advierten que la lógica utilizada por el estado “no es azarosa” y que se inscribe en un modelo habitacional que tiende a transferir recursos y políticas al sector privado, “subsidiando con ello la burbuja inmobiliaria que azota nuestro distrito e impulsa en forma indiscriminada la compra-venta y demolición de casas de enorme valor patrimonial”, señalaron, en coincidencia con lo planteado por el Colegio de Arquitectos.

Todo ello genera una creciente demanda de la vivienda para propiedad y, sin soluciones de fondo, genera aumento de precios e “internacionalización” del valor del metro cuadrado, como también la “inquilinización”, hacinamiento, urbanización de la pobreza, expulsión, desplazamientos masivos, segregación social y una “pérdida del derecho al hábitat y a la ciudad” de núcleos poblacionales cada vez mayores.

El abordaje mercantilista del problema habitacional, sostienen, es la principal razón por la cual se da “el proceso más importante de expulsión e inquilinización registrado hasta el momento en General Pueyrredón” y, a pesar de ello, lamentan que hasta el momento no se hayan generado políticas tendientes a mejorar una situación alternativa para paliar el acceso a la vivienda, como el alquiler.

ALQUILAR EN MAR DEL PLATA: DEUDAS, INFORMALIDAD E INSEGURIDAD HABITACIONAL

A la hora de divulgar los resultados del estudio realizado por la organización, aseguran que muchos de ellos evidencian lo que denuncian desde hace tiempo, aunque también hay otros tantos que resultan “sorprendentes”. En general, las situaciones que rodean al alquiler en Mar del Plata, sostienen, son “alarmantes”. 

Entre los números del relevamiento que destacaron, señalaron que la franja etaria dominante entre los encuestados estuvo entre los 29 y los 50 años, con el 70,5%, seguido por jóvenes entre 21 y 28 años, en su mayoría estudiantes universitarios que llegan desde otras ciudades por la oferta educativa disponible.

En general, quienes alquilan se mueven dentro de la denominada economía formal: trabajadores y trabajadoras mensualizadas, en relación de dependencia y/o cuentapropistas, englobando al 81% del padrón.

Por otro lado, teniendo en cuenta que quienes alquilan son en un altísimo porcentaje grupos familiares, el 70,9% de las personas encuestadas ocupa unidades habitacionales de 2 y 3 ambientes, es decir, espacios en donde se registran índices del orden del 2,5/3 personas por habitación, un nivel de “hacinamiento medio”.

En cuanto a la localización de los alquileres, la muestra no está concentrada en el micro y macrocentro, lo que es interpretado por Inquilines como un parte de un “proceso de expulsión radial del centro hacia zona oeste, sur o norte”, principalmente por falta de oferta disponible para alquilar, los costos o exigencias imposibles de cumplir.

La denominada “inseguridad habitacional” es otro de las grandes preocupaciones de la organización y tiene que ver con la vulnerabilidad de quienes pueden perder la vivienda que alquilan. En ese sentido, señalaron que más de un tercio no tiene a dónde ir una vez que finalice el contrato o directamente corre riesgo de desalojo por meses impagos. De ese 35,4%, el 25% está en esa situación por recisión del contrato, y el 10,4% porque no puede pagar el alquiler. A su vez, indicaron que el 10,9% de ese grupo representa a mujeres solas con personas a su cargo.

Frente a esa situación y ante uno de los principales reclamos que impulsó el sector en la pandemia, señalaron que prácticamente la totalidad del universo encuestado desconocía de instituciones o entes estatales disponibles para la asistencia del sector: “Da cuenta del desamparo en el que vivimos marplatenses y batanenses al momento de acceder a la vivienda como locatarios”, manifestaron.

Otro punto de la “inseguridad habitacional” pasa también por las condiciones del inmueble y los incumplimientos de los contratos por parte de los dueños (los contratos a dueño directo son el 52%), lo cual también asoma como un problema recurrente al menos para el 60,9% de los encuestados.

Los incumplimientos se ven, también, en los altos índices de informalidad: casi el 80% declara no tener contrato certificado y/o declarado, no tener contrato de ningún tipo, o tener contrato, pero retenido por la inmobiliaria, por lo cual abundan los pagos en efectivo y no bancarizados.

El poder adquisitivo y el proceso inflacionario también influyen fuertemente en la calidad de vida de las y los inquilinos al punto que, en promedio, destinan en promedio un 57,9% de sus ingresos al pago mensual del alquiler, con todo lo que eso implica al dejar poco más del 40% para afrontar el resto de los gastos diarios.

Este punto se relaciona directamente con el nivel de vida general en la ciudad y los ingresos que perciben los marplatenses: a pesar de que gran parte de los encuestados forman parte de la “economía formal”, el 38% de los inquilinos tiene ingresos menores a 30 mil pesos (es decir, al borde de la indigencia) y el 33% paga mensualmente más de 20 mil pesos de alquiler.