Las condiciones en las que habitan personas privadas de su libertad en distintas cárceles del territorio provincial es foco de análisis y denuncia hace tiempo por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y por eso en los últimos días fue presentado un nuevo informe que describe el servicio de alimentación actual en Batán y en el resto de las unidades penitenciarias al que califica como una forma más de “tortura penitenciaria”.

En los últimos días, la cárcel de Batán fue noticia por la causa que se inició contra un profesional de la salud detenido por abusar sexualmente de jóvenes internos a cambio de drogas en el servicio de sanidad. Se trata de solo una de las cuestiones que hacen a las condiciones en las que acceden a servicios básicos quienes atraviesan un proceso penal.

En ese sentido, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que hace las veces de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, elaboraron un informe sobre las condiciones de acceso a la alimentación en Batán y el resto de la provincia basado en documentación oficial, relevamientos de cocinas y depósitos y entrevistas a internos, entre los que se encontraron 39 entrevistas en la Alcaidía Penitenciaria, la Unidad Penal 50 y Unidad Penal 15 de Batán.

Entre las conclusiones del informe -que aseguran abarcó las condiciones de alimentación del 87% de la población carcelaria bonaerense- resaltaron que el acceso a la alimentación actualmente se realiza de manera tercerizada mediante empresas privadas y a través de dos sistemas, uno a granel y otro de racionamiento asistido.

En el caso del sistema a granel, se da generalmente en cárceles del interior y a cargo de empresas “cartelizadas” según la CPM como Dasem SA, Fransro SRL, Olazul SA y San Labrador SRL. El sistema, específicamente, consta de la provisión en grandes cantidades de comida cocida o cruda para cocinar en cocinas que generalmente “no cuentan con las medidas de seguridad o limpieza adecuadas”, con un control deficiente de la calidad y cantidad de las raciones.

El otro sistema  es de “racionamiento asistido”, se realiza mediante viandas y está presente en la mayoría de los establecimientos penitenciarios. Comenzó a expandirse desde 2022 provisto por las empresas Cook Master SRL, Servicios Integrales de Alimentación (SIAL) SA, Compañía Integral de Alimentos SA (Ciasa) y Belclau SA.

La expansión de ese sistema fue propiciada desde 2021, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inscribió la organización del servicio de alimentación en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de obtener financiamiento internacional para “transformar el Servicio Penitenciario” con un nuevo sistema alimentario y perfeccionar el régimen de contrataciones.

Así, más allá de las dos modalidades de alimentación, aseguran que hasta el momento ninguna de ellas significó una “transformación sustantiva” del sistema. Eso lleva, por ejemplo, a que sean las propias familias de los internos las que garanticen una alimentación correcta de sus familiares privados de la libertad, con todo lo que implica movilizarse hacia los penales. Además, relevaron la inexistencia de dietas específicas para personas embarazadas en las tres unidades penales que alojan a mujeres en Bahía Blanca, Batán y Azul y una provisión parcial de dietas para personas con enfermedades crónicas.

Ese presente alimentario, por ejemplo, es el que había llevado a personas privadas de su libertad en la Unidad Penal 15 a organizarse y autoabastecerse de comida a través de la Cooperativa Liberté, hoy paralizada por acciones judiciales.

Además, tal como sucede en otras dependencias provinciales, desde la CPM enfatizaron que la entrega de alimentos está tercerizada con empresas privadas que no aportan viandas con valor nutricional suficiente o con incumplimientos sin un control efectivo de las autoridades o del propio PNUD.

Respecto a la participación de empresas privadas, fueron críticos sobre todo ante la falta de controles al cumplimiento de las distintas partes del pliego a pesar de las millonarias inversiones: “La tercerización de una obligación pública en empresas privadas no suele aumentar los beneficios para los usuarios, ya que el principal interés de aquellas es la maximización de sus ganancias, la cual no necesariamente se correlaciona con un buen servicio; y al contrario, a veces se logra gracias a un mal servicio. Esto se confirma en el caso del servicio de alimentación del Servicio Penitenciario Bonaerense”, sostuvieron.

“La principal conclusión que puede extraerse de los relevamientos realizados durante 2023 es que ninguno de los sistemas garantiza un acceso pleno a la alimentación, y perdura en las cárceles bonaerenses una situación generalizada de hambre“, apuntaron entre sus conclusiones y apelaron a que a partir del informe se investigue el cumplimiento de los pliegos y el destino de los millonarios fondos provinciales para el cumplimiento del acceso a la alimentación.

“Esperamos con este informe acercar a los poderes públicos un diagnóstico integral y actualizado en pos de favorecer la toma de decisiones que apunten a soluciones estructurales. Se trata de un problema urgente que requiere respuestas profundas e inmediatas”, concluyeron.