El informe 2023 de Correpi: entre lo que dejó la gestión de Fernández y lo que viene
Desde la organización presentaron la actualización de su relevamiento sobre crímenes y muertes vinculadas a fuerzas de seguridad. Los últimos casos relevados de Mar del Plata.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó esta semana su informe 2023, con una actualización del archivo de casos de personas asesinadas o fallecidas bajo custodia de las fuerzas de seguridad centrada en los altos números que arrojó la gestión de Alberto Fernández y la preocupación de cara a lo que viene. Los casos relevados en Mar del Plata y Batán.
Desde la década de los ’90, la organización antirrepresiva confecciona su archivo de casos de personas asesinadas desde 1983 por el aparato represivo estatal, ante el recrudecimiento de las condiciones de desigualdad y concentración de la riqueza, y su impacto directo en amplias capas sociales y en las políticas públicas implementadas para sostener esa estructura socioeconómica desde una perspectiva policial.
“Fuimos perfeccionando las técnicas de búsqueda y las herramientas de análisis de los datos y la actividad evolucionó hasta convertirse en una instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca la presencia de organizaciones y compañeros y compañeras de todos los sectores y permite, más allá de los vaivenes del ‘interés’ de la prensa hegemónica, visibilizar la política represiva de cada etapa“, expresaron en el documento.
El archivo consta de un relevamiento de casos encuadrados principalmente entre hechos de gatillo fácil, muertes de personas detenidas, asesinatos en el marco de protestas o movilizaciones, muertes intrafuerza o intrafamiliares (vinculados directamente a la portación de sus armas fuera de servicio) o muertes como consecuencia de otras actividades criminales de las fuerzas.
Con su última actualización, llegaron a un total de 9.175 casos relevados entre el 10 de diciembre de 1983 y el 20 de febrero de 2024. Específicamente, solo en 2023 tuvieron un registro de al menos 414 muertes (en 2022 habían sido 463) y, en los primeros dos meses del año tomaron conocimiento de 26.
Desde la organización, de todos modos, aclararon que en función del tamaño del aparato represivo del Estado y la dificultad de encontrar detalles de todos y cada uno de los casos que involucran a las fuerzas de seguridad −ya que no todos se conocen públicamente ni son publicados en los medios− no se trata de un “pulido y perfecto trabajo estadístico” y que muchas veces además de la publicación de datos de un nuevo año, amplían los registros de años anteriores.
Así, al analizar por gestiones presidenciales y cantidad de casos relevados en cada una, si bien Mauricio Macri “rompió los récords” de muertes protagonizadas por fuerzas de seguridad con 1.926 casos, lo cierto es que la gestión de Fernández, con pandemia de por medio, cerró con un nivel similar: 1.924. Javier Milei, en tres meses, acumula 56. Al respecto, desde Correpi advierten que “la proyección de los pocos datos ya recabados a partir de la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel amenaza bajar a Macri al segundo escalón del podio”.
En cuanto al desglose por fuerzas, en la gestión de Fernández el 52% de las muertes corresponde a servicios penitenciarios provinciales (el Bonaerense, dependiente del gobierno de Axel Kicillof, concentra la mayor cantidad, con 727 muertes), mientras que policías provinciales concentraron 548 muertes, el Servicio Penitenciario Federal con 118, la Policía de la Ciudad con 93, la Federal con 85, y 20 de Gendarmería, 9 de Prefectura, 3 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Otras 25 incluyen a las Fuerzas Armadas y personal de institutos de menores y 6 a efectivos de seguridad privada.
En cuanto a los rangos etarios, los cuatro años de gestión del Frente de Todos cerraron con 223 casos de gatillo fácil entre jóvenes de 15 a 25 años y 97 entre 25 y 35 años como los más afectados, una tendencia que se sostiene en lo que va de la gestión de Milei.
En lo que respecta a muertes en espacios de detención, la gestión de Fernández culminó con la mayor cantidad experimentada entre personas mayores de 45 años (463 casos), seguido por 261 de adultos entre 25 y 35 años. En la gestión de Milei prevalecen muertes de personas entre 25 y 35 años (7 casos) y adultos entre 35 y 45 años (6).
EN 2023
En términos anuales, en 2023 se registraron 414 casos, de los cuales 384 ocurrieron antes del 10 de diciembre, es decir, todavía en la gestión de Alberto Fernández, en tanto que los restantes 30 más los 26 registrados hasta el 20 de febrero, corresponden a la gestión de Milei.
En lo que respecta a esos 384 casos de 2023, indicaron que 106 fueron casos de gatillo fácil, 248 fueron muertes bajo custodia de alguna fuerza, 20 en contexto de intrafuerza o intrafamiliar, una muerte en contexto de represión (Facundo Molares, en Capital Federal), una muerte como consecuencia de otros delitos policiales y 8 a otras modalidades como el uso del patrullero como arma.
Frente a esos números, desde Correpi recalcan que históricamente las dos causas más repetidas entre los casos pasa por el gatillo fácil y las muertes bajo custodia. En el segundo de los casos, indicaron que incluye tanto aquellos ocurridos dentro de espacios de detención con sospechas de intervención policial, ya sea por tormentos, por encargo o por abandono de persona.
En este ítem aparece como un factor principal la situación carcelaria, con sobrepoblaciones como la que acusa la cárcel de Batán, según advierte año a año la Comisión Provincial por la Memoria, y el denominado “índice de encarcelamiento” producto de las políticas punitivistas: “En los últimos meses de 2021, 2022 y 2023 se aceleró nuevamente la tasa de encarcelamiento, que hoy, a nivel nacional, es de 255 personas cada 100.000 habitantes”, indicaron y lo compararon con las 123/100.000 registradas en 2022 según el sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep).
Además, repararon en las estadísticas carcelarias bonaerenses: “En la provincia de Buenos Aires, a diciembre de 2023 hay 56.627 personas presas, casi la mitad del total país, lo que representa una tasa por 100.000 habitantes de más de 300, muy superior a la nacional, con una sobrepoblación del 222%. En los últimos once años (2012-2023) la población detenida en comisarías aumentó casi un 400%”.
Específicamente en lo que respecta a las muertes en comisarías, en 2023 registraron 31, de las cuales 16 ocurrieron en dependencias de la Provincia de Buenos Aires. “Es necesario remarcar que muchas corresponden a personas que no estaban detenidas a disposición de la justicia por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones”, apuntaron mientras recalcaron que constitucional y convencionalmente solo es posible detener personas en comisarías por orden judicial o por haberla encontrado realizando el delito imputado.
EN MAR DEL PLATA
En la actualización del archivo, los casos de 2023 vinculados a Mar del Plata incluyeron las muertes de Nahuel Olmos, sucedida en junio tras haber sido detenido en la subcomisaría Casino y la de José Ignacio Sallago, el atleta que murió en una persecución policial, más ocho casos ocurridos en la cárcel de Batán entre las que se encuentra el caso de Sergio Chávez, una muerte sucedida en la cárcel de Batán investigada por la Justicia.
El primero de los casos, su familia insiste con que murió por heridas sufridas bajo la custodia del destacamento policial hacia donde había sido trasladado tras una confrontación con otro hombre en la zona céntrica. El caso cuenta con dispares versiones policiales sobre las lesiones que derivaron en su fallecimiento 70 días después.
Por su parte, también consignaron la muerte del atleta bahiense que quedó grabada y ocurrió mientras el joven intentaba no ser identificado por policías en la zona céntrica hasta que le cruzaron un patrullero en su camino. Según la organización, “lo encerraron y lo forzaron a chocar”.
En 2022, el archivo había incluido los casos de Daniel Ponce de León, Walter Gabriel Miracco y Brandon Samuel Blanco, más otros 18 casos en la cárcel de Batán.
En total, el archivo cuenta con unos 190 casos ocurridos en Mar del Plata y Batán, poco más de la mitad sucedieron en la cárcel de Batán, es decir, bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense.
DESDE 2024
Frente a lo que viene con la gestión de Milei y la reedición de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, no obstante, desde Correpi no dejaron de expresar su preocupación: “Estamos en el inicio de un año que nos encuentra enfrentando las más brutales medidas antipopulares que hemos padecido en estos 40 años de democracia”, marcaron.
“Ya estamos advirtiendo el crecimiento del gatillo fácil y de las detenciones arbitrarias, de la mano de la reactualización de los protocolos represivos y los proyectos de reformas legislativas promovidos por Bullrich; la amenaza de la mayor criminalización de niñxs y adolescentes (…); la decisión de reprimir la protesta y el conflicto social con la fuerza y también con aumento de penas de los delitos típicamente usados para criminalizarlo; la militarización de los barrios, la persecución a las personas organizadas, los ataques odiantes y las campañas de desinformación deliberadas”, puntualizaron.
Así, especificaron que de las 56 personas que murieron desde el 10 de diciembre y al menos hasta mediados de febrero, 20 fueron por casos de gatillo fácil, 19 en cárceles o comisarías, 3 en un marco intrafamiliar, tres utilizando el patrullero como arma y un “femicidio de uniforme”.
“En este año que estará signado por luchas y más luchas, en todos los ámbitos, hasta que recuperemos los derechos que nos cercenan en nombre de una malentendida libertad, desde Correpi, además de comprometernos a estar donde tengamos que estar, insistimos en la vigencia y urgencia de nuestra Agenda Urgente Antirrepresiva”, concluyeron respecto a un pliego reivindicativo de políticas públicas incluido en el informe.
