Advierten por un aumento de muertes bajo custodia estatal
Lo hizo la Correpi al presentar su informe anual sobre la realidad represiva nacional. La situación en la cárcel de Batán.
La Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) presentó la actualización anual del informe sobre la situación represiva nacional que lleva adelante desde 1996, y así advirtió por un aumento de muertes bajo custodia estatal: del total de 436 casos relevados y correspondientes a 2022, 319 ocurrieron en esa circunstancia. En la cárcel de Batán el registro contabilizó al menos 14 muertes, en general por lo que definen como “enfermedades no asistidas”.
El informe de la Correpi, en su 27ª actualización, incorporó 529 muertes vinculadas a fuerzas de seguridad lo que elevó el total a 8.701 desde 1983 y hasta diciembre de 2022. De esos 529 casos nuevos, 436 ocurrieron en 2022 en tanto que los restantes que se sumaron corresponden a años anteriores.
Así, fue que el trabajo de la coordinadora liderada por la dirigente María del Carmen Verdú detalló que de las 436 muertes relevadas, 319 ocurrieron bajo custodia estatal, 80 fueron casos de “gatillo fácil” y el resto vinculado a otras causas.
Y sobre esa estadística el trabajo reparó en un “exponencial aumento de muertes bajo custodia”.
“Los años 2020 y 2021 muestran otro salto importante que responde en particular al crecimiento exponencial de muertes en lugares de detención, consecuencia del permanente aumento del índice de carcelación en los últimos años, y a la fuerte incidencia de la pandemia, dos factores que aumentaron todos los índices de violencia y muertes intramuros”, subrayaron. E indicaron que, en cambio, entre 2020 y 2022, hubo un descenso que calificaron como “relativo pero sostenido” de los casos de “gatillo fácil”, especialmente los de autoría de fuerzas federales.
“La diferencia a favor de las muertes bajo custodia era muy inferior 20 años atrás, al punto que estaba casi a la par del gatillo fácil. A lo largo de los años se fue ampliando, hasta llegar en los últimos años a triplicar los fusilamientos en la vía pública. En los tres años de gobierno del Frente de Todos, la brecha es enorme, con 1.066 muertes bajo custodia contra 300 fusilamientos de gatillo fácil. En 2022, la proporción es de 319 a 80″, puntualizaron.
A la hora de analizar posibles causas de esa tendencia, desde la Correpi plantearon que “hay que empezar por revisar la situación carcelaria nacional y el índice de encarcelamiento“. Así mencionaron que informes oficiales dan cuenta que entre 2001 y 2021 se pasó de 34 mil personas privadas de libertad en cárceles a más de 100 mil a las que se suman alrededor de 20 mil en comisarías, alcaidías e institutos.
En este contexto, el informe remarca que “los fallecimientos por enfermedades evitables o que no hubieran causado la muerte extra muros, los homicidios y los ‘suicidios’ crecieron exponencialmente en el último período” ya que representa el 73% del total de casos registrados ocurridos en 2022. “Esto hace que, a pesar del relativo descenso de los fusilamientos por gatillo fácil, los números absolutos sean mayores”, concluyeron y remarcaron que las muertes bajo custodia tuvieron un pico extremo en 2020, a partir de la pandemia del coronavirus.
De acuerdo a los datos del trabajo, las muertes bajo custodia entre 2020 y 2022 fueron 1.052 en tanto que entre 2017 y 2019 había sido de 872. Con respecto a casos de “gatillo fácil” los números dan cuenta que entre 2020 y 2022 se relevaron 295 y entre 2017 y 2019 habían sido 378.
En el caso de Mar del Plata, el trabajo incluyó 15 muertes producidas durante 2022: una en manos de un integrante del Escuadrón de Caballería -el fiscal no avanzó con acusación al entender que actuó en “legítima defensa” en medio de un robo- y 14 en jurisdicción del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la cárcel de Batán: una por una herida de arma blanca (homicidio), dos por ahorcamiento (uno en la Unidad Penal N°15 y otro en la N°50) y once considerados por “enfermedad no asistida”.
Entre esos once casos -cifra similar a la de los dos años previos- está incluido uno que fue expuesto y denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria: Sasha Barrionuevo, de 38 años, era una mujer trans que estaba detenida en la Alcaidía Penitenciaria de Batán y murió el 20 de julio mientras estaba internada en el Hospital Interzonal (HIGA) a raíz de problemas de salud que, según la denuncia, no fueron atendidos debidamente. Es que numeraron que en poco tiempo bajó 30 kilos, sufrió pérdida de visión, vómitos, mareos, episodios de muy baja presión y fatiga y, a pesar de ello, acusaron que la respuesta de Salud penitenciaria fue que “no creían que se sintiera tan mal” y que, en cambio, “simulaba padecimientos”.
El informe de la Correpi repara en que su archivo de casos no se trata de un “perfecto trabajo estadístico”. “A pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, sabemos que nunca llegamos a conocer muchos casos”, indicaron.
