Viernes 26 de abril | Mar del Plata
21/04/2022

Batán, la segunda cárcel de la Provincia con más muertes por coronavirus

Así se desprende del último informe del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) en torno al abordaje de la pandemia en dispositivos penitenciarios.

Batán, la segunda cárcel de la Provincia con más muertes por coronavirus
(Foto: archivo / Qué digital)

En los primeros meses de la pandemia de coronavirus, la situación de los lugares de encierro estuvo dentro del debate público, principalmente por el impulso de discursos mediáticos punitivistas. Desde el primer momento, por su parte, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) trazó informes sobre el abordaje de la pandemia en estos dispositivos de encierro -entre los que se incluyen, por ejemplo, los geriátricos- y en los últimos días dieron a conocer los datos acumulados en dos años y medio de pandemia, de los cuales se desprende que con cinco fallecimientos, la cárcel de Batán estuvo entre las más afectadas por muertes de covid-19.

El primer informe del CNPT divulgado por este medio había sido aquel realizado sobre los datos de los primeros cinco meses de pandemia (marzo 2020-julio 2020), cuando todavía Mar del Plata no tenía una cantidad importante de contagios a nivel general, aunque sí focos de transmisión en dispositivos de encierro como los geriátricos.

En este caso, el informe difundido esta semana, a pesar de que los monitoreos del Comité se dan en instituciones públicas o privadas con personas alojadas bajo responsabilidad del Estado y del ámbito del sistema penal, salud mental, instituciones de niñez y adolescencia y de adultos mayores, se centra solo en establecimientos penitenciarios.

Así, en la confección de los datos contaron con el rol clave de integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (SNPT) y los mecanismos locales de prevención como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en Mar del Plata y el resto de la Provincia.

En el informe, además del análisis global de los contagios, fallecimientos, condiciones de alojamiento y protestas, incluyó datos sobre el avance del proceso de vacunación.

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CONTAGIOS Y VACUNACIÓN

Entre los datos globales al término de dos años y medio de pandemia, entre el 11 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 hubo 3.089 casos confirmados entre personas privadas de su libertad de todo el país, 566 correspondientes a internos de cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En cuanto a la vacunación -iniciada a fines de 2020-, el relevamiento destaca que entre la población objetivo se ubicó a las personas privadas de su libertad entre la población de “riesgo por vulnerabilidad”, es decir, como la tercera condición más priorizada. Sin embargo, lamentan la vacunación en la población carcelaria se inició recién en el mes de mayo, cinco meses después.

De todos modos, el informe destaca los efectos “claramente positivos” de la vacunación en la población penitenciaria: mientras en 2020 se contabilizaron 1.879 casos confirmados en 2021 hubo 1.205, es decir, relevaron una reducción del 35%.

Si bien destacan que la confirmación de casos se mueve en paralelo a las “olas” que se registraron en todo el país, advierten que la ocurrencia de fallecimientos en 2020 avanzó a un número más rápido que en el resto de la sociedad, muy probablemente por la rápida propagación intramuros por las condiciones de alojamiento y asistencia.

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Es en este marco que se tuvo registro en esos dos años y medio de al menos 115 muertes, 70 ocurridas en 2020 y 45 en 2021.

En términos cuantitativos, el CNPT tuvo registro en la Provincia de Buenos Aires de 46 fallecimientos -30 en 2020 y 16 en 2021- del total de 94 registrados en cárceles administradas por servicios penitenciarios provinciales. Dentro de ese registro, la Alcaidía Penitenciaria de Batán (UP 44) tuvo una muerte, en tanto que con cuatro fallecimientos la Unidad Penal 15 de Batán fue la segunda con más muertes por covid-19 en Buenos Aires, solo detrás de la Unidad 26 de Olmos, que tuvo nueve. A nivel nacional, por su parte, solo es superada por seis unidades penitenciarias de todo el país, de las 60 unidades analizadas.

En cuanto a las muertes, a raíz de su comportamiento a lo largo de los meses, sugieren que los protocolos de testeo y de aislamiento preventivos “podrían haber diferido” respecto de las recomendaciones epidemiológicas, intensificándose la propagación de los contagios. “En tal sentido, se sostiene que gran parte de los fallecimientos por covid-19 en lugares de encierro constituyen muertes evitables“, advirtieron.

PROTESTAS Y ACCESO A DERECHOS

En cuanto a las protestas en establecimientos penitenciarios, el informe menciona que fueron registradas 104 a nivel nacional en ese periodo. Entre las principales causas registradas, se destacan los pedidos judiciales, problemas vinculados a la higiene, el acceso a la Justicia y a derechos procesales, salud, restricciones a las visitas y las condiciones de alojamiento en pandemia.

En ese caso, la Provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de protestas, con 35 casos, entre las cuales la cárcel de Batán -con una  población estimada según datos oficiales de 1.525 internos en la UP 15, 543 en la UP 44 y 97 en la 50- no estuvo exenta en esos dos años y medio.

En cuanto al acceso a derechos -principalmente ante las limitaciones de otros como la recepción de visitas-, destacaron la autorización para el uso de celulares en la Provincia de Buenos Aires, con su debido protocolo. Además, relataron las complicaciones que tuvieron sobre todo en 2020 para llevar adelante la educación en el SPB ante las limitaciones a la presencialidad.

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De todos modos, en lo que ya podría denominarse como “pospandemia” advierten que en algunas jurisdicciones persisten regímenes “muy restrictivos” de visitas que afectan el ejercicio del derecho sin justificarse en razones sanitarias. Lo mismo sucede con el uso de comunicaciones o el acceso a la educación.

Asimismo, advierten que más allá de la baja en los contagios y la mortalidad, las problemáticas estructurales de contextos de encierro siguen impactando “sobre el acceso a la salud, a la educación, a la justicia”, por lo que consideran importante fortalecer “los mecanismos de registro y monitoreo integral de las condiciones sanitarias de encierro y las medidas” para poder focalizar las políticas a llevar adelante sobre esta población.

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21/04/2022