Sigue en aumento la población detenida y la sobrepoblación en las cárceles
Así lo refleja el informe anual de la Comisión por la Memoria, que también repara en la mala atención de la salud. Las cárceles de Batán registraron 18 muertes.
Mientras en Mar del Plata sigue su curso la tramitación de un habeas corpus correctivo por el colapso y la grave situación edilicia que presenta la cárcel de Batán, el nuevo informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) correspondiente a 2022 volvió a reportar que la población detenida en la Provincia de Buenos Aires sigue en aumento: la cantidad de personas privadas de su libertad subió de 54.107 a 55.621 y también se incrementó la sobrepoblación, que ascendió al 109%. El trabajo también cuestionó el modelo de despliegue de la Policía en los territorios y señaló que del total de 222 mil aprehensiones sólo el 17% derivó en detenciones a partir de la imputación judicial de un delito.
Como cada año, la CPM -constituida desde 2020 como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense- presentó esta semana su informe anual correspondiente al 2022, con datos, cifras, observaciones y criticas a la política criminal desarrollada gobierno tras gobierno en la Provincia de Buenos Aires.
Y al presentar los resultados de los relevamientos y del trabajo de campo volvieron a pedir una “transformación profunda” de esa política: “Tiene más de 20 años y produce graves violaciones a los derechos humanos ya que persiste la sobrepoblación, el hacinamiento y la tortura sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las policías en los territorios, produciendo muertes, la mayoría evitables“.
En el caso de Mar del Plata reportaron a lo largo del año pasado 18 muertes de personas detenidas en las distintas unidades carcelarias de Batán y tres fallecimientos vinculados al uso de la fuerza policial, además de un caso grave de torturas sufridas por dos adolescentes por parte de policías que hoy permanecen detenidos a la espera de ser juzgados.
En resumen, desde la CPM en su informe afirmaron que “la continuidad de la política criminal” que cuestionan “se expresó una vez más en el crecimiento de la población encarcelada y las tasas de prisionización, la persistencia de la práctica sistemática de la tortura en los lugares de encierro y el despliegue policial en los territorios”.
LAS CÁRCELES
Sobre el primero de los datos, el crecimiento de la población detenida a nivel bonaerense, el informe puntualiza que se pasó de las 54.107 en 2021 a 55.621 en 2022 (en 2020 habían sido 50.148), lo que elevó la tasa de encarcelamiento provincial de 306 a 311 detenidos cada 100.000 habitantes. Eso que duplica la tasa mundial que es de 152 personas cada 100.000 habitantes.
En detalle, en cárceles y alcaidías la población total pasó de 46.456 a 48.046, en monitoreo electrónico de 3.206 a 3.627 y en comisarías bajó de 4.445 a 3.948.
Otro dato que expone el nivel de crecimiento de la cantidad de personas detenidas es que en 2015 el total era de 35.870.”Mientras que la población de la provincia de Buenos Aires creció un 11% en los últimos 10 años, la cantidad de personas detenidas aumentó un 93%”, expone.
“El sistema carcelario, hasta fin de 2022, se componía de 52 cárceles, 13 alcaidías y una unidad de tránsito, construidas entre 1877 y 2021. Se trata de 66 establecimientos con capacidad de alojar a 23.036 personas. Considerando esa infraestructura, en 2022 la sobrepoblación fue del 109%, la cuarta marca más alta de la serie”, enfatiza el trabajo de la CPM y grafica que eso se traduce en que la mitad de las y los detenidos “no tuvo espacio para dormir”.
También hace referencia a una definición del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que da cuenta que “la provincia de Buenos Aires registra la superpoblación penitenciaria más grande de su historia”
Y así cuestiona que “las distintas gestiones de gobierno provincial desde el 1999 han asumido la política criminal vigente como la única posible” y que “repiten estrategias, errores y fracasos para resolver la sobrepoblación y hacinamiento en cárceles y comisarías”.
En el caso de Mar del Plata, meses atrás el gobierno bonaerense formalizó un acuerdo firmado con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para diseñar un plan de trabajo para la reconstrucción de la Unidad Penal N°15 de Batán, tal como lo ordenó la Justicia en el marco de la tramitación de un habeas corpus correctivo al advertir por el colapso de las instalaciones y la grave situación edilicia que pone en peligro a las cientos de personas allí alojadas.
MUERTES BAJO CUSTODIA PENITENCIARIA
El informe anual de la Comisión por la Memoria también detalla la cantidad de personas fallecidas bajo custodia penitenciaria y releva que aumentaron de 242 a 244 casos entre 2021 y 2022. Si bien el trabajo repara en que disminuyó la cantidad de fallecimientos en cárceles y alcaidías, de 200 en 2021 a 188 en 2022 (-12), también señala que aumentó la de fallecimientos de detenidos con monitoreo electrónico, de 42 a 56 (+14).
En particular, especifica que de las 188 muertes ocurridas a lo largo de 2022 en cárceles y alcaidías, 162 fueron por problemas de salud no asistidos de manera adecuada, 20 por suicidio, 5 por homicidio y una por accidente. Las restantes 56, ocurridas en arresto domiciliario por monitoreo electrónico, fueron por problemas de salud.
En el caso de la cárcel de Batán, la Unidad N°15 registró en 2022 13 muertes (2 homicidios, 2 suicidios, 9 por problemas de salud); la Alcaidía Penitenciaria N°44, 3 (todos los problemas de salud) y la Unidad N°50, 2 (suicidios). En el acumulado de 2016 a 2022, la N°15 presenta 51 muertes; la N°44, 12 y la N°50, 7.
Con respecto a las muertes por problemas de salud, el trabajo advierte que la UP N°15 de Batán se encuentra entre la de cifras más altas de toda la Provincia.
El trabajo de la CPM, además, plantea que el funcionamiento “deficiente” de la Dirección de Salud Penitenciaria “sigue siendo responsable principal de muertes que podrían evitarse”. Y cuestiona que, en ese marco, “persiste la decisión política de no pasar esta estructura de la órbita actual del Ministerio de Justicia a la del Ministerio de Salud provincial”.
A partir de la cantidad de profesionales de la salud destinados para cada una de las unidades penales en función de la cifra de personas allí detenidas, el trabajo advierte que dentro de los nueve establecimientos más críticos, se destacan cinco donde la relación alcanza valores “que hacen imposible la atención médica”, y entre ellos aparece la Alcaidía N°44 de Batán donde se encuentra 1 médico cada 515 personas.
En ese sentido, el informe desarrolla un caso ocurrido en la Unidad N°50 de Batán y la Unidad N°13 de Junín: una mujer de 34 años que estuvo nueve años detenida atravesó en abril de 2022 un intento de suicidio que fue desarticulado por sus compañeras de pabellón. Cuatro meses después, alojada en el sector de admisión, le informaron que le permitirían visitas pero mientras su familia estaba en viaje se las suspendieron repentinamente. Ante este hecho se autolesionó cosiéndose la boca: “Fue una manifestación contra la arbitrariedad, para que se vea lo que puedo hacer con mi cuerpo”.
Después la trasladaron a la Unidad 13 donde se sucedieron múltiples reclamos y pedidos para que se garantizara su atención psicológica y médica en medio de condiciones de detención sumamente cuestionadas por la CPM. Finalmente el 4 de diciembre se suicidó en una celda “que no cumplía ningún criterio para usarse como espacio de alojamiento para mujeres”.
DETENCIONES POLICIALES Y USO LETAL DE LA FUERZA
El modelo de despliegue de la Policía Bonaerense en los territorios es otro de los puntos en los que repara, como en años anteriores el trabajo de la CPM y sostiene que distintos datos reflejan que “las detenciones policiales son para controlar los territorios más pobres habitados por los jóvenes morochos, que representan el estigma del delincuente construido como imaginario social”.
Así, señala que durante 2022 la Policía aprehendió 222.145 personas de las cuales apenas 38.179 (17%) fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito y de ellas sólo 18.920 (8%) ingresaron al Servicio Penitenciario Bonaerense con prisión preventiva o fueron condenadas por acreditarse en términos judiciales esa imputación.
“Estos porcentajes bajos dan cuenta que las detenciones no tienen por finalidad reprimir el delito sino gobernar ciertos territorios“, concluye la CPM.
Con respecto a la actividad policial, el informe también releva el uso letal de la fuerza y plantea que a lo largo de 2022 se produjo una disminución de casos ya que bajaron de 130 a 90, que implican una reducción del 31%.
“No es factible determinar si la disminución registrada corresponde a una reducción aleatoria o está dando cuenta de una transformación más estructural, lo que podrá ponderarse si se sostiene la baja”, sostiene el trabajo.
Sobre los casos además detalla que la mayoría de las muertes (61) fueron provocadas por el arma de fuego reglamentaria del funcionario policial involucrado. Además se registraron 7 casos con arma de fuego no reglamentaria, 4 con patrullero, 10 con otro mecanismo y 2 por el uso de la fuerza física (6 casos sin dato).
En ese sentido, remarca que “si bien en 2022 el segundo mecanismo utilizado fue el arma no reglamentaria (7 casos), el patrullero se constituye como otro importante medio de producción de la muerte” y considera que “el móvil está siendo utilizado por fuera de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y mínima lesividad, máxime considerando que no es un elemento diseñado para producir letalidad”.
En Mar del Plata se ubican 3 de los 90 casos relevados por la CPM. El primero ocurrió en marzo de 2022 cuando Brandon Blanco, de 18 años, fue asesinado por un policía durante un intento de robo. La fiscalía descartó avanzar con una acusación al afirmar que, de acuerdo a los testimonios recabados y al relevamiento de cámaras de seguridad que registraron la secuencia, se trató de un caso encuadrado en la defensa propia en el marco de un asalto y de un ataque con un arma de fuego contra el policía.
El segundo caso se produjo en agosto cuando Daniel Ponce De León murió en medio de un operativo policial en un complejo de departamentos en el barrio Las Américas. Desde la CPM reconstruyeron que, según vecinos y familiares, el joven tenía “un ataque de ira”, por lo que llamaron al 911. Al llegar, el personal policial lo redujo y, mientras lo mantenían esposado boca abajo sobre el suelo, se le sentaron encima “para que se quedara quieto” y murió.
El tercero de los casos ocurrió el 25 de diciembre de 2022 cuando Gabriel Miracco se movilizaba en moto junto a otro joven y fueron perseguidos por un móvil policial, tras esquivar un control, desde el barrio Lomas del Golf hasta El Martillo. Asustados, perdieron el control de la moto, chocaron contra una piedra y cayeron al suelo: Gabriel murió tras ser embestido por el patrullero de la comisaría quinta y el otro joven sufrió distintas heridas.
Un apartado del informe anual de la CPM se destina a los casos de violencia policial no letal y reporta que el organismo en 2022 intervino a nivel provincial en 428 casos que involucraron a 590 víctimas individuales y en 74 hechos con víctimas colectivas.
En relación al lugar en que ocurrieron los hechos, el 42% fue en la vía pública, el 36% en comisarías, el 18% en el domicilio y el restante 4% en vehículos policiales y otras instituciones públicas. Estos hechos ocurrieron en 105 localidades y las intervenciones abarcaron los 20 departamentos judiciales
Una de esas intervenciones de la CPM se produjo en Mar del Plata cuando en septiembre dos adolescentes de 14 y 16 años fueron torturados por policías de la comisaría sexta: los detuvieron para “identificarlos”, los esposaron, golpearon, les apoyaron sus armas en el cuerpo y los trasladaron a un descampado, donde los amenazaron con matarlos y hasta realizaron un simulacro de fusilamientos.
Tres acusados, sargento Jonatan Cabrera, la sargenta Vanesa Cano y el oficial ayudante Ariel Estevez Pitrau, siguen detenidos a la espera de enfrentar un juicio. Sus defensas no se opusieron a la requisitoria de elevación a juicio y anticiparon que buscarán que el caso se resuelva mediante un juicio por jurados y no con jueces técnicos.
