Derechos humanos, cárceles y seguridad: un nuevo informe y un panorama “crítico”
La Comisión Provincial por la Memoria lanzó un nuevo informe sobre los derechos vulnerados en los dispositivos de encierro y en la política de seguridad estatal en 2019.
La Comisión Provincial por la Memoria publicó esta última semana su nuevo informe anual sobre las vulneraciones a los derechos humanos en los distintos dispositivos de encierro penales y de niñez, como también en torno a la política de seguridad, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Además del estudio del año 2019, trazaron un análisis global de la gestión de Cambiemos, al tiempo que piden a la actual gestión del Frente de Todos que coloque la problemática en su agenda y aborde cuestiones estructurales que se profundizaron en los últimos cuatro años.
Ante lo que definen como un “panorama crítico” desencadenado de una vulneración “sistemática y generada” de los derechos humanos de las personas en torno a la política criminal en la gestión del macrismo, pero entendiendo el arrastre de cuestiones estructurales de hace décadas en la materia, la CPM lanzó este informe, que es el primero desde su constitución como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense, por disposición del Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
“El actual estado de cosas se configuró por la orientación, sostenida durante más de dos décadas, de una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento y el punitivismo selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito. Denominada como de ‘mano dura’ o de ‘tolerancia cero’, ha demostrado falta de eficacia en materia de seguridad: a pesar de la retórica que la legitima ante la opinión pública, su objetivo es el control de las poblaciones vulneradas por las políticas de exclusión propias del neoliberalismo”, contextualizaron sobre las bases del trabajo realizado.
Al respecto, desde la CPM señalaron que el informe parte de los dos mecanismos y consecuencias de la política criminal impulsada a nivel estatal: el control policial del territorio y el encarcelamiento creciente que desemboca en violencia ejercida desde el propio Estado, por acción u omisión. “La violencia policial afuera y la violencia penitenciaria adentro, garantizadas por un Poder Judicial que las convalida en todos los eslabones de la cadena, componen una violencia estatal utilizada como forma de gobierno de esas poblaciones excluidas, que armoniza con los efectos excluyentes del modelo económico”, ampliaron.
El informe se basó en secciones específicas que van desde Política Criminal e Inteligencia Ilegal; Políticas de Seguridad, Políticas Penitenciarias, Políticas de Niñez, Políticas de Salud Mental y La era de las Masacres Policiales. A continuación, un punteo sobre algunos de los puntos abordados por la CPM en términos provinciales y sobre todo en lo que respecta al caso marplatense, puntualmente el Complejo Penitenciario de Batán.
EL ENCIERRO Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE CAMBIEMOS
A niveles generales, el contexto socioeconómico y represivo de la gestión de Cambiemos se tradujo, según el informe, en “índices récord de prisionización y sobre-encarcelamiento” que implicó un incremento del 9% interanual de la cantidad de detenidos, los cuales llegaron a ser 51 mil en un total de 21 mil plazas disponibles. Así, la sobrepoblación carcelaria en la Provincia creció del 72 % al 118 %, y representa una tasa de 294 detenidos cada 100.000 habitantes. Es en ese contexto que en los últimos siete años de registros, sólo el 11% de las detenciones fueron producto de una orden judicial previa, y la mayoría aprehensiones policiales en flagrancia luego convalidadas por fiscales y jueces.
En lo que configuran dentro de la denominada “doctrina Chocobar”, el uso letal de la fuerza tuvo incrementos sostenidos en los últimos 4 años y acumuló en 2019 un total de 134 muertes. De ellas, 8 ocurrieron en Mar del Plata, lo que lo convirtieron en el segundo distrito con más muertes fuera del conurbano, por detrás de La Plata. “La explicación no puede disociarse de las orientaciones de los poderes ejecutivos nacional y provincial que, durante el período de gobierno de la alianza Cambiemos, exaltaron las muertes como resultado positivo y esperado de las políticas de seguridad. Lo cual fue secundado por un Poder Judicial que convalidó sistemáticamente las versiones policiales”, añadieron.
En cuanto a las muertes en cárceles, explicaron que entre 2016-2019 las producidas por problemas de salud representaron el 78%, los homicidios 11%, los suicidios 10% y los accidentes 1%. Frente a estos números y con fuertes críticas a los cuidados sanitarios en las cárceles frente a muertes evitables, reiteraron un pedido de hace más de 15 años: “La salud penitenciaria debe depender del Ministerio de Salud, no del Ministerio de Justicia, e integrarse a las políticas sanitarias provinciales”.
“Sigue siendo una tarea pendiente que los gobiernos que se han distanciado del paradigma neoliberal abandonen la demagogia punitivista (propia de las derechas), y esperamos que pueda concretarse en este cambio de gestión. No desconocemos que es un desafío difícil: implica ir a contrapelo de este sentido común consolidado y encarar, desde una perspectiva democrática y garante de derechos, un camino sostenido como política de Estado en relación con las agencias estatales involucradas en asuntos de seguridad. El horizonte debe ser transformar las condiciones para reducir las posibilidades del delito de manera estructural”, concluyeron, llamando a la actual gestión a establecer esta problemática en su agenda de gobierno, atravesada además por la pandemia y sus consecuencias en el universo carcelario.
LA SALUD CARCELARIA DURANTE EL 2019
En el análisis del sistema de salud penitenciario, la CPM hizo énfasis en “la ausencia de una política de salud integral, como también de un enfoque que reconozca la salud como derecho”. Por el contrario, identificaron que el sistema “se funda en el desprecio hacia las personas privadas de su libertad y en la falta de condiciones estructurales para garantizar su pleno acceso”.
Aún sin la emergencia sanitaria que supuso la pandemia de coronavirus, la salud y sus deficiencias fue uno de los aspectos que abordaron. Por ejemplo, en un relevamiento realizado en la Unidad Penal 15, los profesionales de la salud indicaron que el botiquín de medicamentos esenciales que recibieron había reducido la cantidad y variedad en relación a los programas anteriores, con faltante de salbutamol, antibióticos y cefalexina, utilizados frecuentemente. A su vez, que por parte de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria no se habían recibido insumos básicos como guantes, jeringas y gasas, y de los psicotrópicos solo la mitad de lo que se pidió.
En cuanto a los recursos humanos, los profesionales del Complejo Sanitario ubicado en la UP 15 señalaron a la CPM la falta de personal administrativo, por ejemplo para gestionar la ambulancia en los traslados. Indicaron además que sólo hay un médico de guardia y un enfermero que no alcanzan a cubrir la demanda. Sin especialidades médicas, la planta se completa con dos psicólogos, un infectólogo, dos técnicos en laboratorio, dos odontólogos y un kinesiólogo.
GÉNERO Y POLÍTICAS DE CRIMINALIDAD
En cuanto a mujeres cis y personas trans y travestis en contexto de encierro, puntualizaron que son colectivos que han sufrido mayores vulneraciones de sus derechos, constituidos por un “férreo patriarcado”: “La cárcel es un lugar pensado y organizado para alojar masculinidades, y tiene un impacto diferencial para mujeres cis y personas trans en tanto la violencia penitenciaria reproduce la violencia heterocisexista y patriarcal, que se expresa en un tratamiento penitenciario arbitrario y desigual”, expusieron.
En la cuestión penal, indicaron que se las vincula principalmente en la “guerra contra las drogas”: del informe se desprende que el 36% de las mujeres estaban detenidas por la infracción a la ley 23.737 de estupefacientes. En entrevistas con las internas, aseguran que la venta de estupefacientes suele ser una forma de garantizar necesidades básicas; y las causas, por tenencia simple o micro-tráfico y, en algunos casos, armadas por la policía en su regulación ilegal del delito. El porcentaje y la causalidad -suponen- tiene relación directa con la crisis económica y el empobrecimiento.
En este marco, repararon en las torturas en cárceles de mujeres, que son pocas y divididas regionalmente, entre las que se encuentra la Unidad Penitenciaria 50 de Batán. Por ejemplo, entre el relevamiento se encontraron con jornadas extensas de aislamiento, restricciones para alimentarse, vestirse, entre otras medidas “arbitrarias y sexistas”.
Las torturas en las unidades de mujeres se expresan también en las requisas. Según inspecciones realizadas por la CPM en la UP 50 de Batán, las detenidas “manifestaron sentir vergüenza en cada requisa semanal, ya que las obligan a quedarse en ropa interior frente a sus compañeras, a abrirse de piernas, darse vuelta y les acercan el detector de metales a sus zonas íntimas”, señalaron.
Protesta de familiares y liberados y liberadas frente a Tribunales. (Foto: Qué digital)
Por otro lado, indicaron que la desatención en la salud de las mujeres es “sistemática” y que, cuando las atienden, lo hacen de forma insuficiente. Y en ello también se suma la salud psicofísica de las mujeres: por ejemplo muchas no reciben visitas o, al menos, no de modo frecuente. En la cárcel de Batán, según las autoridades, solo la mitad de las mujeres recibía visitas ya que sus familias residían en Mar del Plata. En cuanto al resto de las alojadas, la distancia dificulta que las familias puedan visitarlas, pero advierten que de todas maneras el SPB “las obstaculiza aún más mediante la exigencia de trámites burocráticos”.
En ese aspecto también ingresa la comunicación: para quienes no pueden recibir visitas el contacto se ve drásticamente reducido. Por ejemplo, en el pabellón de la UP 44 -donde alojan a las personas trans- contaban con un teléfono que funcionaba con tarjeta o con el servicio de cobro revertido, muy costoso y al que no todas pueden acceder por falta de recursos económicos, situación que se agrava en los casos de personas extranjeras. “El derecho a la comunicación debería estar garantizado por el SPB”, sostienen.
En lo que respecta a la salud mental, el informe puntualiza que en las unidades de mujeres los porcentajes de pacientes psiquiátricos asciende “en forma preocupante”: la UP 50 diagnostica al 40% de su población por enfermedades psiquiátricas, que contrasta con el promedio del 5% en unidades de varones y que se le atribuye a “un criterio sexista que etiqueta a las mujeres como ‘locas’, e implica gran cantidad de ansiolíticos y sedantes”.
Por otro lado, en el informe suman que en 2019 realizaron inspecciones en los denominados “pabellones de seguridad” en las unidades de detención de mujeres de Batán, Magdalena y Azul. En ellos, donde se aloja a mujeres por el tipo de delito que se les imputan (abuso sexual infantil, filicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, o por haber pertenecido o tener vínculos familiares con miembros de las fuerzas de seguridad), desde la CPM encontraron que en muchos casos son imputadas como coautoras de delitos cometidos por varones o por abandono de persona. “Esto revela que en los procesos judiciales se invisibiliza el contexto de violencia patriarcal del que eran víctimas estas mujeres”, expusieron.
Además, el informe revela cuestiones referidas a la identidad de género, y reconoce que “para organizar la población el SPB no respeta la identidad autopercibida y sigue utilizando la categoría sexo-género desde una perspectiva binaria”. Ante esto, ejemplifican que la población trans es alojada en pabellones “de género” o “de diversidad”, aunque ubicadas en unidades de detención de varones, a pesar de la vigencia de la Ley de Identidad de Género. En Batán, esas personas son alojadas en la UP 44.
Un dato particular que se desprende de las personas trans, es que el 53% de las detenidas son extranjeras, niveles de especificidad que no se dan en el resto de la población carcelaria: “Un enfoque interseccional resulta imprescindible no solo para intervenir sino para desmantelar las causas xenófobas y transodiantes que criminalizan el estado migratorio y las identidades trans”, señalaron.
En el “pabellón de género” de la UP 44, además, inspecciones de la CPM dieron cuenta de las precarias condiciones de alojamiento de las personas trans, por encima de la capacidad en tres de sus cuatro celdas y con numerosas carencias. A su vez, al estar alojadas en la UP 44, explicaron que quedan afuera de los talleres y trabajos que se brindan en las otras unidades: “Esta práctica discriminatoria obstaculiza también la posibilidad de acceder a derechos propios del sistema de progresividad de la ejecución de la pena”, los cuales suman para otorgar medidas como salidas transitorias o libertad condicional.
LA REPRESIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN DE LA JUVENTUD
En el informe, desde la CPM también repararon en la situación de la juventud, contra quienes además de promover proyectos regresivos de los derechos de las infancias como la baja de edad de imputabilidad, también se avanzó desde el Estado en una “construcción de estereotipos” y “estigmatización” que se vio reflejado en la actividad represiva.
En lo que respecta a Mar del Plata, los jóvenes privados de su libertad eran 74 en el año 2017, 54 en 2018 y 51 en 2019. En este punto, el informe de la CPM le dedica un punteo especial al caso marplatense, sobre todo en torno a la presentación de un habeas corpus colectivo (de los 37 acompañados por la CPM), motivado por la detención efectuada contra dos menores de 15 años en 2017.
Dos años después del caso, el Juzgado de Garantías del Joven de Mar del Plata, a cargo de Fernanda Di Clemente resolvió hacer lugar al habeas corpus y dispuso la efectiva puesta en funcionamiento del Centro de Admisión y Derivación (CAD) de Mar del Plata, como también de los protocolos de actuación frente a la presencia de menores de edad por parte de la fuerza pública.
“La regresividad en el sistema implicó una ola represiva librada por fuerzas de seguridad y actores judiciales, corroborada con el encarcelamiento, a diciembre de 2019, de 651 jóvenes en dispositivos penales de la provincia de Buenos Aires, alojados/as en un sistema que declaraba 427 plazas en centros cerrados y de recepción y 108 en centros de contención; eso generó un 23% de sobrepoblación, record también en estos dispositivos. Las medidas de seguridad excepcionales continuaron aplicándose pese a su dudosa constitucionalidad”, ampliaron.
MUERTES Y RESPONSABILIDAD ESTATAL
En el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, la CPM asegura que “la muerte es una posibilidad cercana para
las personas detenidas” producto de la “práctica sistemática” de la tortura, expresada en la desatención sanitaria, en la seguridad interna, o la falta de atención psicológica en las unidades. A niveles generales, durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, entre 2016 y 2019, se produjeron 550 muertes en cárceles y alcaidías del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a las muertes en contexto de encierro por cuestiones de salud, del total de 118 en 2019 en toda la Provincia, 82 ocurrieron en hospitales y 36 en las unidades penitenciarias. Asimismo, puntualizaron en la alta tasa de suicidios -uno de cada diez muertes entre 2016 y 2019- y llamaron a no entenderlos fuera de contexto: “No es ajeno a las condiciones de detención caracterizadas por el padecimiento de torturas, deterioro material, aislamiento extremo, desvinculación familiar, violencia, sobre-medicación, indefinición de los plazos procesales, falta de custodia y atención”, explicaron, y en otro tramo aseguraron que la “falta de atención psicológica en el encierro es alarmante, y produce graves afectaciones en la salud mental de las personas detenidas”.
Puntualmente, los homicidios fueron diez en toda la Provincia a lo largo de 2019, y apuntaron directamente contra la responsabilidad del personal penitenciario: “La presencia de armas blancas (facas) en la cárcel es responsabilidad del personal penitenciario porque es imposible no detectarlas en las requisas personales y de celdas. Los agentes permiten o gestionan su fabricación, ingreso y circulación. También es su responsabilidad la ubicación en un mismo pabellón de personas que tienen conflictos previos entre sí”, denunciaron.
Al respecto, ejemplificaron con el homicidio de Víctor Eduardo Lorenzo Franco, de 29 años y ocurrido en la UP 15 de Batán. Según detallaron, lo ubicaron con un detenido con el que tenía problemas previos los cuales “los agentes penitenciarios no desconocen”.
En los registros de las personas fallecidas en 2019 bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (por causas que van desde homicidios, suicidios o salud) en dispositivos de encierro, el informe indica que al menos cinco ocurrieron en Mar del Plata: Luis Domingo Bolmaro, Víctor Eduardo Lorenzo Franco, Néstor Fabián Machado Gutiérrez, David Núñez Salas y Luciano Vivas Ibarra. En cuanto a las comisarías, de las 21 muertes registradas en 2019 en la Provincia, una persona de la cual no se dieron a conocer sus datos murió en la comisaría segunda.
SOBREPOBLACIÓN, CONDICIONES DE DETENCIÓN Y PROTESTAS
El informe muestra que el Complejo Penitenciario Este (integrado por las cárceles de Batán y Dolores) fue uno de los que menos subió en cuanto a la sobrepoblación generalizada, ubicado en el noveno puesto, con valores que subieron desde un poco más del 40% registrado en 2015, a poco menos de 100% en 2019. Igualmente, son números que impactan directamente en las condiciones de alojamiento de las personas, su calidad de vida, sus derechos vulnerados y en el malestar que deriva en protestas.
“Los agravantes a las condiciones de detención denunciados se transforman en torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, mediante una práctica sistemática que establece un vivir cotidiano privado de derechos”, expusieron desde la CPM y advirtieron que ante ese contexto lejos está de estar garantizada la libertad de expresión de las y los internos para denunciar las condiciones de vida.
En torno a las condiciones de detención, agravadas por la sobrepoblación, el informe reitera que frente a la falta de respuestas se “deja a las personas detenidas tan limitadas en su campo de acción que recurren a métodos que atentan sobre el único recurso disponible: el propio cuerpo“, y los reclamos se traducen en autolesiones o huelgas de hambre, como la que entre el 5 y el 12 y18 de diciembre de 2019 llevaron adelante alrededor de 7.300 personas detenidas en 31 cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires, entre ellas la de Batán.
