Con reclamos por nuevos atrasos en pagos por parte de obras sociales, prestadores que se desempeñan con personas con discapacidad volvieron a expresar su preocupación por las partidas destinadas al área y reiteraron sus denuncias de “ajuste”, ahora enfocadas en el Presupuesto 2023 del gobierno nacional. Llevaron sus reclamos a la sede local de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Esta semana la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2023 presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que proyecta una pauta inflacionaria del 60% anual y un gasto de 29 billones de pesos. En políticas de discapacidad hay $1.011.285 millones presupuestados y, según un cálculo del diario Clarín, los programas de discapacidad tienen una participación de 0,2 puntos menos en el gasto total, en comparación al 2022.
Esos números fueron los que llevaron a las organizaciones Prestadores Unidos MDP y Acompañantes Terapéuticos Unidos a concentrarse este miércoles en la sede local de la Superintendencia de Servicios de Salud en la continuidad de los reclamos que iniciaron meses atrás ante la situación estructural pero también coyuntural del sistema de atención a la persona con discapacidad.
“Nos autoconvocamos para hacer un fuerte reclamo sobre el recorte en el presupuesto 2023 para el área de discapacidad y para acercarle a la directora de la Superintendencia de Salud nuestra preocupación por el ajuste que están realizando las obras sociales sobre las prestaciones para el siguiente año”, indicaron.
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Además, advirtieron que la Superintendencia -que según explicaron se encarga de los fondos de obras sociales sindicales, mientras la Agencia Nacional de Discapacidad regula las provinciales como IOMA- no cumplió con el nuevo giro de fondos a las obras sociales cuyo plazo límite era el 21 de octubre para pagos correspondientes a agosto.
Según explicaban semanas atrás, el corte de la cadena de pagos desde el gobierno nacional a las obras sociales agrava los plazos de cobro de por sí “inviables” -habitualmente, hasta unos 120 días– en un área tan precarizada como fundamental para garantizar derechos a las personas con discapacidad. Es un hecho que, además, se suma a deudas que arrastran en algunos casos desde 2020, con todo lo que implica en medio de un fuerte proceso inflacionario y un sistema burocrático que también les genera complicaciones.
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“No vamos a dejar que se sigan pasando por alto estas faltas graves a nuestros derechos como prestadores y sobre los derechos de las personas con discapacidad”, advirtieron desde el colectivo integrado por acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales y transportistas.
Días atrás, la organización Argentinos por la Educación -que expuso semanas atrás en el Coloquio de Idea– presentó un informe elaborado junto a Javier Círculo, investigador del Conicet, para exponer el recorte en educación del Presupuesto 2023.
En el informe, que analiza la evolución de recursos y gastos del Ministerio de Educación entre 2013 y 2023, advirtieron que lo previsto para el año que viene es “el presupuesto más bajo de los últimos once años“. Se trata de un presupuesto que, al ministerio, destina 1.362.084,4 millones.
Además, advierten que esa retracción -del -15,5%- se suma al “recorte del 5% proyectado para los fondos vigentes del Ministerio hasta el cierre del 2022”.
Particularmente, el informe señala que los programas mas ajustados serán Información y Evaluación de Calidad Educativa (-50,4%), Gestión y asignación de becas a estudiantes (-35,3%) y Actividades centrales (-34,6%).