Casinos online ilegales y lavado de dinero: 22 allanamientos y 11 imputados
La investigación de la Justicia Federal se inició hace seis meses. Hay cinco personas detenidas, entre ellas un funcionario de la Aduana, y dos prófugas.
Once personas imputadas, de las cuales dos están prófugas y cinco detenidas, entre ellas un funcionario de la Aduana, es el alcance por hasta el momento tiene una investigación que lleva adelante hace seis meses la Justicia Federal de Mar del Plata a partir el funcionamiento de casinos online ilegales y del contrabando de celulares más operaciones de lavado de dinero. Los investigadores detectaron movimientos en “criptoactivos” por el equivalente a más de 7 millones de dólares.
La investigación está a cargo del Juzgado Federal N°3, encabezado por Santiago Inchausti, con intervención de la Fiscalía Federal N°1, liderada por Laura Mazzaferri, y empezó a desarrollarse en septiembre del año pasado a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina en la que se expusieron nombres y domicilios como responsables de actividades vinculadas al contrabando de celulares y a la operación de un casino ilegal, con posible complicidad de funcionarios de la Aduana.
Como parte del avance de esa causa, la semana pasada el juez Inchausti ordenó la realización de 22 allanamientos que fueron llevados a cabo en la ciudad por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en viviendas, comercios y oficinas. En esos operativos se secuestró documentación de interés, dinero, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.
A su vez, en esos allanamientos se concretó la detención de dos de los acusados en tanto que otras tres se ordenaron luego y una de ellas se efectivizó cuando el acusado, un funcionario de la Aduana Mar del Plata, volvió al país después de un viaje al exterior junto con otras dos personas implicadas en la investigación.
Más allá de las cinco personas detenidas, otras cuatro fueron imputadas y citadas a prestar declaración indagatoria mientras que otras dos permanecían prófugas hasta este miércoles.
En detalle, según informaron desde la fiscalía, a todos los imputados se los acusa de haber integrado una asociación ilícita para cometer diversos delitos, como la venta de celulares de alta gama en infracción al Código Aduanero, la operación de juegos de azar online ilegales y la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de esas actividades ilícitas, es decir maniobras de lavado de dinero.
(Foto: fiscales.gob.ar)
En el caso puntual del funcionario de la Aduana (AFIP) se lo acusa de formar parte de la asociación ilícita para facilitar la comisión de las maniobras en infracción al Código Aduanero a través de su función de “Verificador de Aduana” en distintas operaciones realizadas por miembros de la organización.
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De acuerdo a los detalles de la investigación dados a conocer, y con la reserva de otras datos sensibles para el futuro del caso, el juez Inchausti estableció la existencia de una vinculación de los acusados con personas jurídicas o terceros y una distribución de roles parar llevar adelante diversas conductas para lo cual también se habrían creados múltiples sociedades, algunas de ellas sin aparente actividad real, o bien, con un giro distinto del declarado.
En ese marco, a cuatro de los imputados se los señala por haber administrado o gestionado una página web de juegos de azar online ilegal y perfiles de redes sociales que la promocionaban, mientras que a otros se los acusa de haber ejecutado la venta de celulares y otros accesorios que provendrían del contrabando.
Además, a otros integrantes de la organización se los imputa por haber desplegado maniobras para poner circulación las ganancias ilícitas obtenidas de esos negocios ilegales y así justificar el incremento patrimonial a través de múltiples operaciones con “criptoactivos” que representan movimientos por sumas millonarias, al menos desde 2021. Sin ir más lejos, los investigadores detectaron movimientos equivalentes a más de 7 millones de dólares.
Entre esas maniobras, detallaron que se encontraban múltiples depósitos y transferencias recíprocas entre sí para dificultar la trazabilidad y la realización de operaciones por grandes sumas de dinero sin justificación.
