Choferes fantasmas: Inza cumplió la probation y fue sobreseído por la estafa al Estado
La resolución fue tomada a dos años de que el Tribunal Oral Federal decidiera suspender el juicio y evitar una condena para el poderoso empresario
El largo camino del escándalo por los “choferes fantasmas” que se inició en abril de 2016 terminó de cerrarse en los últimos días, ocho años después: Juan Inza, el poderoso empresario que monopoliza el servicio de colectivos en Mar del Plata, fue sobreseído por el Tribunal Oral Federal (TOF) al haber cumplido la “probation” impuesta hace dos años cuando se decidió suspender el juicio en su contra para evitar que fuera condenado y, a cambio, se le impusieron reglas de conducta y una mínima reparación con la construcción de diez garitas, además de la devolución al Estado del dinero cobrado mediante la estafa. La medida también alcanza a otros dos empresarios y a un contador.
Tal como publicó en su momento Qué digital, la causa desatada después de que las firmas que siguen operando en la ciudad inscribieran a choferes falsos -con la utilización de datos personales de desocupados- en busca de cobrar más subsidios nacionales se cerró en favor de los intereses del empresario, es decir sin llegar a una condena, que por ejemplo lo podría dejar afuera de una futura nueva licitación del servicio en Mar del Plata.
Para eso, el fiscal federal general Juan Manuel Pettigiani impulsó un acuerdo en el que desistió de impulsar la realización del juicio oral y, en cambio, propuso la aplicación de una “probation”. Ese acuerdo fue aceptado y formalizado el 13 de abril de 2020 por el juez subrogante del TOF de Mar del Plata Fernando Machado Pelloni.
En esa resolución el juez dispuso, entonces, suspender el juicio a prueba por el término de dos años supeditado al cumplimiento de una serie de reglas de conducta: fijar residencia y tener que presentarse cada cuatro meses ante el Tribunal y abstenerse “de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas”.
Asimismo, Inza y los otros tres imputados se comprometieron a realizar una “reparación del daño”: devolver $21.819.618,67 al Ministerio de Transporte de la Nación a través de descuentos en nuevas partidas de subsidios, abonar una suma de dinero a una de las víctimas denunciantes y construir tan sólo diez garitas de colectivos ubicadas sobre la avenida Jorge Newbery.
Cumplidos los dos años de plazo impuesto, este martes el nuevo juez del TOF Martín Poderti dio por cumplidas las condiciones y finalmente declaró extinguida la acción penal y así sobreseyó a Inza y a los otros tres involucrados: Diego Basílico (por la empresa Peralta Ramos), Carlos Málaga (gerente de la 25 de Mayo) y Federico Pomero (contador).
El juez en la resolución mencionó la existencia de un comprobante respecto a la transferencia hecha a la víctima y otro emitido por el entonces Ministerio de Transporte de la Nación al igual que un certificado de final de obra realizado por la Dirección Nacional de Vialidad por la construcción de las diez garitas para paradas de colectivos ubicadas entre la avenida Jorge Newbery y Mario Bravo hasta la calle 499 y Jorge Newbery.
La víctima que recibió un pago en concepto de “reparación” fue un hombre al que los empresarios le usaron sus datos personales falsamente para darlo de alta en las empresas de colectivos y que producto de ello perdió los beneficios sociales que percibía, entre ellos la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Si bien en un primer momento la querella que lo representaba había adelantado que evaluaba apelar la decisión del TOF de suspender el juicio a prueba, finalmente eso fue descartado ante la soledad total en la que se encontraba su pelea para que los empresarios fueran condenados por el delito cometido.
De haberse avanzado con el juicio, de acuerdo a la acusación que recaída sobre él, Inza podría haber sido condenado a una pena de entre dos a seis años de prisión ya que se lo imputaba por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.
ASÍ FUE LA MILLONARIA ESTAFA AL ESTADO
En la causa conocida como “Choferes fantasmas” quedó acreditado tras más de cinco años de investigación que Inza, Basílico, Pomero y Málaga estafaron a la administración pública nacional, concretamente al Ministerio de Transporte, ya que cada uno, en su rol de dirección, gestión, administración o trabajo en las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, Peralta Ramos y El Libertador intervinieron en la maniobra por medio de la cual se cometió en en 2016 la defraudación por un monto aproximado a $16 millones.
Los investigadores concluyeron que los cuatro acusados desplegaron una maniobra “consistente en inscribir ante distintos organismos públicos –especialmente ante la AFIP- a distintas personas como choferes en relación de dependencia de esas empresas, para las cuales o bien no prestaban funciones o bien no lo hacían de forma registrada y en ese categoría”.
En general, se trataba de personas que habían dejado sus currículum en busca de trabajo en esas empresas y que, en buena parte, se encontraban desocupadas.
Así, a través de las falsas altas del vínculo laboral lo que pretendían los empresarios era hacer incurrir en el error al Ministerio de Transporte para que, “en la falsa creencia de que dichas firmas cumplían con los requisitos para ser destinatarias de las compensaciones complementarias, autorizara y transfiriera a dichas firmas los importes correspondientes a estos subsidios”.
Lo que buscaba, básicamente, era cobrar un nuevo subsidio implementado por primera vez para aquellas empresas de transporte público de zonas turísticas, durante la temporada de verano, que hubiesen incrementado en determinado porcentaje (superior al 20%) la cantidad de choferes para cubrir las necesidades de móviles y frecuencia durante las vacaciones.
Hasta lo que llegó a ser comprobado por la Justicia, a través de las cuatro empresas se inscribieron fraudulentamente a al menos 357 personas como empleados.
Tal como publicó este medio a lo largo de los años, la denuncia en el fuero federal que motivó que la causa llegara hasta esta instancia fue realizada a inicios de 2017 por el Ministerio de Transporte de la Nación a la cual luego se acumuló una investigación previa originada un año antes en la Fiscalía de Delitos Económicos de la Justicia provincial y que llevó adelante el fiscal Fernando Berlingeri por estos mismos sucesos surgidos ante denuncias de personas desempleadas -impulsadas por la Casa del Trabajador– que vieron cómo se les daban de baja las ayudas sociales del Estado.
