A más de cinco años de las primeras denuncias, la causa conocida en Mar del Plata como “choferes fantasmas“ en relación a la maniobra de las empresas que monopolizan el servicio de colectivos de dar de alta como supuestos trabajadores a desocupados para estafar al Estado en unos $16 millones a través del cobro de subsidios entró en la etapa de definiciones finales con una particular novedad: la fiscalía busca abandonar la acusación y para eso firmó un acuerdo con los acusados para la suspensión del juicio a prueba (o probation), que significa que tras cumplir una serie de reglas de conducta y medidas reparatorias, se extinguirá la causa y evitarán ser condenados. Ahora resta que ese acuerdo sea convalidado o rechazado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

A poco más de un año de que tras un pedido de la Fiscalía Federal Nº1 a cargo de Laura Mazzaferri la causa contra el empresario Juan Inza –que prácticamente monopoliza el sistema de colectivos en la ciudad- fuera elevada a juicio al igual que para otros dos empresarios y un contador en el marco del escándalo de los “choferes fantasmas”, la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal, a cargo de Juan Manuel Pettigiani, busca desistir de la realización del juicio y para eso impulsa la aplicación de una “probation”.

La decisión alcanza al apoderado o gerente de casi todas las empresas de colectivos de Mar del Plata (25 de Mayo, 12 de Octubre, Peralta Ramos y El Libertador) Juan Inza Decaux, a Diego Basílico (por la empresa Peralta Ramos), a Carlos Málaga (gerente de la 25 de Mayo) y a Federico Pomero (contador). Cabe recordar que en medio de la tramitación del caso murieron otros dos acusados, entre ellos Juan Inza padre.

A la hora de tomar la decisión de firmar un acuerdo con los empresarios acusados para aplicar la suspensión del juicio a prueba y evitar que recaiga sobre ellos una condena –que en un futuro podría complicar su permanencia a cargo del servicio en Mar del Plata-, el fiscal Pettigiani consideró cuatro elementos principales.

El primero fue que en caso de recaer en un juicio, una condena sobre los acusados “sería de ejecución condicional”, es decir con penas menores sin ir a prisión.

El segundo argumento es que a fines del año pasado el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Alexis Guererra, informó que el perjuicio patrimonial sufrido por el Estado por la maniobra de la empresa “ha sido reparado en tanto que recobró los montos percibidos en exceso“. Esa notificación se incorporó a la causa el 27 de diciembre pasado con firma de la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios del Ministerio Transporte y en el acuerdo firmado –al que accedió Qué digital– Pettigiani remarcó que, en función de ello, “se encuentra acreditado que el perjuicio sufrido ha sido ya reparado”.

El tercer punto tomado en cuenta por el fiscal es que los acusados llegaron a acuerdos económicos de entre $120 mil y $200 mil con algunas de las personas desempleadas, quienes en su momento fueron usadas por los empresarios para inscribirlas como choferes y por ello perdieron distintos beneficios sociales con los que contaban, entre ellos la Asignación Universal por Hijo (AUH). Y así, le ofrecen el pago de $300 mil a uno de los damnificados presentados como querellantes en la causa en caso de homologarse el acuerdo. Pettigiani consideró que el ofrecimiento efectuado “resulta razonable y proporcional al perjuicio causado”.

Como cuarto punto, el fiscal también valoró como positivo que los empresarios ofrecieron a favor del Estado la construcción de diez garitas de colectivos en el plazo de dos años.

De esta manera, lo que el fiscal Pettigiani impulsa es la aplicación de la suspensión del juicio a prueba por el término de dos años respecto a los cuatro acusados como autores del delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública”, que contempla -por cometer “fraude en perjuicio de alguna administración pública”- una expectativa de pena de entre 2 y 6 años de prisión.

El acuerdo implicaría el cumplimiento por parte de los acusados de una serie de pautas de conducta como no cometer nuevos delitos –Inza está imputado en una investigación por encubrimiento en la Justicia provincial- , fijar residencia en Mar del Plata, someterse al control del Patronato de Liberados y presentarse cada cuatro meses y “abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas”, según estipula el acta.

Asimismo, el documento repara en que el acuerdo está supeditado a la conformidad del Ministerio de Transporte de la Nación, parte querellante en el proceso, quien debe dar su postura en una audiencia programada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Según confirmaron fuentes del caso, el encuentro se producirá este viernes a las 9.

En caso de que el Tribunal homologue el acuerdo y se cumplan las condiciones impuestas, una vez cumplidos los dos años de la suspensión del juicio a prueba los cuatro acusados serían sobreseídos de la causa.

CÓMO FUE LA ESTAFA AL ESTADO

Para la fiscalía está acreditado tras más de cinco años de investigación que Inza, Basílico, Pomero y Málaga, estafaron a la administración pública nacional, concretamente al Ministerio de Transporte ya que cada uno, en su rol de dirección, gestión, administración o trabajo en las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, Peralta Ramos y El Libertador intervinieron en la maniobra por medio de la cual se cometió la defraudación en 2016 por un monto aproximado a $16 millones.

Los investigadores concluyeron que los cuatro acusados desplegaron una maniobra “consistente en inscribir ante distintos organismos públicos – especialmente ante la AFIP- a distintas personas como choferes en relación de dependencia de esas empresas, para las cuales o bien no prestaban funciones, o bien no lo hacían de forma registrada y en ese categoría”, según se desprende de la causa.

En general, se trataba de personas que habían dejado sus currículum en busca de trabajo en esas empresas y que, en buena parte, se encontraban desocupadas.

Así, a través de las falsas altas del vínculo laboral lo que pretendían los empresarios era hacer incurrir en error al Ministerio de Transporte para que “en la falsa creencia de que dichas firmas cumplían con los requisitos para ser destinatarias de las compensaciones complementarias, autorizara y transfiriera a dichas firmas los importes correspondientes a estos subsidios”.

Se trataba justamente de un subsidio implementado por primera vez para aquellas empresas de transporte público de zonas turísticas, durante la temporada de verano, que hubiesen incrementado en determinado porcentaje (superior al 20%) la cantidad de choferes para cubrir las necesidades de móviles y frecuencia durante las vacaciones.

De esa forma, provocaron un perjuicio patrimonial millonario a la administración pública de $16.209.680,47. Y más allá de eso también afectaron a muchas personas de las que se utilizaron los datos ya que se trataba de desocupadas y padres de menores de edad, que recibían distintas asignaciones previsionales de la Anses y a quienes, como consecuencia del alta laboral, se les suspendía o quitaba automáticamente el beneficio.

En concreto, a través de las cuatro empresas inscribieron fraudulentamente a 357 personas como empleados.

Tal como publicó este medio a lo largo de los años, la denuncia en el fuero federal que motivó que la causa llegara hasta esta instancia fue realizada a inicios de 2017 por el Ministerio de Transporte de la Nación a la cual luego se acumuló una investigación previa originada un año antes en la Fiscalía de Delitos Económicos de la Justicia provincial y que llevó adelante el fiscal Fernando Berlingeri por estos mismos sucesos surgidos ante denuncias de desempleados -representados por la Casa de Trabajador- que vieron cómo se les daban de baja las ayudas sociales del Estado a partir de figurar como trabajadores en relación de dependencia pese a no estarlo.