Después de que la Suprema Corte bonaerense dispusiera apartar de sus cargos de manera provisoria a dos jueces del fuero laboral de Mar del Plata ante denuncias de “violencia sistemática” ejercida contra trabajadoras de la dependencia uno de ellos pidió licencia para acceder a la jubilación lo que permitiría esquivar el jury para terminar de evaluar las denuncias y su futuro. El gremio del sector, que fue el denunciante, afirmó que aceptarle la renuncia “implica contradecir la perspectiva de género”.
La licencia otorgada de manera compulsiva, y en principio por 90 días, contra los integrantes del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata, Mariano Riva y Alejandro Lerena, se resolvió el pasado 21 de febrero por la Corte después de las denuncias por episodios de violencia laboral y de género impulsadas por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
Es que previamente las denuncias presentadas a mediados del año pasado habían sido investigadas por la Subsecretaría de Control Disciplinario que, al considerar que se trataba de hechos que debían ser sometidos a un jury, remitió las actuaciones a la Procuración General que a su vez formalizó la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia para que se evalúe la posible destitución.
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Conocida la resolución de la Corte, el juez Lerena presentó su renuncia con fines jubilatorios a partir del 1º de marzo, lo cual generó el repudio del gremio y recordó casos similares de jueces que en los últimos años evitaron procesos de jury al interponer sus renuncias en algunos casos también para jubilarse.
“En una reacción frente a esa situación adversa el doctor Lerena presentó su renuncia con fines jubilatorios a la Corte para tratar de eludir así el juicio político buscando tener un salvoconducto”, plantearon desde el gremio y, través de un comunicado, advirtieron: “Aceptarle la renuncia a Lerena implica contradecir la perspectiva de género que la misma Suprema Corte promueve y exige oficialmente a todos los estamentos del Poder Judicial y deja inconclusa la reparación que el juzgamiento político y su destitución tiene para las víctimas”.
En ese marco, reseñaron que las denuncias presentadas contra los jueces del Tribunal de Trabajo N°4 dan cuenta que sus conductas “generaron el cambio de órgano jurisdiccional de una jueza mujer que integraba con ellos el tribunal, la renuncia de otra trabajadora y el cambio de sitio de labor de otras seis personas entre otras tantas y profundas consecuencias”.
Asimismo, consideraron que “facilitarle la posibilidad que los jueces denunciados evadan el juicio político es darle una chance más a la persistencia de la violencia laboral y/o de género dentro del poder que por mandato constitucional debe garantizar la legalidad de los actos de gobierno del Estado y la plena vigencia de derechos humanos, otorgando a los magistrados acusados una última oportunidad de evitar que tengan que dar explicaciones de sus actos y pueda atribuírselas responsabilidad política por su accionar público cerrando el ciclo de la violencia con una solución corporativa, machista y patriarcal”.
En medio de las críticas del gremio, esta semana la Suprema Corte dispuso nombrar a una jueza subrogante para el Tribunal de Trabajo N°4 teniendo en cuenta que se encuentra sin integrantes tras las licencias otorgadas a Riva y Lerena y a que el tercer cargo ya se encontraba vacante. Ese lugar será ocupado Cecilia Beatriz Bartoli, integrante del Tribunal de Trabajo N°2.
Una nueva denuncia en la que se acusa violencia laboral y de género a un juez fue presentada por la AJB ante Suprema Corte de Justicia en este caso contra el vicepresidente de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, Elio Riccitelli.
El gremio, a través de la Secretaría Gremial a cargo de Oscar Yenni, pidió que se ponga en marcha “una amplia y profunda investigación sobre las condiciones de trabajo que el magistrado puso en vigencia en la Cámara que derivó en graves problemas para la salud psicofísica de trabajadoras y trabajadores”.
“La conducta del magistrado, que deberá ser examinada por el organismo disciplinario, incluyó el uso arbitrario de la asignación de tareas, de la carrera judicial, descalificaciones de la tarea profesional o maltrato personal, aplicación de represalias, amenazas de iniciar sumarios y discriminación entre el personal del organismo, entre otras prácticas”, denunció el gremio en un comunicado.