Pidió licencia para jubilarse uno de los jueces apartados por violencia laboral
Desde el gremio de trabajadores judiciales afirmaron que aceptarle la renuncia “implica contradecir la perspectiva de género”.
Después de que la Suprema Corte bonaerense dispusiera apartar de sus cargos de manera provisoria a dos jueces del fuero laboral de Mar del Plata ante denuncias de “violencia sistemática” ejercida contra trabajadoras de la dependencia uno de ellos pidió licencia para acceder a la jubilación lo que permitiría esquivar el jury para terminar de evaluar las denuncias y su futuro. El gremio del sector, que fue el denunciante, afirmó que aceptarle la renuncia “implica contradecir la perspectiva de género”.
La licencia otorgada de manera compulsiva, y en principio por 90 días, contra los integrantes del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata, Mariano Riva y Alejandro Lerena, se resolvió el pasado 21 de febrero por la Corte después de las denuncias por episodios de violencia laboral y de género impulsadas por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
Es que previamente las denuncias presentadas a mediados del año pasado habían sido investigadas por la Subsecretaría de Control Disciplinario que, al considerar que se trataba de hechos que debían ser sometidos a un jury, remitió las actuaciones a la Procuración General que a su vez formalizó la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia para que se evalúe la posible destitución.
Conocida la resolución de la Corte, el juez Lerena presentó su renuncia con fines jubilatorios a partir del 1º de marzo, lo cual generó el repudio del gremio y recordó casos similares de jueces que en los últimos años evitaron procesos de jury al interponer sus renuncias en algunos casos también para jubilarse.
“En una reacción frente a esa situación adversa el doctor Lerena presentó su renuncia con fines jubilatorios a la Corte para tratar de eludir así el juicio político buscando tener un salvoconducto”, plantearon desde el gremio y, través de un comunicado, advirtieron: “Aceptarle la renuncia a Lerena implica contradecir la perspectiva de género que la misma Suprema Corte promueve y exige oficialmente a todos los estamentos del Poder Judicial y deja inconclusa la reparación que el juzgamiento político y su destitución tiene para las víctimas”.
En ese marco, reseñaron que las denuncias presentadas contra los jueces del Tribunal de Trabajo N°4 dan cuenta que sus conductas “generaron el cambio de órgano jurisdiccional de una jueza mujer que integraba con ellos el tribunal, la renuncia de otra trabajadora y el cambio de sitio de labor de otras seis personas entre otras tantas y profundas consecuencias”.
Asimismo, consideraron que “facilitarle la posibilidad que los jueces denunciados evadan el juicio político es darle una chance más a la persistencia de la violencia laboral y/o de género dentro del poder que por mandato constitucional debe garantizar la legalidad de los actos de gobierno del Estado y la plena vigencia de derechos humanos, otorgando a los magistrados acusados una última oportunidad de evitar que tengan que dar explicaciones de sus actos y pueda atribuírselas responsabilidad política por su accionar público cerrando el ciclo de la violencia con una solución corporativa, machista y patriarcal”.
En medio de las críticas del gremio, esta semana la Suprema Corte dispuso nombrar a una jueza subrogante para el Tribunal de Trabajo N°4 teniendo en cuenta que se encuentra sin integrantes tras las licencias otorgadas a Riva y Lerena y a que el tercer cargo ya se encontraba vacante. Ese lugar será ocupado Cecilia Beatriz Bartoli, integrante del Tribunal de Trabajo N°2.
Una nueva denuncia en la que se acusa violencia laboral y de género a un juez fue presentada por la AJB ante Suprema Corte de Justicia en este caso contra el vicepresidente de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, Elio Riccitelli.
El gremio, a través de la Secretaría Gremial a cargo de Oscar Yenni, pidió que se ponga en marcha “una amplia y profunda investigación sobre las condiciones de trabajo que el magistrado puso en vigencia en la Cámara que derivó en graves problemas para la salud psicofísica de trabajadoras y trabajadores”.
“La conducta del magistrado, que deberá ser examinada por el organismo disciplinario, incluyó el uso arbitrario de la asignación de tareas, de la carrera judicial, descalificaciones de la tarea profesional o maltrato personal, aplicación de represalias, amenazas de iniciar sumarios y discriminación entre el personal del organismo, entre otras prácticas”, denunció el gremio en un comunicado.
