Espionaje a víctimas de hundimientos: Casación rechazó la llegada a la Corte
Se trata de los recursos extraordinarios con los que las querellas de los familiares cuestionaron la confirmación del sobreseimiento de Macri y todos los acusados.
La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios con los que las querellas de familiares de víctimas de hundimientos intentaban llegar a la Corte Suprema de Justicia contra la resolución que en noviembre confirmó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y del resto de los acusados por el espionaje ilegal que sufrieron mientras reclaman y protestaban en Mar del Plata ante los siniestros que protagonizaron el submarino ARA San Juan y los pesqueros Rigel y Repunte.
La resolución de la sala II fue tomada este lunes por mayoría, es decir con diferencias entre sus integrantes, tal como ocurrió al momento de la decisión que confirmó el sobresimiento de todos los acusados en la causa que se inició en Mar del Plata, siguió investigándose en Dolores y terminó en la Ciudad de Buenos Aires.
En detalle, los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma coincidieron en declarar inadmisible el recurso extraordinario federal presentado contra esa decisión por la querella representada por Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los submarinistas, por haberlo hecho fuera del plazo legal correspondiente y mostraron diferencias a la hora de hacer lo mismo con el impulsado por la abogada Valeria Carreras.
Es que Yacobucci y Borinsky en ese último caso consideraron que “no lograron caracterizar la arbitrariedad invocada ni la existencia de cuestión federal suficiente que autorice la habilitación de la vía extraordinaria” para llegar a la Corte, mientras que la jueza Ledema opinó exactamente lo contrario al afirmar que la cuestión federal “se encuentra vinculada con la solución del pleito ya que, según sostienen los recurrentes, la decisión cuestionada vulnera los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de reunión, a la protesta y al debido proceso”.
Con los dos recursos extraordinarios rechazados, la única vía posible que les quedará a las querellas será acudir a través de un recurso de queja a la Corte Suprema en busca de que directamente allí se habilite esa instancia para tratar los planteos en contra de la resolución de Casación que en noviembre confirmó los sobreseimientos de todos los acusados por las tareas de espionaje ilegal llevadas a cabo en Mar del Plata al entender que si bien las acciones denunciadas existieron se realizaron con “fines legítimos” vinculados a la “seguridad presidencial”.
La decisión fue dada a conocer a un año y medio de que la Cámara Federal porteña resolviera anular los procesamientos de todos los acusados y disponer su sobreseimiento.
En aquella decisión, los jueces porteños plantearon la inexistencia de delito en la acusación al reconocer las tareas de seguimiento y espionaje realizadas en Mar del Plata pero al afirmar que eran acciones contempladas en términos de “seguridad presidencial e interior”. Y esa misma línea siguió el fallo de Casación, aunque con la particularidad de que el voto de la jueza Ledesma fue absolutamente en disidencia y contrapuesto.
De esa manera, los jueces Yacobucci y Borinsky resolvieron rechazar los recursos interpuestos por las víctimas y confirmar la decisión que en junio de 2022 sobreseyó a Macri, a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; el ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez; al exdirector de Reunión Interior de la AFI, Eduardo Winkler; a dos exjefes de Contrainteligencia y a un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata.
La causa por se inició en septiembre de 2020 cuando la por entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos del organismo que dieron cuenta de maniobras de espionaje desarrolladas contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes de los buques pesqueros Rigel y Repunte.
