Espionaje a víctimas de hundimientos: confirman el sobreseimiento de Macri
La Cámara de Casación, por mayoría, rechazó los recursos que habían presentado las víctimas de las acciones desplegadas en Mar del Plata. La decisión alcanza a todos los acusados.
La Cámara Federal de Casación confirmó este martes por mayoría los sobreseimientos del expresidente Mauricio Macri y del resto de los acusados en la causa por el espionaje realizado en Mar del Plata sobre familiares de víctimas de hundimientos como el submarino ARA San Juan y los pesqueros Repunte y Rigel. Con dos votos contra uno, el tribunal confirmó que las tareas existieron pero entendió que se realizaron con “fines legítimos” vinculados a la “seguridad presidencial”.
La decisión de la sala II de Casación -conformada para este caso tras un extenso ida y vuelta por Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma- fue dada a conocer este martes, a un año y medio de que la Cámara Federal porteña resolviera anular los procesamientos de todos los acusados y disponer su sobreseimiento.
En aquella decisión, los jueces porteños plantearon la inexistencia de delito en la acusación al reconocer las tareas de seguimiento y espionaje realizadas en Mar del Plata pero al afirmar que eran acciones contempladas en términos de “seguridad presidencial e interior”.
Y esa misma línea siguió ahora el fallo de Casación, aunque con la particularidad de que el voto de la jueza Ledesma fue absolutamente en disidencia y contrapuesto.
De esta manera, los jueces Yacobucci y Borinsky resolvieron rechazar los recursos interpuestos por las víctimas y confirmar la decisión que en junio de 2022 sobreseyó a Macri, a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; el ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez; al exdirector de Reunión Interior de la AFI, Eduardo Winkler; a dos exjefes de Contrainteligencia y a un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata.
Para tomar esa medida el juez Yacobucci en su voto manifestó que “el hecho de que desde la agencia se haya realizado durante un cierto y limitado período de tiempo un relevamiento superficial de información respecto de aquellas personas afectadas por la incertidumbre y la carencia de las respuestas que esperaban, no permite seguir de ello que se haya ingresado, de manera ilegítima e inconstitucional, en el ámbito de autodeterminación o reserva”.
Básicamente, Yacobucci y Borinsky entendieron que los informes realizados no implicaron “una extralimitación de las facultades de inteligencia” ya que “la información recogida se desenvolvió en el marco que admiten las expectativas de privacidad e intimidad en las circunstancias en que se desarrollaron”: “De ningún modo se podrían erigir como injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de los sujetos involucrados”, definieron.
También consideraron que para llevar adelante los informes -que remarcaron que se desarrollaron “dentro de los fines legítimos que persigue la agencia”- se constituyeron los “medios adecuados para los objetivos de seguridad perseguidos” y los calificaron como “los más moderados y menos intrusivos dentro de aquellos igualmente eficaces, respetando el contenido esencial de los derechos involucrados que a los familiares de las víctimas les asisten”.
Protestas que realizaban los familiares en la Base Naval (Foto: archivo / Qué digital)
En completa disidencia con sus colegas, mientras tanto, la jueza Ledesma remarcó que “la AFI no posee funciones directas de protección presidencial” ya que se “encuentran en cabeza de la Casa Militar”. Y entendió que “las tareas de inteligencia no estaban habilitadas y resultan, por lo tanto, ilegales”.
“Los argumentos que tienden a legitimar las acciones realizadas carecen de sustento constitucional, convencional y legal. Se observa que las tareas de inteligencia realizadas por fuera del marco legal carecen de los atributos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en la medida en que fueron dirigidas a evitar reclamos y protestas constitucionalmente garantizados. Además, las acciones no fueron vinculadas objetivamente con riesgos a la seguridad interior o la defensa nacional”, expuso Ledesma de manera contraria a los otros dos votos.
E incluso enfatizó en que las acciones desplegadas por los espías de Mar del Plata “importaron una situación de revictimización y de estigmatización para los familiares de las víctimas”: “No sólo se vieron en la situación de reclamar para saber qué había sucedido con sus seres queridos sino que luego fueron perseguidos, espiados y tratados como ‘peligrosos'”.
Por otro lado, y en el final de la extensa resolución, el juez Borinsky -más allá de reafirmar su voto por confirmar los sobreseimientos- pidió que la causa en la que se investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan “avance definitiva y prontamente hacia una respuesta concreta para los familiares de los 44 tripulantes fallecidos que perdieron la vida en el cumplimiento del deber y al servicio de la patria”.
La causa por se inició en septiembre de 2020 cuando la por entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos del organismo que dieron cuenta de maniobras de espionaje desarrolladas contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes de los buques pesqueros Rigel y Repunte.
Los acusados habían sido procesados el 1 de diciembre de 2021 por el titular del Juzgado Federal de Dolores, Martín Bava, pero después ante un pedido de los acusados -entre ellos Macri- la causa pasó a tramitarse en Capital Federal y así fue que la Cámara Federal de esa jurisdicción dejó sin efecto los procesamientos.
En la resolución del juez Bava se habían descripto seguimientos, infiltración en marchas, movilizaciones y otras actividades, registros fotográficos y de los perfiles de redes sociales y confección de fichas personales como algunos de los métodos empleados por la base Mar del Plata de la AFI entre diciembre de 2017 y fines de 2018 para llevar adelante el espionaje contra los familiares de víctimas.
