De tareas “adecuadas” a “ilegales”: qué dijeron los jueces de Casación sobre el espionaje
Un repaso por las posturas contrapuestas de los jueces que confirmaron, por mayoría, el sobreseimiento de Macri y todos los acusados.
La decisión de este martes la Cámara Federal de Casación de confirmar los sobreseimientos del expresidente Mauricio Macri y del resto de los acusados por el espionaje llevado adelante en Mar del Plata contra víctimas de hundimientos dejó definiciones contrapuestas en el mismo fallo entre los tres jueces, aunque prevaleció la postura de dos de ellos que calificaron las tareas de inteligencia desplegadas como “profesionalmente adecuadas” y “no intrusivas en sentido constitucional y legal”. En contrapartida, la jueza disidente consideró que las tareas fueron “ilegales” y que implicaron “revictimización” y “estigmatización” para los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y de los pesqueros Rigel y Repunte.
La decisión de la sala II de Casación -conformada para este caso por Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma- fue dada a conocer este martes, a un año y medio de que la Cámara Federal porteña resolviera anular los procesamientos de todos los acusados que habían sido dictados por el Juzgado Federal de Azul y disponer su sobreseimiento.
El centro de la causa, iniciada en 2020 en Mar del Plata, son seis hechos de espionaje llevados adelante por cinco agentes de la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre diciembre de 2017 y fines de 2018 contra los familiares de víctimas del submarino ARA San Juan pero también de los pesqueros Rigel y Repunte.
Las dos posturas mostradas en el interior de la sala II de Casación presentaron diferencias similares a las que existieron entre el juez que dictó los procesamientos, Martín Bava, y los de la Cámara Federal porteña que los anuló: para unos las tareas realizadas se llevaron a cabo de manera legítima en torno a la “seguridad presidencial” y para otros se trató de acciones ilegales y, por lo tanto, deben ser sancionadas.
El voto predominante de los jueces Yacobucci y Borinsky que derivó en la confirmación de los sobreseimientos respaldó de manera íntegra lo sostenido por la Cámara porteña: “Las acciones de las que se derivarían las responsabilidades comprenden actuaciones que -en términos normativos con interés penal- constituyen lo que en la semántica de la imputación pueden ser evaluadas como profesionalmente adecuadas, estereotipadas o no intrusivas en sentido constitucional y legal”, planteó Yacobucci.
Y consideró que ello fue así porque los datos volcados a los informes “fueron obtenidos en espacios públicos, de perfiles de redes sociales de acceso abierto y de información que se encontraba al alcance del conocimiento general de la población”.
El primer magistrado en exponer su voto dijo que se encuentra “fuera de discusión la potestad gubernamental de asegurar la integridad de la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo de la Nación, como es el presidente de la República, en el marco de los propósitos que legalmente le son asignados” a la AFI y afirmó que en esa tarea “es esperable que surja la necesidad de limitar derechos, pero esto debe realizarse dentro de una perspectiva de proporcionalidad, necesidad y eficacia donde el valor e importancia del fin perseguido muestre razonable la restricción”.
Y, tras ello, entendió que las acciones desplegadas en Mar del Plata contra los familiares de las víctimas tuvieron esas características. “Ninguna de las actividades (…) implicó una extralimitación de las facultades de inteligencia”, definió y sumó que “la información recogida se desenvolvió en el marco que admiten las expectativas de privacidad e intimidad en las circunstancias en que se desarrollaron”. Así, concluyó que “no puede afirmarse la vulneración de ninguna garantía constitucional”.
En ese sentido, en otro tramo de su análisis, Yacobucci entendió que las acciones de inteligencia “no sólo se enmarcaron dentro de los fines legítimos que persigue la agencia, sino que también constituyeron medios adecuados para los objetivos de seguridad perseguidos” e incluso valoró que “resultaron ser los más moderados y menos intrusivos dentro de aquellos igualmente eficaces, respetando el contenido esencial de los derechos involucrados que a los familiares de las víctimas les asisten”.
Asimismo, insistió en que la información fue recabada “en inmediaciones a la Base Naval de Mar del Plata, en fechas en que el Presidente se encontraba en la ciudad, en días próximos a que arribara o cercanos a reuniones que se efectuarían en las que iba a participar y sin datos personales de los involucrados más allá de lo que se puede obtener a través de fuentes de acceso público”.
De manera contraria a esa postura expuesta por Yacobucci -a la que adhirió Borinsky- se expresó la jueza Ledesma al entender que al anular los procesamientos la Cámara porteña “incurrió en una interpretación errónea y extensiva de las normas que rigen en materia de inteligencia”.
Así, remarcó que la seguridad presidencial está a cargo de la “Casa Militar” y que “la AFI sólo puede producir inteligencia para la Casa Militar a modo de coordinación” frente a “un supuesto vinculado con la seguridad interior, la defensa nacional o el orden constitucional”.
En ese sentido, entendió que la AFI “posee facultades para identificar riesgos vinculados con la defensa nacional y el orden constitucional a través de la seguridad presidencial” pero que no se encuentra habilitada “para intervenir en supuestos en los cuales sólo se encuentre en juego la afectación de las actividades cotidianas del presidente a raíz de protestas, reclamos u otras formas legítimas de expresión de la ciudadanía”.
De esa manera, planteó que “frente a la hipótesis de que los imputados estaban produciendo inteligencia nacional para la Casa Militar, entonces debió haberse dado un supuesto en el cual los familiares de las víctimas del Ara San Juan hubieran intentado atentar contra el orden constitucional, extremo sobre el cual no existen elementos de prueba que sustenten dicha hipótesis”.
Por eso sostuvo que “ninguno de estos riesgos consta en el caso ni como información previa ni posterior” por lo que “las tareas de inteligencia no estaban habilitadas y resultan, por lo tanto, ilegales”.
Y, a su vez, consideró que las acciones de espionaje representaron “una situación de revictimización y de estigmatización para los familiares de las víctimas” y concluyó: “No sólo se vieron en la situación de reclamar para saber qué había sucedido con sus seres queridos sino que luego fueron perseguidos, espiados y tratados como ‘peligrosos'”.
LOS HECHOS QUE SE INVESTIGARON
HECHO 1
El día 15 de enero de 2018 a las 19:20 Malvinas Vallejos -hermana del tripulante del ARA San Juan Celso Vallejos- fue seguida y fotografiada junto a otras personas por personal de la AFI mientras se encontraba en la Base Naval de Mar del Plata en el marco de una misa que se llevaba adelante al cumplirse dos meses de la desaparición del submarino. Con ese material fue generado un informe con fotos que se incorporó al registro de los archivos de inteligencia de la AFI.
Por su parte, ese mismo día personal de la AFI informó y fotografió lo que sucedía en el recinto del Concejo Deliberante de Mar del Plata donde se realizó un acto también por el segundo mes de la desaparición del ARA San Juan. El informe elevado dio cuenta de la presencia de familiares y allegados en el lugar y destacó que “reclamaron a las autoridades de la Armada Nacional reforzar la búsqueda de los 44 tripulantes y ser atendidos por el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”.
HECHO 2
El día 3 de febrero de 2018 personal de la AFI efectuó un informe en relación con los familiares del ARA San Juan que reclamaban la búsqueda del submarino y en particular de Marcela Moyano -pareja del tripulante del submarino Hernán Rodríguez-, Itatí Leguizamón -esposa del tripulante Germán Suárez-, Paola Constantini -esposa del tripulante Celso Vallejos-, y Marcela Fernández -esposa de Alberto Cipriano Sánchez-.
Del informe surge que a raíz de seguimientos efectuados se determinaron cuáles eran los reclamos que los familiares presentarían en la reunión a celebrarse en Casa de Gobierno el 6 de febrero de 2018 con el entonces presidente Macri.
HECHO 3
Con anterioridad y en fecha cercana al 10 de febrero de 2018 personal de inteligencia recabó información sobre Yolanda Mendiola- madre del tripulante Leandro Fabián Cisneros-, y confeccionó un informe en el que se señaló que las y los familiares de los tripulantes intentarían entregar una carta en la residencia del Complejo de Chapadmalal al por entonces presidente Macri con motivo de su llegada a la ciudad. E incluso describieron qué pedido le haría la mujer en la carta al expresidente.
HECHO 4
El 2 de abril de 2018 Andrea Mereles -esposa del tripulante Ricardo Gabriel Alfaro- y Malvina Vallejos -hermana del tripulante Celso Vallejos- fueron seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de la AFI de Mar del Plata. Allí se encontraba el presidente Macri jugando golf y buscaban entrevistarse con él y entregarle una carta. En el informe creado los agentes agregaron los link de acceso a los perfiles de Facebook de las dos mujeres al igual que capturas de pantallas en las que se ven fotos y posteos relativos a sus reclamos.
En el informe se incluyeron tres fotos de Mereles sentada sola en la vía pública. Además, los agentes de la AFI ingresaron a su perfil de Facebook y efectuaron una captura de pantalla en las que se ven familiares y una publicación en la que pedía la “inmediata renuncia” del por entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad.
También fue espiada Malvina Vallejos, a quien fotografiaron sola en la vía pública y realizaron captura de pantalla de su perfil de Facebook con publicaciones referidas a su hermano.
HECHO 5
El 15 de noviembre de 2018, cuando se conmemoraba el primer aniversario de la desaparición del ARA San Juan y horas antes de su aparición en la puerta de la Base Naval de Mar del Plata, Angélica Medina -familiar de un tripulante del buque Repunte-, Guillermina Godoy –madre de Nahuel Navarrete Godoy, tripulante del buque Rigel- , Mateo Navarrete -hermano de Nahuel Navarrete Godoy- y Hugo Amadeo –padre de Jonathan Amadeo, tripulante del Rigel-, fueron seguidos y fotografiados y sus actividades fueron informadas ilegalmente por personal de la AFI de Mar del Plata mientras se encontraban manifestando con carteles y banderas en el lugar.
En el informe se adjuntó una foto de captura de pantalla de la cuenta de Facebook de Angélica Medina, una foto de su cara y se informó el link de la red social. El documento relata que la mujer “intentó ingresar junto a uno de los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan al acto en la Base Naval, donde asistirá el presidente de la nación. En ese sentido, personal de seguridad que se encuentra en la Base Naval le prohibió el ingreso a Angélica Medina”.
HECHO 6
Sin hacer mención con nombre propio a ninguna persona en particular en al menos otras diez oportunidades se efectuaron seguimientos, se obtuvieron fotos y se confeccionaron y elevaron informes sobre el colectivo general de familiares y allegados de las víctimas de los tres hundimientos “con el objeto de conocer y hacer saber sus actividades, reclamos y movimientos”.
En ese sentido, se detectaron 22 documentos que reflejan tareas de seguimiento e infiltraciones en distintas marchas y reclamos efectuados por las y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, de los buques pesqueros Rigel y El Repunte.
El primero es del 28 de diciembre de 2017 en el que se observa cómo los agentes de la delegación de Mar del Plata de la AFI realizaron un seguimiento a dos movilizaciones llevadas adelante en la ciudad los días 3 y 12 de diciembre.
